JURISPRUDENCIA CIVIL INSCRIPCION DE NUDA PROPIEDAD Y USUFRUCTO
kathy Lunes 14 de Febrero del año 2011 / 10:14

Santiago, 19 de enero de 2011.

VISTOS:

En estos autos rol N° xxxx del Segundo Juzgado Civil de Concepción en procedimiento ordinario de acción reivindicatoria, caratulado "xxxxx con xxxxx y xxxxxx", el juez titular del referido Tribunal, mediante resolución de treinta y uno de octubre de dos mil siete, escrita a fojas 110 y siguientes, rechazó la demanda principal y acogió la demanda reconvencional.

Apelado este fallo por la parte perdidosa, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Concepción, por resolución de dieciséis de abril de dos mil nueve, escrita a fojas 135 y siguientes, revocó el mencionado fallo y acogió la demanda principal y rechazó la demanda reconvencional.

En contra de esta última decisión, el demandado y demandante reconvencional interpuso recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el recurso en estudio da cuenta que se han vulnerado los artículos 683
, 700 , 702 , 703 inciso 3, 706 , 707 , 714 , 717 inciso segundo en relación al artículo 2500 , artículo 889 en relación a los artículos 892 , 893 y 1698 y artículo 1749 inciso 3, todos del Código Civil, y también las normas reguladoras de la prueba de los artículos 1712 del Código Civil y artículo 426 del Código de Procedimiento Civil; vulneraciones que divide en relación a la demanda principal acogida y la demanda reconvencional rechazada. En lo que toca a la demanda principal, el peticionario indica que la Corte de Apelaciones señala incorrectamente que Tomás Jones Rivers, al vender la nuda propiedad, debía contar con la autorización de la actora en los términos del artículo 1749 del Código Civil, lo cual simplemente no es posible porque el supuesto matrimonio xxxx fue anulado el año 1957.

Más aún, el señor xxxx al momento de la venta y constitución de usufructo del inmueble sublite, se encontraba unido en matrimonio con la demandada y recurrente, la señora Montoya, bajo el régimen de sociedad conyugal, y si bien el inmueble era bien propio del señor Jones, es un uso habitual que concurra la mujer en los contratos de venta de los inmuebles, máxime si se encontraba obligada a concurrir porque era quien también concurría con su voluntad a aceptar el usufructo vitalicio que se constituía en su favor.

También se conculcan los artículos 700 y 893 del Código Civil, porque lo que pretende reivindicar la actora es una cuota de un bien inmueble que ha sido subdividido en dos lotes; por ende, al no existir determinación sobre el bien en que radican los derechos cuotativos que reclama, no es posible acoger su pretensión, lo que, a su vez, implica una infracción al artículo 892 del Código Civil, puesto que no es posible justificar que se está en presencia de una cosa singular.

En lo relacionado con las normas reguladoras de la prueba, el recurrente también estima que se configuran infracciones a ellas en el rechazo de la demanda principal, en específico, los artículos 1698 del Código Civil y el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil. Señala que la sentencia impugnada da por establecido que el 50% de la cuota de la actora por la no liquidación de la sociedad conyugal con el señor xxxxxx, está radicada en los bienes de la litis, sin que, conforme lo ordenada el artículo 160
del Código de Procedimiento, la actora acreditara ser propietaria, poseedora o mera tenedora.

A lo anterior se suma que, respecto de una de las demandadas, la señora xxxx, quien detenta el usufructo del inmueble de marras, ella carece de legitimación pasiva para ser demandada porque no es poseedora, tal como lo indican los artículos 714 y 889 del Código Civil.

En lo referente a la demanda reconvencional de declaración de prescripción adquisitiva, la sentencia impugnada afirma erradamente que se trata de poseedoras de mala fe, infringiendo el artículo 706 del Código Civil en relación al artículo 707 del mismo texto legal, el que señala que la buena fe se presume. Expone que, al no haberse presentado prueba alguna por la demandante principal, debió mantenerse dicha buena fe y la circunstancia que la señora xxxxx hubiese concurrido en la escritura de venta y constitución de usufructo, no implica conocimiento cierto del hecho de no haberse practicado liquidación de la supuesta sociedad conyugal habida entre la actora y el señor xxxxxx.

