Reemplazo de vacantes parlamentarias: cómo opera el mecanismo
reemplazo de parlamentarios, violacion de la soberanía popular
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nacho Viernes 5 de Agosto del año 2011 / 16:18

Nuevamente está en la agenda pública la discusión sobre el mecanismo de reemplazo de parlamentarios cuando mueren o dejan sus puestos para asumir otras funciones en el Estado.  El caso de Andrés Chadwick y Pablo Longueira, que pasaron de ser senadores de la UDI a ministros de Estado el 18 de julio reflotó el cuestionamiento al sistema implementado en la reforma constitucional aprobada en el 2005. Según esta reforma constitucional, se permite al partido político en que milita el parlamentario que deja el cargo que designe directamente al reemplazante.

El sistema sancionado en la reforma a la Constitución se aplicó el 12 de agosto de 2008 con el fallecimiento (video) del entonces Presidente de la Cámara de Diputados, Juan Bustos, que fue reemplazado por el actual diputado Marcelo Schilling, quien se convirtió en el primer parlamentario nombrado por este mecanismo (video). En septiembre del mismo año, el sorpresivo fallecimiento del diputado RN, Pedro Álvarez Salamanca (video), obligó a recurrir nuevamente al sistema de sustitución, lo que permitió que Renovación Nacional designara a Lily Pérez (video) en su puesto.

Al año siguiente, el 12 de marzo de 2009, la entonces Presidenta Michelle Bachelet nombró como su ministra secretaria general de Gobierno a la hasta entonces diputada Carolina Tohá. La parlamentaria dejó su cargo en el Poder Legislativo para asumir en otro poder del Estado. Su partido, el PPD, designó al ex subsecretario del Interior, Felipe Harboe (video) como su reemplazante.

Más recientemente, el 11 de abril de 2011, el fallecimiento del diputado Juan Lobos (UDI) dejó como su reemplazante designado al ex alcalde de Los Ángeles, Joel Rosales. Poco antes, en su primer cambio de gabinete el 14 de enero de 2011, el Presidente Sebastián Piñera convocó a los senadores Andrés Allamand (RN) y Evelyn Matthei (UDI), cuyos partidos decidieron reemplazarlos en el Senado por el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, y el diputado UDI, Gonzalo Uriarte, respectivamente. Este último, a su vez, fue reemplazado en la Cámara de Diputados por el abogado, Cristian Letelier.

 El origen del mecanismo de reemplazo

 Esta modalidad de reemplazo de parlamentarios fue establecida en el Artículo 51 de la Constitución, con la modificación de su texto por la reforma constitucional de 2005, que define desde entonces que "las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido”.

Esto corre también para aquel parlamentario que, habiendo sido elegido como parte de un partido político, tiempo después se desafilió convirtiéndose en independiente. ¿Pero qué pasa con los parlamentarios que siempre fueron independientes? La ley es clara: “no serán reemplazados” y simplemente el escaño queda vacío.

El tema generó controversia desde los tiempos del DC Jorge Lavandero, quien tras ser desaforado de su escaño senatorial en junio de 2005, sin quererlo trajo el tema a la mesa. Hasta ese momento, el mecanismo vigente era otro, establecido en la reforma constitucional de 1989: el reemplazante sería el compañero de lista de quien dejaba vacante el escaño. Así, llegó al Senado el radical Guillermo Vásquez, compañero de lista de Lavandero en la Parlamentaria 2001, y quien había obtenido poco más de 9.500 votos en aquella elección.

La modalidad había sido aplicada también en 1991 cuando Miguel Otero (RN) reemplazó al asesinado senador Jaime Guzmán (UDI) y después en 1993 cuando María Elena Carrera (PS) ocupó el puesto dejado por el senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC), al asumir como Presidente de la República.

La aplicación de dicho mecanismo no dejó satisfechos a algunos parlamentarios, especialmente en la tienda DC (ver nota de prensa de la época). Con las históricas reformas constitucionales del 2005, que se discutieron en medio de la polémica por el reemplazo de Lavandero, se estableció el mecanismo vigente hasta hoy, es decir, que fuera el partido político el que designa al reemplazante.

