JUICIO EJECUTIVO - DESPOSEIMIENTO - PAGARÉ jurisprudencia
jurisprudencia Juicio ejecutivo - desposeimiento - Recurso de casación en el fondo
CivilJurisprudenciaChileRegión Metropolitana
kathy Martes 6 de Septiembre del año 2011 / 16:16

Partes: Scotiabank Sudamericano S.A. c/ Sandoval Espinosa, Andrés s/ Juicio ejecutivo - desposeimiento - Recurso de casación en el fondo
 
Tribunal: Corte Suprema
 
Sala: Primera
 
Fecha: 29-jul-2011
 

Corresponde acoger la excepción de prescripción interpuesta por los demandados en contra de la demanda de desposeimiento llevada en su contra puesto que ha transcurrido el plazo de tres años previstos en la ley, siendo procedente declarar la prescripción de la acción ejecutiva.
 

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por el ejecutante en contra de la sentencia de alzada, que confirma la de primera instancia, en el sentido de acoger la excepción de prescripción en contra de la demanda de desposeimiento, por cuanto en tal decisión, no se ha incurrido en errores de derecho que hayan influido en lo dispositivo del fallo, habiendo aplicado -los jueces del fondos- de manera correcta las normas que rigen la prescripción y su interrupción.

2.- En el caso que nos ocupa procede necesariamente colegir que el plazo de prescripción aplicable en la especie no se puede considerar interrumpido con la notificación realizada al deudor directo y que, entre la época en que el deudor principal incurrió en mora y la fecha en que se verificó la notificación del primero de los terceros poseedores de la finca hipotecada, de la gestión preparatoria respectiva, había transcurrido con creces el plazo de prescripción de la acción cambiaria emanada del pagaré, que es de un año, según lo dispone el artículo 98 de la Ley 18.092.

3.- Corresponde acoger el recurso de nulidad sustantiva, toda vez que al efectuarse en estos autos la notificación de la gestión preparatoria a los terceros poseedores, se hallaba plenamente vigente el proceso seguido en contra del deudor personal, por lo que tales actuaciones, verificadas en distintas, se practicaron en forma legal, en una época en que sí se hallaba interrumpida la prescripción de la acción cambiaria emanada del pagaré cuyo cobro se pretende obtener a través de este procedimiento, situación que no pudo modificarse después, por la declaración de abandono del procedimiento, acaecida en el proceso seguido en contra del deudor directo, con ocasión de la incidencia formulada en dicho expediente, transcurridos más de cinco años después de obtenida sentencia ejecutoriada en su contra y, con posterioridad, incluso, a la fecha de notificación de la demanda ejecutiva deducida en contra de los terceros poseedores de la finca hipotecada.

FALLO

Santiago, 29 de julio de 2011.

VISTO:

En estos autos rol Nº 56-2003, del 20º Juzgado Civil de Santiago, juicio en procedimiento ejecutivo, caratulado "Scotiabank Sud Americano con Sandoval Espinoza, Andrés", don Octavio Calle Ávila, abogado, en representación de Scotiabank Sud Americano, antes Banco Sud Americano, dedujo demanda de desposeimiento en contra de don Walter Andrés Sandoval Espinosa, de doña Raquel Teresa González Karadima, de doña María Fernanda González Karadima, de doña Isabel Margarita González Karadima, de doña María Loreto González Karadima, de doña Elena María González Karadima y de don Fernando Andrés González Karadima.

Funda su demanda señalando que en la gestión preparatoria de notificación de desposeimiento fueron notificados los demandados, en su calidad de terceros poseedores de la finca hipotecada, sin que pagaran ni hicieran abandono de la propiedad, en los términos previstos en el artículo 758 del Código de Procedimiento Civil, dentro de los diez días que les otorgaba la ley, por lo que procede que sean desposeídos del bien raíz.

Expresa que la deuda que se pretende saldar mediante el remate de la propiedad sub lite dice relación con la obligación contenida en un pagaré suscrito el 29 de noviembre de 2000 por don Fernando René González Soto, en su calidad de deudor principal, por la suma total de 6.608 Unidades de Fomento.

Sostiene que el mencionado deudor no solucionó el monto del dinero comprometido en el aludido documento, incurriendo en mora a su vencimiento, el 28 de diciembre de 2001 y que, según se advierte de la escritura pública de hipoteca, de 2 de abril de 1996 -acompañada al proceso-, don Fernando René González Soto, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del referido contrato y de aquéllas que mantuviera a esa época o contrajese en el futuro con el Banco Sud Americano, actualmente Banco Scotiabank Sud Americano, constituyó hipoteca de primer grado, con cláusula de garantía general, en favor de la entidad bancaria sobre el bien inmueble de su propiedad, correspondiente a la parcela Nº 17, del Proyecto de Parcelación Colo Colo, que comprende los predios Hijuela Las Casas, Parte del Fundo Hijuela San Luis y Potrerillos, de la comuna de Quilicura, Región Metropolitana, inscrita a su nombre a fojas 32.298, Nº 28.588, del Registro de Propiedad, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 1996.

Añade que con posterioridad, mediante escritura pública de 21 de noviembre de 1997, don Fernando René González Soto transfirió el cinco por ciento del referido inmueble a don Walter Andrés Sandoval Espinoza, transmisión que se inscribió en el correspondiente Registro de Propiedad del año 1997.

