Incumplimiento de la obligacion alimenticia
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Anónimo Jueves 28 de Junio del año 2007 / 11:12


 

Incumplimiento de la obligación alimenticia


RESUMEN. El cumplimiento de la obligación de alimentos es una preocupación no sólo de abogados, jueces o parlamentarios, sino también de quienes se ven afectados directamente. Por ello resulta importante analizar los fundamentos, requisitos, cuantía, apremios y sanciones que genera dicha obligación.

I. INTRODUCCIÓN

La obligación de otorgar alimentos está regulada en nuestra legislación, principalmente, en el CCiv. y en la Ley 14.908.
En el primero, encontramos los elementos sustantivos de este derecho, tales como los titulares, características o el cese de la obligación, entre otros elementos. Mientras que en la Ley 14.908 (modificada entre otras por las leyes 19.741 y 20.152), se establecen los aspectos adjetivos de la materia como la competencia, la carga de la prueba, sanciones, apremios, etc.

II. FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA

La obligación legal de prestar alimentos, según establece el CCiv., es una obligación recíproca (aunque no se sanciona expresamente)1 que recae generalmente sobre los parientes.
En la legislación española se señala como fundamento de este derecho, por Díez-Picazo y Gullón, "Al principio de solidaridad familiar, que obliga a los parientes a atender las necesidades vitales que cualquiera de ellos tenga o no pueda satisfacer por sí"2.
De esta forma se podría definir el derecho de alimentos diciendo que es el que la ley otorga a una persona para demandar de otra, que cuenta con los medios para proporcionárselos, lo que necesite para subsistir acorde con su posición social, que debe cubrir al menos sustento, habitación, vestidos, salud, movilización, enseñanza básica y media y el aprendizaje de una profesión3.

III. REQUISITOS

La ley establece quiénes pueden solicitar alimentos, dichas personas deben acreditar los requisitos en un juicio, salvo que las partes voluntariamente regulen este derecho.
El primer requisito es el título (art. 321 CCiv) que se acreditará con los certificados respectivos que den cuenta del parentesco.
El segundo corresponde a las necesidades del alimentario (algunas de estas necesidades pueden ser cubiertas por el Estado, como por ejemplo, educación y salud).
El tercer elemento son las facultades del alimentante, esto es considerando tanto sus ingresos ordinarios como extraordinarios, y su patrimonio.

IV. CUANTÍA

La forma y cuantía de la prestación la reglará el juez, se trata de satisfacer las necesidades del alimentario, de manera que lo habiliten para subsistir de un modo correspondiente a su posición social4.


Según la doctrina, la posición social está determinada generalmente por la profesión del sujeto demandado, sus bienes, sus condiciones de vida, etc. La finalidad es -tratándose de alimentos que se den a los hijos- que la separación de los padres no implique un cambio en su estatus de vida. En el caso de hijos que nunca han vivido con el sujeto que les debe otorgar alimentos, se tratará que aquéllos obtengan la mejor posición social, que les permita un mayor desarrollo espiritual y material5.


La prueba al respecto debe ser apreciada por el juez conforme a las reglas de la sana crítica6, según lo establece el art. 32 de la Ley 19.968, sobre Tribunales de Familia.
La cuantía nunca podrá exceder el 50 por ciento de las rentas del alimentante, según lo prescrito en el art. 7 de la Ley 14.908.

V. MODIFICACIONES DE LA LEY 20.1527

La Ley 20.152, de 09 de enero de 2007, modifica la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Sus principales innovaciones dicen relación con el ordenamiento de la competencia, los alimentos provisorios, la carga de la prueba, los apremios y sanciones.


En general, el tribunal competente para conocer de los juicios de alimentos es el juez de familia del domicilio del alimentante o del alimentario, a elección de este último. De los aumentos va a conocer el juez que decretó la pensión o el del domicilio del alimentario, a elección de éste. Respecto a la rebaja o cese, el tribunal del domicilio del alimentario.
Se faculta a la madre menor de edad para interponer a favor de su hijo directamente la demanda, no como ocurría antes, que debía presentarla su representante legal.


Se establece la obligación del alimentante de informar cualquier cambio en su domicilio, empleador o lugar donde ejerce sus labores, bajo sanción de multa a beneficio fiscal, para lo cual el juez deberá apercibir al demandado en la resolución que provea la demanda o en cualquier instancia del juicio, de oficio o solicitud de parte.


