CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - CLÁUSULA PENAL
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CivilJurisprudenciaChileRegión de ValparaísoViña del Mar
kathy Miércoles 14 de Septiembre del año 2011 / 7:41

Partes: Guard Service S.A. c/ Productos Torre S.A. s/ Incumplimiento contractual - Recurso de casación en el fondo
 
Tribunal: Corte Suprema
 
Sala: Primera
 
Fecha: 1-ago-2011

Del tenor del contrato suscrito por las partes, se concluye que el ámbito de aplicación de la vigilancia contratada, es el de las instalaciones de la empresa contratante, no abarcando la propiedad de los empleados o trabajadores que en ella funcionan. En consecuencia las infracciones con las que la demandada fundamenta el término anticipado del contrato no corresponden a la vulneración de la obligación de la prestadora del servicio.
 

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de alzada, que confirmó la de primera instancia, en el sentido de acoger la demanda de incumplimiento contractual y condenar al pago de la cláusula penal establecida en el contrato, puesto que en tal decisión no se ha incurrido en errores de derecho que influyan de manera sustancial en lo dispositivo del fallo.

2.- No yerran los sentenciadores al determinar que conforme al contrato de marras, la demandante se comprometió a prestar al cliente - la demandada - los servicios en el área de seguridad integral, proporcionando guardias y sistemas electrónicos de apoyo para cubrir la instalación que señala, definiéndose la seguridad integral en el mismo contrato.

Fallo

Santiago, 1 de agosto de 2011.

VISTO:

En estos autos Rol N° 22-2008 del Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar, sobre juicio ordinario de cumplimiento de contrato, Paulina Ewing Sierralta, en representación de Guard Service Seguridad S.A., dedujo demanda contra Productos Torre S.A., representada por don Guillermo Correa Undurraga.

La actora basó su acción expresando que, mediante contrato suscrito con fecha 1 de julio de 2001, la empresa Guard Service Seguridad S.A. se obligó a prestar servicios de seguridad para la demandada, a través de guardias de seguridad y tecnología en las instalaciones de la contraria. Agregó que los servicios se prestaron en forma continua y conforme al contrato hasta el 31 de mayo de 2007, día en que la demandada, de manera unilateral, les puso término por desahucio, sin observancia de las cláusulas pactadas al efecto.

Explicó que dicho contrato fue modificado con fecha 6 de junio de 2002, sólo en cuanto a su duración, quedando estipulado como un contrato de prestación de servicio integral de seguridad y aseo a contar del 1 de julio de 2002, por treinta y seis meses, renovables automáticamente, por lo que sólo podía terminar el 1de julio de 2008.

Afirma que las razones invocadas por la demandada para poner término anticipado al contrato, no son verdaderas, lo que su parte representó, añadiendo que, aún en caso de ser realidad, se hacía exigible la cláusula en la que se acordó que "si el cliente solicita el término del contrato anticipado a Guard Service Ltda. (sic), Productos Torre S.A. deberá reembolsar la inversión en tecnología equivalente al valor de tres meses establecido como monto mensual del servicio integral, más IVA de este contrato".

Sin embargó -continuó exponiendo la demandante -, la demandada se negó rotundamente a cumplir ese pacto, y sólo permitió el ingreso de personal autorizado para retirar los equipos de propiedad de su parte en sus instalaciones.

En razón de lo expuesto, solicitó el cumplimiento de la tercera cláusula del contrato sub lite, esto es, que se ordene a la demandada pagar a su parte la suma equivalente a tres meses del monto mensual del servicio integral, que corresponde a la suma de $11.084.472 más IVA, lo que arroja el total de $13.190.523 o las sumas que el tribunal estime procedentes, más intereses, reajustes y costas.

La demandada, contestando, solicitó el rechazo de la demanda dirigida en su contra. Aunque reconoció haber celebrado contrato de prestación de servicios de seguridad y aseo en su favor por parte de la actora, alegó el incumplimiento contractual de esta última.