Expresa que, además, el inmueble hipotecado pertenecía a la sociedad conyugal que el deudor principal mantenía con doña Raquel Karadima Fariña, quien falleció el 7 de octubre de 2002, por lo que los derechos que le correspondían a la cónyuge, fueron traspasados por sucesión por causa de muerte a sus herederos, sin perjuicio de los derechos de don Fernando René González Soto, como cónyuge sobreviviente.

Indica que, posteriormente, mediante escritura pública de cesión de derechos, suscrita el 16 de diciembre de 2002, don Fernando René González Soto cedió sus derechos sobre el bien raíz a su hijo, don Fernando Gonzalez Karadima, en la suma de $15.000.000, transferencia que se inscribió en el Registro de Propiedad del año 2002.

Expresa que, en consecuencia, actualmente la propiedad hipotecada en favor de la entidad bancaria, pertenece a don Walter Andrés Sandoval en un cinco por ciento y en un noventa y cinco por ciento a los restantes demandados.

Hace presente que la ejecutante dedujo, en su oportunidad, demanda ejecutiva en contra del deudor personal, ante el 10º Juzgado Civil de Santiago, en causa rol Nº 589-2002, ocasión en que se habría interrumpido la prescripción y que en dicho proceso el demandado no opuso excepciones, verificándose la situación prevista en el artículo 472 del Có digo de Procedimiento Civil.

Solicita, por tanto, se tenga por interpuesta acción de desposeimiento en contra de los demandados, con el objeto de proceder a la subasta del inmueble hipotecado y de pagar al actor con su producto la deuda descrita precedentemente, ascendente a 6.608 Unidades de Fomento, más intereses y costas.

Contestando la demanda, los demandados Elena María González Karadima, Isabel Margarita González Karadima y Walter Andrés Sandoval Espinosa, esgrimieron la excepción prevista en el numeral 17º del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la de prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva.

Para sustentar la mencionada defensa, argumentaron, en síntesis, que la acción ejecutiva con que contaba el acreedor habría prescrito el 28 de diciembre de 2002, esto es, más de cuatro años antes de la fecha en que se publicó en el Diario Oficial la notificación de la acción deducida en su contra. En este mismo sentido, señalan que la solicitud de notificación de desposeimiento del inmueble hipotecado de autos fue ingresada al tribunal cuando ya la acción ejecutiva se encontraba prescrita, teniendo lugar esta actuación el día 7 de marzo de 2003.

Evacuando el traslado respectivo, el ejecutante solicitó el total rechazo de la excepción, con costas, manifestando al efecto que al suscriptor del pagare se le notificó la demanda ejecutiva ante el 10º Juzgado Civil de Santiago, mediante avisos publicados los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2002 en el diario El Mercurio y con fecha 15 de octubre de 2002, en el Diario Oficial, antes del plazo de un año previsto en el artículo 98 de la Ley 18.092, acción que no pudo prosperar, acogiéndose con fecha 6 de marzo de 2007 la solicitud del ejecutado de abandono del procedimiento, decisión que en nada puede afectar la interrupción de la prescripción provocada oportunamente en estos autos.

Agrega que posteriormente se inició la gestión de notificación de desposeimiento con fecha 7 de marzo de 2003, notificándose al primero de los demandados el 20 de agosto de 2003 y a los últimos los días 16 de enero de 2006, mediante publicación en el Diario Oficial y 25, 26, y 27 de enero de 2006, en el diario El Mercurio.

La sentencia de primera instancia de veintinueve de julio de dos mil ocho, corriente a fojas 519, hizo lugar, con costas, a la excepción de prescripción, opuesta por los demandados Elena María González Karadima, Isabel Margarita González Karadima y Walter Andrés Sandoval Espinosa.

Apelado el fallo por el ejecutante, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de quince de enero de dos mil diez, que se lee a fojas 594, lo confirmó.

En contra de esta última decisión la aludida parte dedujo recurso de casación en el fondo.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente sostiene que la sentencia de segundo grado, confirmatoria del fallo de primera instancia que, a su vez, acogió la excepción de prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva, ha sido dictada con infracción a los artículos 153 inciso segundo, 156, 472 y 478 del Código de Procedimiento Civil y 2503 Nº 2 y 2518 del Código Civil, según pasa a explicar:

Afirma que al acogerse la excepción de prescripción se han contravenido las normas mencionadas en el acápite anterior, en razón de considerar que la notificación legal de la demanda y posterior sentencia definitiva ejecutoriada, dictada ante el 10º Juzgado Civil de Santiago, en la causa rol 589-2002, no produjeron el efecto de hacer interrumpir el plazo de prescripción, por haberse declarado el abandono del procedimiento, perdiéndose lo obrado en él, para hacerlo valer en este juicio.

Sostiene que el Scotiabank Sud Americano demandó ejecutivamente al deudor directo, exteriorizando así en dicho proceso y en tal oportunidad su decisión de exigir judicial y ejecutivamente al demandado el cumplimiento de la obligación.

