Compañía Minera Zaldívar
kathy Viernes 31 de Diciembre del año 2010 / 6:35

Tribunal: Corte Suprema
 
Fecha: 28-oct-2010

Aún cuando el encargado de dar aplicación a los dispuesto en el Reglamento de Seguridad Minera es el Servicio Nacional de Geología y Minería, esto no obsta a que el Servicio de Salud fiscalice lo relacionado con la higiene y seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo.

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo deducido por el demandado contra la sentencia que acogió la petición subsidiaria de rebaja de la multa impuesta, toda vez que los sentenciadores al acoger la petición formulada por la reclamante en orden a rebajar el monto de la multa impuesta por la autoridad sanitaria, han efectuado una correcta aplicación de la normativa atinente al caso de que se trata, por cuanto no se puede pretender que la autoridad judicial no esté facultada para rebajar una multa impuesta, ya que si puede dejarla sin efecto al considerar que no se dan los presupuestos que la justifican, con mayor razón podrá aplicar una sanción de menor entidad por estimar que ella está más acorde con la infracción que se tuvo por configurada.

2.- Cabe el rechazo del recurso de casación en el fondo deducido por el reclamante contra la sentencia que rechazó su reclamo, toda vez que al no dar lugar al reclamo deducido en contra de la resolución dictada por el Secretario Regional Ministerial de Salud II Región, se ha efectuado una correcta aplicación de la normativa atinente al caso de que se trata, puesto que del mérito de los antecedentes aparece que los hechos imputados a la reclamante constituyen una infracción a las leyes y reglamentos que rigen la materia, de conformidad a lo establecido en el artículo 166
del Código Sanitario. Es así como con los medios de prueba rendidos por las partes y analizados por los sentenciadores del grado se tuvo por acreditado que la conducta fáctica que se dio por establecida - falta de duchas en el lugar de trabajo - es constitutiva de la infracción a la que se refiere el artículo 21 del Decreto Supremo N° 594.

3.- La existencia de un órgano del Estado «Servicio Nacional de Geología y Minería» que está encargado de dar aplicación y de fiscalizar el Reglamento de Seguridad Minera, no anula la responsabilidad que el Servicio de Salud tiene sobre la fiscalización de lo que se relaciona con la higiene y seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo, por cuanto esa es precisamente una de las funciones para las cuales fue creado y el sentido de su existencia. Desde este punto de vista se puede sostener que el Secretario Regional de Salud no ha contrariado con su actuar lo dispuesto en los artículos 7
de la Constitución Política de la República, por cuanto ha actuado dentro de su competencia, ejerciendo las atribuciones que expresamente le ha conferido el ordenamiento jurídico.

4.- La alegación formulada por el reclamante en orden a que se habría vulnerado las normas que dicen relación con el principio de especialidad, al dar preeminencia al Decreto Supremo N° 594 por sobre el Reglamento de Seguridad Minera, se debe desestimar por cuento el organismo fiscalizador y sancionador -Servicio de Salud- sólo puede perseguir el cumplimiento de la segunda de las normas mencionadas. Si bien es efectivo que el Reglamento de Seguridad Minera contiene normas regulatorias en el ámbito de las condiciones sanitarias en faenas mineras, no es menos cierto que el mismo cuerpo legal dispone que en lo que no está expresamente normado en este reglamento la empresa minera deberá cumplir con las normas sanitarias vigentes. Así se debe concluir que las condiciones sanitarias que establece el Reglamento de Seguridad Minera no son las únicas que se pueden exigir, sino que son las mínimas que se deben cumplir por la empresa minera, de donde se deduce que la autoridad sanitaria no ha errado en la exigencia efectuada a la Compañía Minera en cuanto a contar con duchas en los lugares de trabajo.

FALLO

Santiago, 28 de octubre de 2010.-

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en este juicio caratulado "Compañía Minera Zaldívar con Secretario Regional Ministerial", procedimiento sumario de reclamación de multa, el demandante y el demandado recurren de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia de diecisiete de marzo de dos mil diez, escrita a fojas 498, que revocó la de primer grado de veintidós de diciembre de dos mil ocho, que se lee a fojas 359, y en su lugar decidió que quedaba rechazado el reclamo deducido en contra de la Resolución N° 1637 de dieciocho de abril de dos mil siete, dictada por el Secretario Regional Ministerial de Salud II Región Señor Enrique Castro Munizaga, acogiendo la petición subsidiaria en cuanto se rebajó la multa impuesta a la empresa Compañía Zaldívar a una suma ascendente a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales.