Crecen las críticas

Ahora, los debates giran en torno a la designación de los reemplazantes de los ex senadores Chadwick y Longueira. Un grupo de 20 senadores de la Concertación e independientes solicitó a las mesas del Senado y la Cámara de Diputados que aceleren la tramitación de los siete proyectos de ley que establecen la elección complementaria para el reemplazo de los parlamentarios que dejan de serlo.

El documento fue impulsado por el senador Camilo Escalona (PS) y plantea que con el sistema actual “se produce una enorme distorsión del ejercicio de la soberanía popular y, por tanto, se acentúa el proceso que deslegitima el sistema democrático y se contrapone a la demanda por mayor participación ciudadana”.

En el texto los parlamentarios reconocen que sus mismos partidos aceptaron esta reforma constitucional en 2005. Sin embargo, aclaran que “el espíritu de tal decisión nunca consistió en el uso indiscriminado de este mecanismo; lo que ha ocurrido está fuera de toda prudencia y es completamente ajeno al sentido de buen gobierno que debe estar detrás del ejercicio de las facultades que la autoridad dispone”, en alusión a los cuatro senadores que han dejado sus cargos para ocupar un ministerio en el gobierno del Presidente Piñera.

De hecho, uno de ellos, el ahora ex senador y actual ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, se mostró “partidario de introducir modificaciones” en el sistema para reemplazar a los parlamentarios, de tal manera que sean una “representación directa” y no una determinación de los partidos políticos.

“Yo como senador y diputado de la Sexta Región durante tantos años, me gustaría muchísimo -y es mi primer opción lejos- que sea alguien de la propia región. Es responsabilidad de la UDI hacerlo bien y eso significa escuchando, que participe la gente y que se tomen decisiones que estén dadas fundamentalmente por la participación de quienes a uno lo han ayudado y le han colaborado directamente para poder ser su representante”, manifestó.

A su vez, el presidente de dicha colectividad, senador Juan Antonio Coloma, argumentó que “éste no es el sistema que nos gusta, es el sistema que existe, el sistema que la Constitución nos obliga y vamos a cumplir con la ley con todos los procedimientos y consultas necesarios”.

 Las mociones que buscan modificar el sistema

 La iniciativa más reciente que se ha presentado en el Congreso para modificar el actual sistema de reemplazo parlamentario, corresponde a una propuesta de reforma constitucional ingresada el 22 de marzo de 2011 por los diputados Marcos Espinosa (PRSD), Fidel Espinoza (PS), Luis Lemus (PS), Carlos Montes (PS), Denise Pascal (PS) y Alejandra Sepúlveda (PRI), que consagra el principio de irrenunciabilidad del cargo de diputado o senador, salvo en caso de enfermedad grave o fallecimiento del parlamentario, apelando también a las elecciones complementarias para designar al reemplazante, “siempre que cuenten con las mismas formalidades y garantías que una elección general”.

Anteriormente, a raíz del citado caso Harboe-Tohá, las críticas desde la Alianza por Chile se  materializaron en un proyecto de ley presentado a fines de mayo de 2009, que busca neutralizar la aplicación del mecanismo vigente en casos como éste, donde el parlamentario deja su escaño por un puesto en el Ejecutivo.

Sin embargo, tras la reforma constitucional de 2005 la primera moción parlamentaria que buscó modificar el sistema la presentó en junio 2007 un grupo transversal de diputados, integrado por Francisco Chahuán (actual senador RN) y los independientes Álvaro Escobar, Marco Enríquez-Ominami, Marta Isasi, Tucapel Jiménez y Esteban Valenzuela, quienes planteron el regreso del sistema de elecciones complementarias que se tenía hasta la Constitución de 1925.