Expresa que aún que con fecha 6 de marzo de 2007 se haya declarado el abandono del procedimiento seguido ante el 10º Juzgado Civil de Santiago, según sentencia que quedó ejecutoriada con fecha 14 de abril de 2008, lo cierto es que de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 156 del Código de Procedimiento Civil "subsistirán sin embargo con todo valor los actos y contratos de que resulten derechos definitivamente constituidos". En razón de lo anterior, lo dispuesto en el artículo 472 del referido estatuto legal sería constitutivo, en este caso, de uno de aquellos actos a los que se refiere el aludido artículo 156, lo que a su vez lleva a concluir inequívocamente que dicha sentencia ejecutoriada subsiste y produce todo su valor, aún cuando se haya -con posterioridad- declarado el abandono del procedimiento. Dicho de otro modo, el hecho que el mandamiento de ejecución y embargo tenga la calidad de sentencia definitiva ejecutoriada, constituye un hecho del cual resultan derechos definitivos constituidos para la parte ejecutante.

Agrega que el citado artículo 156 del Código de Enjuiciamiento Civil no distingue entre el abandono del procedimiento declarado antes de que exista sentencia definitiva ejecutoriada, de aquél declarado después y que, a su juicio, en el caso que el abandono del procedimiento haya sido declarado con posterioridad a la sentencia definitiva, no puede tener la virtud de hacer desaparecer el efecto interruptivo de la prescripción, producido a consecuencia de la notificación de la demanda judicial.

Añade que su parte estima que en el caso que el abandono del procedimiento sea declarado con posterioridad a la sentencia definitiva, el efecto lógico será el de impedir que se prosiga con la tramitación del procedimiento de apremio, pero que en caso alguno podría restar valor a la sentencia definitiva ejecutoriada, en atención a que constituye un título nuevo, pues con ello se infringe, además, el artículo 478 inciso primero del citado cuerpo normativo que señala que "la sentencia recaída en el juicio ejecutivo produce cosa juzgada en el juicio ordinario tanto respecto del ejecutante como del ejecutado"

SEGUNDO: Que de acuerdo con lo expresado precedentemente y para un adecuado análisis de los errores de derecho invocados por el recurrente de casación, cabe tener presente que la cita de las disposiciones legales denunciadas, expuestas en el motivo anterior y los argumentos esgrimidos en apoyo de sus afirmaciones en tal sentido, tienen por objeto sustentar, fundamentalmente, que los jueces del tribunal ad quem habrían incurrido en error de derecho al acoger la excepción de prescripción de la acción, esgrimida por algunos de los demandados de autos, justificando su decisión en el hecho que la declaración de abandono del procedimiento dictado en los autos seguidos en contra del deudor personal, les impediría considerar la notificación de la demanda efectuada en dicho proceso, para efectos de tener por interrumpida la prescripción de la acción cambiaría, que corría también respecto de los obligados al pago, en calidad de terceros poseedores de la finca, en razón de la hipoteca que garantizaba la deuda;

TERCERO: Que, para una adecuada inteligencia del asunto y resolución del recurso de casación en el fondo interpuesto, cabe tener presente las siguientes circunstancias del proceso:

a).- El deudor personal de la obligación cuyo cobro compulsivo se persigue mediante la presente acción de desposeimiento, don Fernando René González Soto, se constituyó en mora el 28 de diciembre de 2001; b).- Con fecha 6 de marzo de 2002, el Scotiabank Sud Americano interpuso demanda ejecutiva de cobro de pagaré en contra de don Fernando René González Soto, en autos rol Nº 589-2002, seguidos ante el 10º Juzgado Civil de Santiago, la cual le fue notificada por avisos el 15 de octubre de ese mismo año, sin que haya opuesto excepciones a su respecto. c).- Mediante libelo de 7 de marzo de 2003, ampliado el 7 de mayo de ese año, el Scotiabank Sud Americano interpuso el libelo de gestión preparatoria de notificación de desposeimiento respecto de los demandados de autos, quienes fueron notificados al efecto, el primero de ellos el 20 de agosto de ese año y el último -por avisos- el 27 de enero de 2006.

d).- El 26 de diciembre de 2006 el Scotiabank Sud Americano dedujo demanda de desposeimiento en contra de don Walter Andrés Sandoval Espinosa, de doña Raquel Teresa González Karadima, de doña María Fernanda González Karadima, de doña Isabel Margarita González Karadima, de doña María Loreto González Karadima, de doña Elena María González Karadima y de don Fernando Andrés González Karadima, quienes fueron notificados de ella por avisos el 3 de julio de 2007.

e).- Por sentencia de 6 de marzo de 2007, se declaró el abandono del procedimiento de la causa rol Nº 589-2002, seguida ante el 10º Juzgado Civil de Santiago, en contra del deudor personal don Fernando René González Soto, resolución que fue confirmada por el tribunal de alzada el 14 de marzo de 2008;

CUARTO: Que en razón del contexto en que se sitúa el debate jurídico que se plantea a esta Corte de Casación, resulta pertinente recordar que el artículo 2518 del Código Civil estatuye: "La prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente.

Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente.

Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvos los casos enumerados en el artículo 2503".

Por su parte el artículo 2503 del mismo estatuto legal prevé: "Interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa, contra el poseedor.

Sólo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción; y ni aun él en los casos siguientes:

1º. Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal; 2º. Si el recurrente desistió expresamente de la demanda o se declaró abandonada la instancia; 3º. Si el demandado obtuvo sentencia de absolución.

En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la demanda".