Además, se viola el artículo 2500 del Código Civil, puesto que no se considera la prescripción extraordinaria, ya que el anterior poseedor tuvo 40 años de posesión inscrita.

El recurrente también menciona la vulneración de normas reguladoras de la prueba, en específico, los artículos 1698
y 1712 del Código Civil y el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil. Explica que las demandadas tenían posesión regular, toda vez que contaban con justo título, escritura de 3 de octubre de 1996, se practicó la tradición con la competente inscripción con fecha 31 de octubre de 1996 y naturalmente estaban de buena fe.

No obstante lo anterior, invirtiendo la carga de la prueba, la sentencia consigna la concurrencia de mala fe, la que se configuraría por el hecho de haber concurrido a la venta de los inmuebles la señora Montoya, cónyuge del vendedor (Sr. xxxx) y madre de la compradora (la otra demandada Srta. xxxxx), a la que también se constituía en usufructuaria, por cuanto el inmueble en que dicho acto recaía, lo había adquirido el Sr. Jones antes que estuviera casado con ella, por lo que no era necesario concurrir a la escritura. Lo anterior es sin perjuicio que, de forma inexplicable, la Corte comunica la mala fe a la señora xxxxx.

SEGUNDO: Que para la adecuada resolución del presente recurso conviene tener presente los siguientes antecedentes que constan en el proceso:

a) Con fecha 27 de septiembre de 2006 xxxxx, en representación de xxxxx, demanda de reivindicación a xxxxx y xxxxx, a fin que se declare que en el inmueble loteado y transferido, ubicado en calle Chacabuco 352 de Penco, el 50% de los derechos es de dominio de la señora xxxx y, por consiguiente, no tienen derecho a la totalidad del dominio sobre él, ni al usufructo sobre la totalidad de la propiedad, debiendo ordenarse la cancelación total o parcial de las inscripciones de la nuda propiedad y del usufructo que figuran inscritos a favor de xxxx y xxxxx, respectivamente. Además, las demandadas deberán restituir dicha cuota de dominio sobre el inmueble, los frutos naturales y civiles, considerándolas como poseedora y usufructuaria de mala fe, debiendo indemnizar todo deterioro. b) Por escritura pública de 15 de diciembre de 1945, xxxxx adquirió el inmueble ubicado en Chacabuco Nºxxxx, época en la cual se encontraba casado bajo régimen de sociedad conyugal con la actora xxxxx.

c) Por sentencia de 23 de octubre de 1956 el matrimonio fue declarado nulo, y tal sentencia que fue aprobada por la Corte de Apelaciones con fecha 8 de marzo de 1957.

d) El bien raíz mencionado fue loteado con fecha 24 de junio de 1996.

e) Con fecha 3 de octubre de 1996, el señor xxxx, estando casado con xxxxxx, procedió a vender, ceder y transferir a la hija de ésta, xxxxxxx, la nuda propiedad de los lotes uno y dos. En dicha escritura la parte vendedora se reservaba el usufructo de por vida de los lotes indicados.

f) Nuda propiedad y usufructo se inscribieron en el registro conservatorio respectivo, con fecha 31 de octubre de 1996.

h) Con fecha 29 de septiembre de 2006 Fresia Herrera Montoya fue notificada de la demanda y con fecha 4 de octubre de 2006 fue notificada de la misma xxxxxx.

TERCERO: Que, respecto de la nulidad impetrada en lo referido a la demanda principal, conviene dejar establecido que no existió infracción a norma reguladora de prueba alguna, por cuanto el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil no tiene ese carácter y no se aprecia en qué modo se dejó de aplicar el artículo 1698 del Código Civil, en circunstancia que la Corte de Apelaciones de Concepción deja determinado que los bienes vendidos eran de la sociedad conyugal habida entre la actora y el señor xxxxx, la que no había sido disuelta y mal podría sostenerse que era obligación de la actora acreditar que aquello no ocurrió, por cuanto se trata precisamente de una alegación que debe sostenerse por la demandada. Dicho lo anterior, no se observa tampoco infracción a norma decisoria litis alguna, ya que, como sostiene el fallo recurrido, el señor Jones era dueño sólo de una cuota correspondiente al 50% de su participación en la comunidad que mantenía con su primera cónyuge (la actora) y nadie puede transferir más derechos de los que tiene, tal como lo prescribe el artículo 682 del Código Civil; por lo que no se ha conculcado de forma alguna lo que estatuye el artículo 1749 del Código Civil, ni tampoco las otras normas denunciadas, ya que la venta y constitución de usufructo jamás podrían alcanzar al 100% de los lotes uno y dos del inmueble de marras, por lo anteriormente mencionado.