Respecto a los alimentos provisorios, modifica las disposiciones existentes obligando al juez a pronunciarse sobre ellos junto con admitir a tramitación la demanda, con el solo mérito de los documentos y antecedentes presentados. Se reduce el plazo para que el demandado se oponga tan sólo a cinco días (entendemos que se trata de días corridos); pasado el cual, el juez resolverá de plano o si estima necesario citará a las partes a una audiencia, dentro de los diez días siguientes. En caso de no haber oposición y transcurrido el plazo la resolución causará ejecutoria. Por último, si un juez no fija los alimentos en la resolución que admite a tramitación la demanda, incurrirá en falta o abuso de acuerdo a lo dispuesto en el art. 536 del COT.


La reforma recién señalada y la que invierte la carga de la prueba respecto a las facultades del alimentante, del art. 5 de la Ley 14.908, parecen ser las más trascendentes.


Esta ley establece la obligación del juez de ordenar al demandado que acompañe en la audiencia preparatoria los antecedentes necesarios para poder determinar su patrimonio y capacidad económica, mediante la presentación de: liquidaciones de sueldo, boletas de honorarios, declaración de impuesto a la renta del año precedente, etc. Si el demandado no dispone de esos documentos, como en el caso de personas que trabajan en forma independiente, deberán extender una declaración jurada donde conste su patrimonio y capacidad económica. Dicha declaración que la ley llama de patrimonio (aunque debiera ser de ingresos y patrimonio), se puede extender ante notario o en la propia audiencia preparatoria, para lo cual el juez debe citar al demandado para que concurra a la audiencia preparatoria personalmente o representado, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones del art. 543 del CPC, es decir, multa o arresto.


Prescribe sanciones para quienes oculten sus fuentes de ingresos (con pena de prisión en cualquiera de sus grados); al demandado que no acompañe los documentos requeridos o no formule la declaración, o al tercero que proporcione maliciosamente documentos falsos o inexactos (serán sancionados con las penas del art. 207 CP, es decir, presidio menor en su grado mínimo a medio y multa); por último, si en la declaración de patrimonio se incluyen datos inexactos o se omite información relevante (será sancionado con las penas del art. 121 del C P, es decir, prisión en cualquiera de sus grados o multa).


También establece la posibilidad de ejercer la acción revocatoria del art. 2468 del CCiv. respecto de actos celebrados por el alimentante con terceros de mala fe (cuando conozca o deba conocer la intención fraudulenta del alimentante), con la finalidad de reducir su patrimonio en perjuicio del alimentario, así como los actos simulados o aparentes ejecutados con el mismo propósito. Se tramitará como incidente ante el juez de familia, y será apelable en el solo efecto devolutivo. Esta acción por regla general es de lato conocimiento, y deben tomarse los resguardos necesarios para proteger a terceros de buena fe que contraten con el alimentante.


Se modifica la disposición del art. 18 de la Ley 14.908, que regulaba la responsabilidad solidaria del que viviere en concubinato con el padre, madre o cónyuge alimentante. Estableciendo que serán solidariamente responsables del pago de la obligación alimenticia los que, sin derecho para ello, dificultaren o imposibilitaren el fiel y oportuno cumplimiento de dicha obligación. Con lo cual igualmente se puede ser solidariamente responsable al concubino(a), pero siempre que contribuya de alguna forma al incumplimiento, y no sólo por convivir con el alimentante.


Será sancionado con reclusión nocturna, hasta por quince días, el tercero que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado para efectos de impedir su notificación o el cumplimiento de alguna de las medidas de apremio. Al respecto, la Excelentísima Corte Suprema al informar sobre el proyecto de reforma, con fecha 22 de noviembre de 2006, señala que interesa recordar lo dispuesto en el art. 19 N° 7, letra f, de la CPR, que impide obligar al inculpado en las causas criminales a declarar bajo juramento sobre hecho propio y a su cónyuge y parientes, a deponer contra aquél. Además confunde la pena de reclusión establecida en el CP para los crímenes y simples delitos, con un beneficio alternativo a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad destinadas precisamente a suspender el efectivo cumplimiento de aquéllas como lo es la "reclusión nocturna". Tampoco queda claro si se trata de una figura delictiva especial o simplemente una medida de apremio, ya que si se trata de un delito, se entrega al juez de familia en un procedimiento distinto del establecido en el NCPP8.