A su turno, el artículo 98 de la Ley 18.092 señala: "El plazo de prescripción de las acciones cambiarias del portador contra los obligados al pago es de un año, contado desde el día del vencimiento del documento"

QUINTO: Que, ahora bien, a este respecto, relativo a la admisión de la excepción de prescripción, la sentencia recurrida que reprodujo y confirmó el fallo de primer grado, reflexiona al efecto que "del análisis de los documentos fundantes de la presente acción, ha sido posible concluir que en la especie ha transcurrido en exceso el plazo contemplado en la ley 18.092 para que la acción emanada del pagaré prescriba y consecuencialmente la acción hipotecaria accesoria a esta también, por cuanto en la causa seguida ante el 10º Juzgado Civil de Santiago, rol 589-2002, se declaró el abandono del procedimiento, perdiéndose lo obrado en él para hacerlo valer en este juicio, es decir que las notificaciones efectuadas en dicha sede jurisdiccional no producen el efecto de hacer interrumpir el plazo de prescripción, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2503 y 2518 del Código Civil", concluyendo, a continuación, que "atendido a que la acción emanada de la hipoteca es accesoria a la emanada del pagaré, y encontrándose esta última prescrita, esta sentenciadora comparte lo expuesto por los ejecutados, debiendo acogerse la excepción interpuesta"

SEXTO: Que sobre la materia en análisis se hace necesario precisar lo que a continuación se dirá.

En la situación en estudio aconteció, en resumen, lo que sigue: existía o existe una obligación caucionada con hipoteca; el acreedor accionó contra el deudor de la obligación caucionada; pero, al no perseverar en el juicio, el deudor emplazado logró que se declarara abandonado el procedimiento. Antes de lo último, el acreedor optó por deducir la acción hipotecaria, dirigiéndose sobre la finca que se le había dado en caución y sus actuales poseedores. Para ello, de acuerdo al artículo 758 del Código de Procedimiento Civil, inició la gestión previa de desposeimiento con el fin de requerir a los poseedores para que la abandonen o paguen y, al no hacerlo, los demandó ejecutivamente y, tres de ellos, oponen la excepción del artículo 464 N° 17 del Código de Procedimiento Civil;

SÉPTIMO: Que el acreedor hipotecario es titular de dos acciones: la personal que emana del vínculo jurídico cuya obligación se está garantizando y la acción real que deriva de la hipoteca. En realidad, mientras el inmueble hipotecado está en poder del deudor personal, ambas acciones se confunden; pero en cambio ellas se diferencian nítidamente cuando el bien dado en garantía pasa a manos de un tercero, porque entonces contra éste sólo se puede ejercitar la acción real, y contra el deudor, únicamente la acción personal;

OCTAVO: Que, como se sabe, la prescripción de la acción hipotecaria depende de la prescripción de la obligación caucionada, de acuerdo a la máxima "accessorium sequitur principale". Se dice que: "De la manera más completa y brutal, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, que lo arrastra en su caída; sí lo accesorio tiene por destino el servicio de lo principal, se encuentra desprovisto de utilidad cuando lo principal es exterminado" (Gilles Goubeaux, citado por Ramón Domínguez Aguila, Revista de Derecho Universidad de Concepción, N° 190, página 161). El artículo 2516 del Código Civil sanciona la máxima, al disponer que "La acción hipotecaria, y las demás que proceden de una obligación accesoria, prescriben junto con la obligación a que acceden".

Por ende, si desde que la obligación principal se hizo exigible, hasta el momento en que se notifica válidamente la gestión de desposeimiento, ha transcurrido el lapso de prescripción de aquélla, debe tenerse por prescrita la acción intentada, siempre que no hubiese ocurrido algún hecho interruptivo;

NOVENO: Que en este tipo de procedimiento el tercer poseedor demandado puede oponer no solamente las excepciones que dicen relación con la hipoteca misma, sino también las que se refieran a la obligación principal, entre ellas la prescripción. Esto como un corolario que de la existencia de la obligación principal depende la eficacia de la hipoteca. Si aquella no existe, ésta tampoco existirá;

DÉCIMO: Que hoy día resulta pacífico que la interrupción de la prescripción que se opera en el deudor directo perjudica también al tercer poseedor. El profesor Somarriva así lo afirma en su obra "Tratado de las Cauciones", página 476, añadiendo que "Se nos argumentará que de acuerdo al artículo 2519 la interrupción que perjudica a uno de los codeudores no perjudica a los otros, y que nuestra doctrina vulneraría dicha disposición. Pero la objeción es fácil de rebatir. El citado artículo 2519 no contempla el caso del deudor principal y el tercer poseedor, sino que él se refiere a las obligaciones conjuntas como queda de manifiesto con la excepción que el mismo consigna al referirse a las obligaciones solidarias".

Sobre lo que se anota, este Tribunal ha resuelto: "Los artículos 2434 inciso primero y 2516 del Código Civil no establecen distingo entre el plazo de prescripción de la hipoteca y el de la obligación principal. En consecuencia, la verificación extraordinaria del crédito en la quiebra del deudor principal interrumpe la prescripción respecto de éste y, por ende, estando vigente la obligación principal, no puede prescribir la acción de desposeimiento de la finca hipotecada" (RDJ., Tomo 89, Secc. 1ª., página 4). "El artículo 2519 del Código Civil, que regula ciertos efectos de la interrupción de la prescripción, rige tratándose de obligaciones conjuntas, pero no contempla el caso del ac reedor principal y del tercer poseedor de la finca hipotecada, entre los cuales no existe vínculo alguno. En tal virtud, la interrupción de la prescripción que opera respecto del deudor directo perjudica también al tercer poseedor" (G.J., N° 121, página 13);