Sobre la demanda reconvencional nuevamente el peticionario de nulidad refiere la infracción a las normas reguladoras de la prueba, pero no especifica de qué manera se han violentado los artículos 1712 del Código Civil y artículo 426 del Código de Procedimiento Civil; máxime cuando las presunciones son tributarias a razonamientos en que la valoración de ciertos enunciados probatorios constituyen premisas de otros enunciados probatorios o conclusiones de enunciad os fácticos, coincidentes con las pretensiones normativas de las partes, pero cuya valoración queda entregada soberanamente a los jueces del fondo y precisamente dicha valoración, que supone legítimos disensos aún en el régimen de la prueba legal tasada a nivel de las presunciones, no pude ser sustituida por la corte de casación, la que sólo está llamada en esta materia a conocer cuando los sentenciadores invierten el onus probandi, rechazan las pruebas que la ley admite, aceptan las que la ley rechaza, desconocen el valor probatorio de las que se produjeron en el proceso cuando la ley le asigna uno determinado de carácter obligatorio o alteran el orden de precedencia que la ley le diere. Se ha repetido que ellas constituyen normas básicas de juzgamiento, que contienen deberes, limitaciones o prohibiciones a que deben sujetarse los sentenciadores. Luego, los jueces del fondo son soberanos para apreciar las pruebas, dentro d el marco establecido por las reglas pertinentes.

En lo que comprende la alegación de infracción al artículo 1698 del Código Civil, aquello no ocurre en la sentencia, la que no altera ninguna posición institucional en torno a lo que cada parte debió probar. En efecto, la Corte no presume la mala fe; muy por el contrario, concluye la misma haciéndose cargo de la presunción legal a la que alude el recurrente de nulidad y por ello el fallo entrega las razones por las cuales debe considerarse a las demandadas de mala fe. Así, respecto de xxxxx, conforme a la absolución de posiciones rendida por ella, reconoce que el vendedor, el señor Jones había adquirido el inmueble antes de casarse con su madre y también demandada, xxxxxx, la que concurrió a autorizar la venta de los inmuebles. El fallo impugnado entronca la mala fe de la demandada xxxxx, por cuanto cuando comparece en la escritura pública de 3 de octubre de 1996, conforme al tenor de la cláusula primera de dicho contrato aparece de manifiesto que el señor Jones había adquirido la propiedad el 15 de diciembre de 1945.

De lo anterior se colige que los sentenciados no alteraron ninguna distribución de la carga de la prueba, limitándose a razonar sobre las probanzas aportadas para concluir la mala fe de las demandadas, al concurrir en la celebración de la escritura de venta de 3 de octubre de 1996.

Finalmente, al estar de mala fe las demandadas y habiéndose practicado la inscripción de la nuda propiedad y el usufructo con fecha 31 de octubre de 1996 y habiéndose notificado la demanda con fecha 29 de septiembre y 4 de octubre de 2006, el plazo de prescripción no ha transcurrido. Por lo todo lo anterior, ninguna de las normas denunciadas por el peticionario de nulidad se ha configurado al momento de desestimar la demanda reconvencional por parte de los falladores y subsecuentemente la nulidad impetrada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 764
, 765 , 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandada y demandante reconvencional en lo principal de la presentación de fojas 138, contra la sentencia de dieciséis de abril de dos mil nueve, escrita a fojas 135 y siguientes.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro señor Adalis Oyarzún M.

N° xxxxxxx.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sr. Adalis Oyarzún M., Sra. Margarita Herreros M., Sres. Juan Araya E., Guillermo Silva G. y Abogada Integrante Sra. Maricruz Gómez de la Torre V.

No firma la Abogada Integrante Sra. Gómez de la Torre, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ausente.

Autorizado por la Ministra de fe de la Corte Suprema.


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