El argumento a favor de la reedición de las elecciones complementarias considera salvaguardar un principio fundamental establecido en el artículo 5 de la Carta Fundamental: “La soberanía reside en la Nación. Su ejercicio la realiza el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece”. Álvaro Escobar argumenta frente a esto que el cargo de un parlamentario “es un cargo de elección popular: un partido político no puede ejercer la soberanía”. De ahí que acuñaran el término “parlamentarios designados” para referirse a quienes llegan al parlamento por decisión de un partido.

En medio de la reactivación del tema en 2008, nuevas mociones parlamentarias ingresaron. Maximiano Errázuriz (hoy ex RN) y Juan Lobos (UDI) se sumaron a la idea de restituir las elecciones populares con un proyecto de similares características ingresado en agosto, mientras los senadores Carlos Bianchi (IND) Mariano Ruíz-Esquide (DC) y Guillermo Vásquez (PRSD) ingresaron otra moción en septiembre, proponiendo que la cédula electoral de cada candidato al parlamento establezca de antemano un suplente que eventualmente reemplace al elegido si este dejara vacante su cargo.

Como complemento a esta iniciativa, el propio Bianchi ingresa conjuntamente otro proyecto, que aborda la situación del parlamentario independiente: en caso de producirse vacante, propone que el reemplazante provenga de una nómina de tres personas designadas al momento de inscribirse la candidatura respectiva, y que con dicha nómina se realice una nueva elección en el distrito o circunscripción.

Cabe señalar que los proyectos de ley que cumplan más de dos años sin avanzar en su tramitación, son archivados por la Cámara donde se encuentren discutiéndose.

 La evolución del mecanismo en la historia

En la Constitución de 1822, se contempló para la Cámara de Diputados la existencia de titulares y suplentes, uno por cada cargo. En la Constitución de 1823, la Cámara Nacional, que duraba ocho años, se renovaba por octavas partes cada año, oportunidad en la cual se reemplazaba, también, a quienes habían dejado su cargo vacante. La Constitución de 1828 sólo consagró la provisión de vacantes de los cargos de senadores por la Asamblea Provincial que los había elegido. Los diputados no se reemplazaban.

El texto primitivo de la Constitución de 1833 contempló, sólo respecto de los senadores, la elección de un reemplazante en la primera renovación siguiente, por el tiempo restante para completar el período. Sin embargo, por ley ordinaria se establecieron diputados y senadores suplentes. Luego, por reforma constitucional de 13 de agosto de 1874 se instauró respecto de senadores y diputados, el sistema de suplentes.

En agosto de 1888 se concretó una modificación a la Constitución de 1833 vigente, en relación al régimen de vacancia de parlamentarios: respecto a los senadores, de quedar una vacante antes del último año se procedía a una nueva elección; en el caso de los diputados también, sólo si la vacante se abría durante los dos primeros años del período. La ley también consideró la incompatibilidad de cargos: de concretarse, los senadores quedaban inhabilitados para una futura reelección en el trienio, mientras los diputados hasta la próxima renovación de la Cámara.

La Constitución de 1925 estableció que el reemplazo de la vacante lo establecería la ley de elecciones vigente, y como ésta consideraba la realización de elecciones complementarias, así se realizaron los reemplazos de senadores y diputados hasta el año 1973.

A pesar de no tener un Congreso funcionando, el texto original de la Constitución de 1980 incorporó en su artículo 47 la disposición de que fueran los propios colegas parlamentarios quienes designaran, en votación, al reemplazante: “Las vacantes de diputados y de senadores elegidos por votación directa que se produzcan en cualquier tiempo se proveerán mediante elección que realizará la Cámara de Diputados o el Senado, según el caso, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. De concurrir, simultáneamente, varias vacantes, ellas se proveerán en votación separada y sucesiva”, decía la Carta Fundamental.

Este mecanismo, sin embargo, fue nuevamente modificado en las reformas constitucionales de 1989, específicamente a través de la Ley 18.825, donde se instauró el sistema del “compañero de lista”, vigente hasta 2005.


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