UNDÉCIMO: Que aclarado lo que se viene reseñando, conviene reiterar que es materia del recurso de casación que se resuelve, dilucidar si la interrupción de la prescripción producida a raíz del pleito seguido contra el deudor principal en el Décimo Juzgado Civil de esta ciudad, en causa rol 589-2002, puede o no ser considerada en estos autos, en razón de lo preceptuado en el artículo 2503 N° 2 del Código sustantivo, puesto que en esos antecedentes se declaró abandonado el procedimiento por aplicación de lo estatuido en el inciso segundo del artículo 153 del Código de Procedimiento Civil, en sentencia de 6 de marzo de 2007, confirmada el 14 de marzo de 2008. Lo expresado, en atención a lo preceptuado en el también inciso segundo, pero del artículo 156 del Código últimamente aludido, que luego de señalar en el inciso primero que "no se entenderán extinguidas por el abandono las acciones o excepciones de las partes; pero éstas perderán el derecho de continuar el procedimiento abandonado y de hacerlo valer en un nuevo juicio", agrega a continuación que -y ello es lo que interesa en la especie-: "Subsistirán, sin embargo, con todo su valor los actos y contratos de que resulten derechos definitivamente constituidos"

DUODÉCIMO: Que el asunto referido en el motivo que antecede, a diferencia del mencionado en el considerando décimo, no ha sido de solución tranquila y, por el contrario, se trata de una materia controvertida tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.

El legislador mediante la dictación de la Ley 18.705, modificada posteriormente por la Ley 18.882, ambas de 1988, introdujo drásticas modificaciones al Título XVI del Libro I del Código de Procedimiento Civil, sustituyendo la denominada institución de abandono de la instancia por la de abandono de procedimiento, y el artículo 152 por el actual, mediante el cual se redujo a seis meses el plazo de un año para entender abandonado el procedimiento, cuando las partes cesen en su prosecución durante ese tiempo, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos. Al mismo tiempo, hizo extensiva esta sanción a los procedimientos de apremio del juicio ejecutivo, después de ejecutoriada la sentencia definitiva o en la situación del artículo 472 del Código del ramo, en las circunstancias y condiciones que se regulan en el inciso segundo del artículo 153, con lo cual se reafirma el principio de que la institución de abandono del procedimiento tiene como esencial finalidad evitar la paralización indefinida de los juicios o su prolongación arbitraria y con ello la inestabilidad de los derechos de los demandados (esta Corte, RDJ., Tomo 88, Secc. 1ª., página 96, considerando 5°).

Antes de entrar a regir el inciso segundo del artículo 153 la vigencia indefinida del procedimiento de apremio, luego de desecharse las excepciones o en el caso del artículo 472 antes mencionado, provocaba situaciones de incertidumbre e inestabilidad derivadas de diversas circunstancias que se manifestaban jurídicamente tanto en un plano civil como procesal.

Por ejemplo, en el aspecto civil existía la imposibilidad de alegar la prescripción extintiva de obligaciones, la que oportunamente resultó interrumpida por la demanda judicial, en los términos dispuestos por el artículo 2518, inciso tercero, del Código Civil. En el ámbito procesal, la subsistencia de este procedimiento de apremio ilimitado en el tiempo exponía al ejecutado al hecho de temer fundadamente que se procurase por el acreedor trabar embargo en cualquier época, sin limitación, sobre nuevos bienes que adquiriese;

DECIMOTERCERO: Que acotado lo precedentemente indicado, y siempre para decidir el conflicto, conviene destacar que la Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo de septiembre de 1994 (RDJ., Tomo 91, Secc. 2ª., página 92) resolvió: "En sendos juzgados se declaró, respectivamente, abandonado el procedimiento ejecutivo por haber transcurrido, en cada uno de ellos, más de los tres años contados desde la fecha de la última gestión útil hecha en esos autos y dentro de los períodos que en cada caso se señalan, sentencias ambas que aparecen ejecutoriadas, todo de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 153 del Código de Procedimiento Civil. En tales circunstancias no es posible estimar interrumpido el curso de la prescripción de la acción hipotecaria ejercida en estos autos como consecuencia de las notificaciones de las demandas impetradas en los juicios abandonados".

Esta Corte Suprema, sin embargo, en una sentencia posterior que se publica en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 93, Sección Primera, página 156, de 14 de noviembre de 1996, en causa caratulada "Ruiz y Cía Limitada con Banco de Chile", determinó lo contrario, exponiendo que en el caso del inciso segundo del artículo 153 del Código de Enjuiciamiento Civil, esto es, "después de ejecutoriada la sentencia definitiva o en la situación del artículo 472 del mismo Código, o sea, cuando se omite la sentencia por no haberse opuesto las excepciones y el simple mandamiento de ejecución desempeña ese rol, el abandono del procedimiento no priva de su valor a la sentencia de pago ejecutoriada porque el efecto de ella ya se produjo".