VI. APREMIOS Y SANCIONES

Además de los apremios de arresto nocturno, arresto, arraigo, embargo y de las sanciones ya señaladas, existiendo una o más pensiones insolutas, el juez adoptará, a petición de parte:

  1. La retención de la devolución anual de impuestos las pensiones adeudadas, para lo cual el juez ordenará, en marzo de cada año, a la Tesorería General de la República que retenga los montos insolutos. Medida que parece interesante y que sin duda será un aporte, aunque creemos que no es aplicable a la mayoría de los casos.
  2. La suspensión de la licencia para conducir, hasta por seis meses, prorrogables por igual período, contados desde que ponga a disposición del administrador del tribunal la respectiva licencia. Si es necesaria para el ejercicio de un empleo se puede interrumpir este apremio, siempre que pague y se obligue a solucionar la cantidad que fije el juez. Tal como en el caso anterior, creemos que en la práctica no será muy efectiva, considerando las dificultades para lograr otras medidas como el arresto, donde interviene la fuerza pública, y dado el colapso de los tribunales de familia.

Por último, con respecto al proyecto Boletín 2600-18 que establecía la comunicación al Boletín Comercial de los incumplimientos graves de deudas alimenticias, cuya iniciativa compartimos en los argumentos de fondo, y la experiencia del derecho comparado, que han intentado reforzar la efectividad de la obligación alimenticia recurriendo a procedimientos propios del Derecho Penal, se han revelado como excesivas y fútiles. Mal que mal, la pensión alimenticia es una deuda y la consideración de su no pago como un delito penal parece poco coherente con el principio personalista que inspira la responsabilidad civil. En el fondo, afirman, se distorsiona esta responsabilidad por no pago por deudas y se utiliza indebidamente el derecho penal para fines que a una sociedad democrática9 no corresponde asumir .


Considerando lo anterior, compartimos la idea de establecer un registro de deudores alimentarios, como se regula por ejemplo en la Ley N° 269 de la ciudad de Buenos Aires, archivo que a nuestro juicio debería estar a cargo del Registro Civil (similar al registro especial de violencia intrafamiliar), donde se consignen, a petición de parte o de oficio, los incumplimientos graves de las obligaciones alimenticias, es decir, tres cuotas consecutivas, o cinco alternadas en un período de doce meses, ya sea de alimentos provisorios o definitivos. Fijando como forma de salir de dicho registro el pago de las pensiones adeudadas, lo que una vez certificado por el tribunal permitirá ordenar la eliminación de dicha anotación. Todo ello, además de la posibilidad de regular las otras consecuencias que en la citada ley se prescriben10.

VII. CONCLUSIONES

  • El fundamento de la obligación alimenticia es sin duda el derecho a la vida, más allá de las consideraciones éticas, y es lo que permite aplicar los apremios y sanciones señalados.
  • Los requisitos de título, necesidad del alimentario y facultades del alimentante, son indispensables y deben acreditarse en juicio, siendo la única garantía, tanto para el alimentario como para el alimentante, logrando equilibrar las garantías constitucionales del derecho a la vida con la del debido proceso.
  • Al establecer la cuantía, el juez de familia debe atender las necesidades del alimentario para que subsista modestamente, excluyéndose la posibilidad de provecho o ventajas, tanto para el alimentario como para terceros.
  • De las modificaciones establecidas en la ley 20.152, creemos trascendentes la inversión de la carga de la prueba y la obligación de exhibir sus liquidaciones u otros documentos, que estando en poder del alimentante resultaba casi imposible acreditar al alimentario. Y la obligación de los jueces de fijar los alimentos provisorios al proveer la demanda, con lo que se agiliza la fijación de la prestación.
  • Con respecto a los apremios, tanto los existentes como los nuevos, si bien son una buena alternativa, en la mayoría de los casos no se concretan, con lo que persiste la sensación de injusticia.
  • En este sentido, proponemos establecer un Registro de Deudores Alimentarios, en la forma indicada.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

  • ABELIUK, René (2001): La filiación y sus efectos (Santiago, Editorial Jurídica)
  • DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio (2006): Sistema de derecho civil, Volumen IV (Madrid, Editorial Tecnos)
  • PEÑA, Carlos (2002): Nueva regulación del derecho de alimentos (Santiago, Editorial Andros Ltda.)
  • RAMOS, René (2005): Derecho de Familia (Santiago, Editorial Jurídica)
  • HISTORIA DE LA LEY 20.152, disponible en www.bcn.cl