Señaló que durante los dos primeros años del contrato, la demandante prestó sus servicios con mediana diligencia, circunstancia que cambió drásticamente en el año 2007, pues los servicios se prestaron en forma deficiente y faltos de profesionalismo, registrándose diversos incidentes de responsabilidad de la contra parte, los cuales describe y afirmó que tales situaciones se conversaron con la demandante, pero continuaron acumulándose e incluso, concertada una reunión para tratar esos incumplimientos, el representante de la contraria no asistió. Atendido que la actora no tenía intención de mejorar su deficiente servicio, su parte se vio obligada a poner término al contrato, para lo cual remitió carta certificada con fecha 13 de abril de 2007.

Igualmente, opuso la excepción prevista en el artículo 1552 del Código Civil, fundada en el incumplimiento reiterado del contrato por la demandante, circunstancia que la priva de legitimidad respecto al pago que solicita en autos, el que, por lo demás, era exigible sólo en el evento de renuncia al plazo efectuada por la demandada.

Por sentencia de cuatro de septiembre de dos mil nueve, escrita a fojas 162, dictada por la señora Juez titular del tribunal aludido en el primer párrafo, se acogió la demanda principal, condenándose a la demandada a pagar al actor la suma impetrada, más reajustes desde la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada y hasta el pago efectivo, en cumplimiento de la cláusula penal prevista por el término anticipado del contrato existente.

Apelado ese fallo por la demandada, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en sentencia de once de diciembre de dos mil nueve, escrita a fojas 190, lo confirmó, sin modificaciones.

En contra de esta última decisión, la parte demandada ha deducido recurso de casación en el fondo, el cual, en su oportunidad, fue declarado admisible.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la nulidad sustancial que se postula se sustenta en la vulneración que, en concepto de quien recurre, se ha producido en la sentencia impugnada de lo dispuesto en normas sobre apreciación probatoria, en especial, el artículo 384 número 2 del Código de Procedimiento.

La recurrente expone que los sentenciadores han incurrido en error preceptivo al haber apreciado la prueba rendida en autos de acuerdo a su libre convicción, en circunstancias que lo que correspondía era la apreciación probatoria conforme al sistema de la prueba legal o tasada.

Según los jueces del mérito - prosigue quien recurre - las declaraciones testimoniales rendidas en autos son imprecisas, afirmación de los sentenciadores que, en su concepto, no tiene fundamento alguno, desde que la declaración de los dos testigos se enmarca dentro de la hipótesis prevista en precepto antes citado, produciendo plena prueba.

Expresa que los testigos fueron legalmente examinados, sin tacha y transcribe varios pasajes de sus dichos, de acuerdo con los cuales, a juicio de la recurrente, quedaban comprobados los incumplimientos contractuales de la demandante.

Por último, señala que la escasa prueba instrumental rendida por la actora, no sirve para desvirtuar, de manera tan concluyente, las alegaciones acreditadas.

Enfatiza que su parte produjo prueba suficiente para acreditar los hechos alegados en la contestación de la demanda, de acuerdo a lo preceptuado, en especial, en el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil y no en razón de las apreciaciones personales del juez, apartándose de las reglas de valoración probatoria dispuestas en la ley.

Sostiene que, de haberse aplicado el artículo 384 en referencia, como correspondía, se hubiese aceptado las pretensiones de la demanda en relación con lo dispuesto en el artículo 1552 del Código Civil y, por ello, la demanda debió ser rechazada en todas sus partes, con costas; SEGUNDO: Que, para una mejor inteligencia del recurso interpuesto y discernir acerca de la existencia de la infracción a lo previsto en los preceptos mencionados, es fundamental recordar que los sentenciadores tuvieron asentados, como hechos de la causa, los siguientes:

a) que la demandada puso término unilateralmente al contrato de prestación de servicios acordado con la demandante;

b) que cada trabajador mantenía su casillero con candado y una única llave en su poder, por lo que la sustracción de enseres en su interior era consecuencia de su propia falta de cuidado;

c) que existían dos clases de baños: unos en los casilleros y otros en las instalaciones, separados por áreas, manteniéndose cerrados con llave aquéllos del sector de los casilleros, por lo que el mayor uso correspondía a los primeros, cuyo aseo correspondía a los propios trabajadores;

d) que el sujeto sorprendido robando en el recinto, fue detenido por un guardia, pero su fugó mientras esperaba en la garita la llegada de Carabineros;

e) que los guardias sólo tenían facultad para retener a dicho individuo, empleando las medidas de seguridad que no pusieran en riesgo su propia seguridad, pero sin poder allanarlo en busca de armas, si las tuviere, ni amenazarlo o maniatarlo, por lo que es lógico concluir que la fuga escapó a su responsabilidad;

f) que, al sorprender a un empleado (de la demandada) en estado de ebriedad, el guardia cumple con su obligación dándolo a conocer al jefe a cargo;