La posición en comento sostiene que el problema jurídico y legal de fondo radica en fijar el verdadero alcance del inciso segundo del artículo 153 en relación con el numeral segundo del artículo 2503 del Código Civil y el inciso primero del artículo 478 del Código de Enjuiciamiento Civil (éste establece que la sentencia recaída en el juicio ejecutivo produce cosa juzgada en el juicio ordinario, tanto respecto del ejecutante como del ejecutado). Se dice que la regla que impone que la interrupción de la prescripción no se produce cuando se declara abandonado el procedimiento es clara y no deja lugar a dudas, en el caso que para ello se exige una paralización del pleito durante seis meses, situación diferente en el evento del inciso segundo del artículo 153, en que el abandono se solicita y declara después de ejecutoriada la sentencia definitiva o en el caso del artículo 472. Expresa -el voto en mención- que en este caso especial el abandono no puede privar de su valor a la sentencia de pago firme porque el efecto de ella ya se produjo y sería irracional, además de inoperante sostener que no se produjo. Añade que atribuir al abandono del procedimiento de apremio el mismo efecto que el abandono propiamente tal, lejos de permitir una solución justa y adecuada da ocasión al deudor para poner dificultades al accionar legítimo del acreedor después de ejecutoriada la sentencia de pago;

DECIMOCUARTO: Que la sentencia aludida fue acordada por tres votos contra dos. Los disidentes manifestaron que el fallo de segundo grado, que se revisaba, hizo una correcta aplicación de las disposiciones legales del caso, puesto que "el abandono del procedimiento declarado después de ejecutoriada la sentencia en los procedimientos ejecutivos, en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 153 del Código de Procedimiento Civil, no difiere en sus efectos de lo que dispone el artículo 156 del mismo cuerpo legal y el artículo 2503 N° 2 del Código Civil, en razón a que el artículo 156 no distingue entre el abandono del procedimiento antes o después de que exista sentencia definitiva ejecutoriada y la modificación introducida por la Ley 18.705 al introducir la voz instancia por procedimiento corrigió un error conceptual, y el hecho de no haberse efectuado la misma modificación en el artículo 2503 del Código Civil, no le resta a esta norma su valor concordante con la institución de abandono del procedimiento" DECIMOQUINTO: Que Rodrigo Eduardo Ramírez Herrera, en su libro denominado "El abandono del Procedimiento. Doctrina y Jurisprudencia" (1903-1998), Editorial Jurídica La Ley, acota que la opinión de la corriente que sostiene que en el caso del abandono declarado en virtud de lo prevenido en el inciso segundo del artículo 153, no tiene aplicación lo estatuido en el numeral segundo del artículo 2503 del Código Civil, por lo que operaría la interrupción de la prescripción, que es lo que sostiene el recurrente de casación en esta causa, es apoyada por autores como José Quezada Meléndez y Waldo Ortúzar Latapiat. El primero, en su obra "Reformas Procesales", Ediar-Conosur Limitada, página 60, manifiesta: "Si se ha dictado sentencia definitiva y se pide el abandono, cuáles son los efectos de éste. ¿Desaparece la sentencia? El artículo 156, inciso segundo, dispone que subsistirán, sin embargo, con todo su valor los actos y contratos de que resulten derechos definitivamente constituidos. La sentencia es un acto jurídico; de ella emanan derechos definitivamente constituidos. Si la sentencia interlocutoria fija derechos permanentes, con mayor razón lo hace la definitiva. Puede hacerse valer como acto jurídico, como título ejecutivo, en otros procesos, según se den las circunstancias; en último término como instrumento público, que lo es. El problema lo va a constituir la prescripción del derecho material, en atención a los tres años necesarios para el abandono. La prescripción del derecho material (acción como la denomina el Código), es diferente de la caducidad, perención o abandono de la instancia (o del procedimiento como señala la reforma)". El segundo, en las discusiones de las comisiones de reforma, al ser consultado acerca de la supervivencia de la sentencia ejecutoriada luego del abandono del procedimiento de apremio, expuso que la intención había sido "la de hacer desaparecer el procedimiento de apremio y que jamás podrá desaparecer la sentencia del tribu nal, porque ello significaría una pérdida del derecho reconocido por la sentencia y protegido por la garantía del derecho de propiedad"

DECIMOSEXTO: Que, sin embargo, la tesis contraria también tiene sustento doctrinario, según citas del autor Ramírez Herrera antes nombrado. En efecto, expresa que Guillermo Piedrabuena Richard, en artículos publicados en Revista Chilena de Derecho, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, volúmenes 16 y 24 n°2, referidos a las leyes 18.705 y 18.882, indica que "se ha sostenido que la sanción del abandono, en virtud del principio doctrinario de la unidad del procedimiento, destruye lo acaecido en ambos cuadernos, pues el proceso es uno solo e indivisible y no puede abandonarse por partes dejando otras subsistentes" . El profesor Fernando Farren Cornejo, en la Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, N° XV, 1993-1994, en un artículo titulado "Modificaciones introducidas al Código de Procedimiento Civil a propósito del abandono del procedimiento y del período de sentencia en el juicio ordinario", páginas 475 y siguientes, señala que el abandono del procedimiento en la etapa de apremio de un juicio ejecutivo se ha establecido "con miras a los principios de mayor trascendencia enunciados precedentemente: evitar que se mantenga vigente la posibilidad del ejecutante en orden a procurar en cualquier tiempo trabar embargo sobre bienes del ejecutado, poner término cierto y efectivo al respectivo juicio ejecutivo, permitiendo con ello la prosecución del respectivo plazo de prescripción y, en fin, limpiar los antecedentes negativos que la morosidad del ejecutado provocase". Más adelante dice: "Y en un plano civil, el citado abandono posibilita hacer operar la prescripción de la acción ejecutiva derivada del título en que se fundamenta la ejecución. Vale decir, en los términos expuestos cabe considerar que la prescripción de la acción ejecutiva ha continuado corriendo como si no hubiese existido la interrupción derivada de la notificación de la demanda interpuesta en el procedimiento después abandonado". También señala: "Nótese como el término de tres años necesario para estimar el abandono del procedimiento de apremio resulta coincidente con el establecido en el artículo 2515 del Código Civil como necesario para la prescripción de las acciones ejecutivas en general. Esto es, transcurrido dicho término, junto con producirse el abandono del procedimiento de apremio necesariamente prescribiría la acción ejecutiva derivada de cualquier título que no se encuentre sometida a normas especiales de prescripción"