NORMAS CITADAS

  • CÓDIGO CIVIL CHILENO, Editorial Jurídica de Chile, edición 2005. 
  • CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL, Editorial Civitas, Vigésima octava edición, actualizada a septiembre de 2005.
  • CÓDIGO CIVIL ARGENTINO, Editorial LexisNexis, edición 2006.
  • LEY N° 14.908, modificada por la ley 20.152, Diario Oficial de 09 de enero de 2007, Texto refundido, coordinado y sistematizado.
  • LEY N° 269, DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS, REGISTRO, CREACIÓN Y FUNCIONES. Ciudad de Buenos Aires, 05 de enero de 2000.

NOTAS:

  1. Como se sancionan por ejemplo en el Código Civil español en el art. 143 "Están obligados recíprocamente a darse alimentos?", y en el Código Civil argentino art. 367 "?La obligación alimentaria entre los parientes es recíproca".
  2. DÍEZ-PICAZO y GULLÓN (2006) p.47.
  3. RAMOS PAZOS, René (2005) p.519.
  4. ABELIUK, René (2001) p. 401.
  5. PEÑA, Carlos (2002) pp. 50 y 51.
  6. Sobre la sana crítica ver LEPIN, Cristián (enero 2007), en Gaceta Jurídica N° 319, pp. 7 a 13.
  7. Que nace de la tramitación de los proyectos: Boletín 2600-18 Establece la comunicación de los incumplimientos graves de deudas alimenticias; Boletín 3093-18 Establece pena por incumplimiento malicioso en el pago de pensiones alimenticias; y, Boletín 3619-18 Otorga competencia a juez que indica para conocer sobre aumento, disminución o cese de pensión alimenticia de menores. Los que se refunden y se tramitan en forma conjunta.
  8. INFORME CORTE SUPREMA, de noviembre de 2006.
  9. HISTORIA DE LA LEY 20.152, pp. 21 y 22.
  10. LEY N° 269, DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS, REGISTRO, CREACIÓN Y FUNCIONES. Ciudad de Buenos Aires, 05 de enero de 2000.


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 1..4 de 4 Opiniones

  1. Luis » lahumadamlive.com2:50 Horas, 31/12/2012


    Siempre se habla de padres irresponsables……...y que pasa con los pobres viejos divorciados que por miedo viven una miseria pagando pensiones alimenticias a madres con hijos mayores. Nuestra sociedad está saturada de mujeres delincuentes que viven a expensas de su ex cónyuge que si bien es cierto en su momento fueron sentenciados a pagar alimentos. La ley no se preocupa cuando pararlos o regular su cese y hay casos verdaderamente dramáticos sobre todo en nuestras fuerzas armadas en que las ex cónyuges viven su vida cobrando los alimentos de ella y de los hijos ya casados y con hijos.

  2. MIlton Jauregui » miltonjauregui98hotmail13:51 Horas, 18/7/2012


    Pra nadie es raro que en estos eventos de demandas alimentarias los mas perjudicados son los infantes ya que son ello los que en realidad necesitan del cuidado y el amor de sus identidades paternas, pero en algunos juzgados recalcitrantes solo toman las verciones d elas identidades maternas y no traciende a un fondo real que es lo que en verdad mostraria por que la identidad paterna no da sus alimentos.........y no toman la clara esplicacion de la Honorable corte que los alimentos tambien son el amor y el compartir con sus hijos. En fin cuando la justicia la someten a justificar los actos malintencionados de las madres en contra de los padres y los jueces juegan con ellos eso se llama injusta justicia.........Y AS CUANDO SON FUNCIONARIOS DE LOS ENTES DE CONTROL

  3. claudio » claudiomugagmail.com8:03 Horas, 18/8/2010


    Muy interesante el tema, se ve que cada vez mas se cirerran las posibilidades de escapar a un padre irresponsable, pero mi pregunta va para el otro lado: Que ocurre con aquella madre que obstaculiza e impide que un padre mantenga una buena relacion con sus hijos? es que en ese sentido la ley no se pronuncia? se puede decir que es imparcial? por que a los hombres se les persigue cuando no cumplen y a las madres no?

  4. byron sequeira » byron_bonitohotmail.com16:01 Horas, 8/4/2008


    esta muy interesante la informacion es muy util y bueno en mi caso la utilizare para hacer ciertas comparaciones con la legislacion de donde fue tomada.


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