TERCERO: Que, con el sustrato fáctico recién descrito y, con respecto a las circunstancias del siniestro, el fallo objeto del recurso determina que, conforme al contrato de marras, la demandante se comprometió a prestar al cliente - la demandada - los servicios en el área de seguridad integral, proporcionando guardias y sistemas electrónicos de apoyo para cubrir la instalación que señala, definiéndose la seguridad integral en su cláusula segunda, como el "ejercer vigilancia de carácter general sobre los locales y bienes del cliente, proteger las personas que laboren o circulen en el establecimiento y las propiedades del cliente".

Con lo anterior, los jueces del grado concluyen que el ámbito de aplicación de la vigilancia contratada es el de las instalaciones de la empresa contratante, sus bienes y enseres, pero no abarca la propiedad de los empleados o trabajadores que en ella funcionan, sino únicamente la protección de ellas.

En consecuencia, concluyen que las infracciones con las que la demandada fundamenta el término anticipado del contrato no corresponden a la vulneración de la obligación de la prestadora del servicio y, existiendo una cláusula penal pactada para ese evento, el que ha tenido lugar, corresponde a la demandada pagar la suma impetrada;

CUARTO: Que, de lo antedicho, se desprende que el yerro preceptivo que sirve a la recurrente para construir su postulado de nulidad sustantiva, persigue desvirtuar - mediante la lectura que efectúa y la mayor relevancia relativa que asigna al mérito probatorio que hace de la testifical rendida en autos - los supuestos fácticos fundamentales asentados por los jueces del fondo, esto es, que la demandante incurrió en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, en virtud de los diversos episodios que sustentan la excepción de contrato no cumplido, opuesta por su parte al contestar la demanda, pero que los sentenciadores no tuvieron por justificada;

QUINTO: Que, en este punto, resulta pertinente recordar que únicamente los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos de la causa y que, efectuada correctamente dicha labor, al determinar éstos con sujeción al mérito de los antecedentes, probanzas aportadas por las partes, interpretación y aplicación de las normas atinentes al caso de que se trate, ellos resultan inamovibles para este Tribunal de Casación, conforme a lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, salvo que en acto de pronunciar la sentencia y arribar a la decisión del asunto controvertido, hayan transgredido los mandatos de alguna de las leyes que rigen la prueba.

Las normas regulatorias de la prueba, como ya ha asentado esta Corte reiteradas veces, se entienden vulneradas, fundamentalmente, cuando los sentenciadores invierten el onus probandi, rechazan las pruebas que la ley admite, aceptan las que la ley rechaza, desconocen el valor probatorio de las que se produjeron en el proceso cuando la ley les asigna uno determinado de carácter obligatorio o alteran el orden de precedencia que la ley les diere.

Se ha repetido que ellas constituyen normas básicas de juzgamiento, que contienen deberes, limitaciones o prohibiciones a que deben sujetarse los sentenciadores. Es por ello que, en tanto los jueces del mérito se mantengan dentro del marco establecido por las normas pertinentes, no son susceptibles de ser revisadas por la vía de la casación las decisiones que adopten basadas en disposiciones que les entregan libremente la justipreciación de los diversos elementos probatorios;

SEXTO: Que, ahora bien, respecto a la imputación de una errada ponderación de la prueba testimonial rendida en autos, cabe consignar que la disposición que se dice infringida en el libelo de casación, vale decir, el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, no reviste la naturaleza de ser reguladora de la prueba, afirmación que deriva de una interpretación que emana de la historia fidedigna del establecimiento del precepto, conforme lo consignado en la segunda parte del artículo 19 del Código Civil.