DECIMOSÉPTIMO: Que el mismo Ramírez Herrera, en su libro anteriormente señalado , expresa que de seguirse la posición según la cual la situación del inciso segundo del artículo 153 no quedaría comprendida en el artículo 2503 del Código Civil, pues opera después de ejecutoriada la sentencia, por lo que solamente desaparecería el procedimiento de apremio sin afectarse la interrupción de la prescripción por la demanda interpuesta, querría decir, lisa y llanamente, que el ejecutante podría intentar una nueva fase de apremio sin un límite temporal, fundado, precisamente, en la sentencia firme que desechó la excepciones, la que no se vería afectada por la prescripción, ya que su demanda seguirá existiendo para efectos de interrumpir civilmente la prescripción. Añade, en lo que respecta al voto de mayoría del fallo antes citado, que "la postura de casación necesariamente nos lleva a un absurdo jurídico: Si consideramos que el principal fundamento de carácter objetivo y finalista es alivianar la carga de los tribunales conservando el principio de la economía procesal y el logro de la certeza jurídica, en el entendido de la Corte Suprema los juicios se mantienen en statu quo que no les permite avanzar, siendo la declaración del abandono del cuaderno de apremio, por sí sola, inútil e intrascendente para los objetivos de la institución, negando en definitiva su procedencia contra el texto de la ley".

Luego agrega que "Es inconcebible que el legislador haya querido expresamente regular esta especial situación para beneficiar, en definitiva, al demandante, el principal sancionado con la perención, pues es claro que el tipo de gestiones interruptivas que puede realizar en el cuaderno de apremio, le permiten interrumpir el plazo de tiempo en tiempo manteniendo vigente el proceso. Ello significa que la sanción del abandono es consecuencia de una inactividad total durante un período considerable: tres años".

A continuación dice que, en cambio, si se sigue la tesis minoritaria de esa sentencia, el abandono afectará la interposición de la demanda y el artículo 2503 del Código Civil producirá todos sus efectos, extinguiéndose por el transcurso del plazo de tres años, tanto las acciones cambiarias de un año como las ejecutivas de tres. La supervivencia de la sentencia definitiva como acto jurídico procesal tendrá el valor probatorio de todo instrumento público, el que servirá de base para una posterior demanda ordinaria fundada en la relación fundamental que dio origen al acto cambiario o bien en la que se transformó la acción ejecutiva, de no haberse cumplido los cinco años que dispone el artículo 2515 del Código sustantivo. Termina anotando: "Parece ser que la tesis minoritaria es más acertada desde un punto de vista práctico y de los principios jurídicos involucrados del límite máximo para solicitar el abandono del procedimiento en el cuaderno de apremio"

DECIMOCTAVO: Que también conviene indicar que el autor a que se viene haciendo referencia, luego de dejar constancia que la sentencia que desecha las excepciones del ejecutado o acaecido el caso del artículo 472 del Código de Enjuiciamiento Civil, produce efecto de cosa juzgada y transforma en inmutable e irrevocable, ya la sentencia, ya el mandamiento de ejecución, y de señalar, también, opiniones sobre lo que analiza de Hugo Pereira Anabalón (La Cosa Juzgada en el Proceso Civil) y de Enrico Liebman (Eficacia y Autoridad de la Sentencia), expone en relación con los juicios ejecutivos, que la cuestión sobre la existencia del título de crédito surge solamente si el deudor formula oposición, que es una verdadera acción de él destinada a quitar al título su eficacia ejecutoria, bien por inexistencia del crédito, bien por vicios formales del crédito mismo. Por ende, añade, la sentencia que desecha las excepciones tiene sólo un contenido declarativo en el sentido de establecer que se han cumplido los requisitos necesarios para la ejecución (lo mismo acontece si no se oponen excepciones y el mandamiento pasa a ser sentencia), sin que los obstáculos alegados por el ejecutado resten fuerza al título invocado. Así, de la sentencia no nace ningún derecho ni mérito ejecutivo distinto del que intrínsecamente le pertenezca al título. A continuación se pregunta ¿qué ocurre si se declara el abandono en el cuaderno de apremio? y responde "Procesalmente desaparecen todas las actuaciones que no queden comprendidas en la excepción del artículo 156 inciso segundo. Por esto, sobreviven todos los actos procesales y contratos de los que emanan derechos definitivamente constituidos, entre los que encontramos la sentencia definitiva, la que para efectos prácticos no constituye un título ejecutivo nuevo, pues como se revisó, su contenido no permite llegar a esa conclusión. Sin embargo, dicha sentencia puede perfectamente servir como instrumento público que acredite la existencia de un crédito en beneficio del demandante, el cual puede hacerse efectivo en un juicio posterior de naturaleza ordinaria, pues considerando que el plazo de esta forma de abandono es de tres años, en todo caso estaría prescrita la acción ejecutiva" DECIMONOVENO: Que los falladores teniendo en consideración que la ley al disponer que en el caso del abandono del procedimiento "se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la demanda", sin hacer distinción del momento en que ello acontece; que la institución del abandono del procedimiento tiene como esencial finalidad evitar la paralización indefinida de los juicios o su prolongación arbitraria y con ello la inestabilidad de los derechos del demandado; el contenido y objetivo de las sentencias en los juicios ejecutivos, que antes se anotaron; que cuesta pensar que el legislador haya regulado la especial situación de que trata (artículo 153, inciso 2°), para beneficiar en definitiva, en un caso como el de autos, al demandante, el principal sancionado con la perención; que el término de prescripción de la acción ejecutiva coincide con el del abandono; que el acto interruptivo de la prescripción de la obligación principal causa efecto en la obligación accesoria, más no lo contrario (lo que ha sido creado para servir a lo principal debe seguir su suerte); y teniendo también en cuenta lo consignado en las reflexiones duodécima, decimocuarta, decimosexta, decimoséptima y decimoctava de esta sentencia, concluyen que, contra lo que afirma el recurrente, la declaración de abandono del procedimiento con posterioridad a quedar firme la sentencia en el juicio ejecutivo, hace igualmente inoperante la interrupción de la prescripción que pudiere haberse producido, acorde con lo prevenido en el numeral 2° del artículo 2503 del Código Civil, en relación con lo que estatuye el inciso final del artículo 2518 del mismo Código;

VIGÉSIMO: Que, en consecuencia, en el caso que nos ocupa procede necesariamente colegir que el plazo de prescripción aplicable en la especie no se puede considerar interrumpido con la notificación realizada al deudor directo en los autos rol 589-2002 del Décimo Juzgado Civil de Santiago y que, entre la época en que el deudor principal incurrió en mora -28 de diciembre de 2001- y la fecha e n que se verificó la notificación del primero de los terceros poseedores de la finca hipotecada, de la gestión preparatoria respectiva, o sea, el 20 de agosto de 2003, había tr anscurrido con creces el plazo de prescripción de la acción cambiaria emanada del pagaré, que es de un año, según lo dispone el artículo 98 de la Ley 18.092;

VIGÉSIMO PRIMERO: Que de este modo, al resolver los jueces del fondo, en el fallo que se censura, que en la situación en análisis ha tenido lugar la prescripción alegada, han efectuado una correcta y armónica interpretación y aplicación de las normas decisoria litis y de aquéllas que se denuncian vulneradas, por lo que el recurso de casación sustancial interpuesto debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 765 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en la petición principal contenida en la presentación de fojas 595, por el abogado don Daniel Ramírez Illanes, en representación del ejecutante, Scotiabank Sud Americano, en contra de la sentencia de quince de enero de dos mil diez, escrita a fojas 594.

Acordada con el voto en contra de la Ministro Sra. Sonia Araneda, quien estuvo por acoger el recurso de nulidad sustantiva deducido en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago y, subsiguientemente, dictar sentencia de reemplazo, rechazando la excepción de prescripción interpuesta en autos, ordenando, consecuentemente, seguir adelante la ejecución, hasta obtener el ejecutante cabal y cumplido pago de su crédito, en razón de las siguientes consideraciones:

1º.- Que según se advierte del mérito de los antecedentes, al efectuarse en estos autos la notificación de la gestión preparatoria a los terceros poseedores, se hallaba plenamente vigente el proceso seguido en contra del deudor personal, en la causa rol Nº 589-2002, ante el 10º Juzgado Civil de Santiago, por lo que tales actuaciones, verificadas en distintas fechas -20 de agosto y 4 de octubre de 2003, 10 de junio y 3 de diciembre de 2004 y 27 de enero de 2006-, se practicaron en forma legal, en una época en que sí se hallaba interrumpida la prescripción de la acción cambiaria emanada del pagaré cuyo cobro se pretende obtener a través de este procedimiento, situación que no pudo modificarse después, por la declaración de abandono del procedimiento, acaecida en el proceso seguido en contra del deudor directo, con ocasión de la incidencia formulada en dicho expediente, transcurridos más de cinco años después de obtenida sentencia ejecutoriada en su contra y, con posterioridad, incluso, a la fecha de notificación de la demanda ejecutiva deducida en contra de los terceros poseedores de la finca hipotecada.

2º.- Que una conclusión distinta de la manifestada precedentemente podría conducir a aceptar que mediante formulas de carácter meramente procesal, atrevidos deudores eludan responder de las obligaciones que les corresponde satisfacer, perjudicando con ello los intereses de acreedores diligentes, que pese a mantener permanentemente una actitud orientada al cobro de sus acreencias, vean burladas así, sus justas pretensiones de índole patrimonial.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Guillermo Silva Gundelach y del voto disidente, su autora.

Nº 2.370-10.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sres. Adalis Oyarzún M., Juan Araya E., Sra. Sonia Araneda B., Sr. Guillermo Silva G. y Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos G.

No firman la Ministra Sra. Araneda y el Abogado Integrante Sr. Lagos, no obstante haber concurrido ambos a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios la primera y ausente el segundo.

Autorizado por la Ministra de fe de la Corte Suprema.

En Santiago, a veintinueve de julio de dos mil once, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.


kathy

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