En efecto, la Comisión Revisora del Proyecto de Código de Procedimiento Civil consideró las reglas de la citada disposición legal como principios generales para los jueces, circunstancia que precisaría luego la Comisión Mixta y al efecto puede citarse que el senador señor Ballesteros expuso que "debería dejarse amplia libertad al tribunal para apreciar el mérito probatorio de las declaraciones de testigos, como quiera que en realidad constituyen sólo una presunción, en el sentido lato de la palabra. El señor Vergara recuerda que así lo ha sostenido en otras ocasiones en que se ha tratado de cuestiones relacionadas con la apreciación de la prueba. De tal manera que, a su juicio, el tribunal debiera estar facultado para desestimar, no sólo el dicho de dos, sino de cualquier número de testigos, cuando en su concepto no fueren dignos de fe sus testimonios. La Comisión aceptó las ideas de los señores Ballesteros y Vergara y para consignarlas en el proyecto se acordó reemplazar las palabras "hará" que emplea el número 2° por la frase ‘podrá constituir’". (Los Códigos Chilenos Anotados. Código de Procedimiento Civil - Conforme a la Edición Reformada de 1918 - Orígenes, Concordancias, Jurisprudencia, Santiago Lazo, Poblete-Cruzat Hermanos Editores, 1918, páginas 338 a 342).

SÉPTIMO: Que, por consiguiente, no queda sino entender que los jueces del fondo son soberanos para apreciar la prueba testimonial - entendida como el análisis que efectúan de ellas los sentenciadores del grado para determinar cada uno de los elementos que consagra el legislador para regular su fuerza probatoria -, labor que se encuentra entregada a dichos magistrados y escapa al control del Tribunal de Casación.

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo reflexionado precedentemente y sólo a mayor abundamiento -dado que la recurrente no lo invoca derechamente como precepto conculcado -, cabe señalar que no se vislumbra error de derecho atinente a lo prevenido en el artículo 1552 del Código Civil. Esto, pues se trata de la norma que prevé la denominada excepción de contrato no cumplido o exceptio non adimpleti contractus, de conformidad con la cual, el deudor en un contrato bilateral se encuentra autorizado para negarse a cumplir su obligación, mientras la otra parte no cumpla o se allane a cumplir la suya.

Sobre esta figura sustantiva se ha dicho: "es indudable el fundamento de equidad de la institución, pues no es justo que una de las partes se vea obligada a cumplir su obligación, y a perseguir por otro juicio el cumplimiento de la suya "la excepción de contrato no cumplido" entronca en un principio de carácter más general en el Derecho: no puede exigirse lo que no se está dispuesto a dar. La buena fe debe presidir el Derecho, y evidentemente no la tiene el acreedor en esa circunstancia". (René Abeliuk M. "Las Obligaciones", T. II, Ed. Jurídica de Chile, pág. 841).

En el caso sub lite, habiendo quedado asentado el incumplimiento contractual de la demandada, al dar aviso de término anticipado del contrato de prestación de servicios celebrado con la contraria, dando vigor con ello a la cláusula penal estipulada por ambas y, sin que, a su turno, se comprobara la inobservancia de la actora a sus obligaciones contractualmente asumidas, sólo resta concluir que, tal como viene decidido en el fallo cuestionado, no es aplicable en la especie el instituto normado en el citado artículo 1552 del Código de Bello, de modo que no ha mediado error de derecho a su respecto; NOVENO: Que, consecuentemente, el presente recurso de casación en el fondo necesariamente debe ser desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 765 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza, sin costas, el recurso de casación en el fondo interpuesto en la petición principal contenida en la presentación de fojas 193, por don Matías Zegers Ruiz-Tagle, en representación de la demandada Productos Torre S.A., en contra de la sentencia de once de diciembre de dos mil nueve, escrita a fojas 190.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del ministro señor Oyarzún.

Nº 2470-10.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sres. Adalis Oyarzún M., Sergio Muñoz G., Juan Araya E., y Abogados Integrantes Sra. Maricruz Gómez de la Torre V. y Sr. Domingo Hernández E.

No firman el Ministro Sr. Araya y la Abogada Integrante Sra. Gómez de la Torre, no obstante haber concurrido ambos a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar con licencia médica el primero y ausente la segunda.

Autorizado por la Ministra de fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a uno de agosto de dos mil once, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.


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