I.- En cuanto al recurso de casación en el fondo deducido por el demandante:

Segundo: Que el recurrente funda en primer término su solicitud de nulidad en la infracción a lo dispuesto en los artículos 4
y 13 del Código Civil en relación con el principio de especialidad, puesto que la sentencia de segunda instancia habría desconocido el carácter especial de las disposiciones sanitarias contenidas en el Reglamento de Seguridad Minera, confirmando en cambio la exigibilidad de las normas de carácter general que contempla el Decreto Supremo N° 594.

Describe que la segunda infracción está referida a los artículos 19
inciso 1° y 22 del Código Civil en relación con las normas sobre interpretación de la ley, por cuanto se obvió el tenor literal de determinadas disposiciones del Reglamento de Seguridad Minera y no se consideró el contexto de dicha regulación al momento de interpretar las normas de la presente litis. Es así como, asegura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del reglamento indicado, no cabe duda que en lo que se refiere a la regulación de las condiciones sanitarias en las labores de extracción minera dicha normativa prima respecto del Decreto Supremo N° 594, lo cual aparece confirmado por el propio artículo 1 de este último cuerpo legal. En lo que dice relación con la segunda de las normas que se estiman vulneradas, el recurrente sostiene que de lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 del Reglamento sobre Seguridad Minera se desprende que dicha normativa fue definida específicamente para ser aplicada a todas las actividades que se desarrollan en la Industria Extractiva Minera, de modo que al darle preeminencia al Decreto Supremo N° 594 para la resolución de la controversia el sentenciador hizo caso omiso del contexto del reglamento tantas veces señalado.

En tercer término denunció la violación de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley N° 725, Código Sanitario, que dispone que sus normas rigen todas las materias relacionadas con el fomento, protección y recuperación de la salud de los habitantes de la República, salvo aquellas sometidas a otras leyes. Es del caso que la materia de que trata este juicio está regulada por otra norma, el Reglamento de Seguridad Minera, de manera que cuando el fallo recurrido resuelve que se ha configurado una infracción grave al Código Sanitario y al Decreto Supremo N° 594 desconoce la especialidad de dicha norma y el carácter supletorio del Código Sanitario. En cuarto lugar se alegó la infracción a lo que establece el artículo 7
incisos 1° y 3° de la Constitución Política de la República y el artículo 2 de la Ley 18.575 , por cuanto el fallo recurrido se ha pronunciado respecto de materias que son competencia exclusiva y excluyente del Servicio Nacional de Geología y Minería en lo relativo a las disposiciones con contenido sanitario contempladas en el Reglamento de Seguridad Minera, y al reconocer la competencia de la Secretaría Regional Ministerial de Salud en materias que no le corresponde regular y sancionar.

En quinto término se sostiene la violación de los artículos 2
N° 8 y 9 letra c) del Decreto Ley N° 3.525 "Ley Orgánica del Servicio Nacional de Geología y Minería- por cuanto de ellos se desprende que la competencia general y exclusiva para aplicar, fiscalizar y sancionar los incumplimientos del Reglamento de Seguridad Minera corresponde, en este caso, al Sernageomin de la II Región.

Concluye que si los jueces del grado no hubieren cometido los errores de derecho denunciados se habría dado lugar a la reclamación interpuesta por esta parte, por cuanto se debió haber concluido que el Reglamento de Seguridad Minera era el cuerpo legal aplicable al caso de autos y que la Seremi de Salud al fiscalizar y sancionar a la empresa demandante actuó fuera del ámbito de sus atribuciones.

Tercero: Que en la sentencia cuestionada se establecieron las siguientes conclusiones en lo que dice relación con las alegaciones de las partes en el transcurso de la litis:

a.- Que el Servicio de Salud es el órgano competente para la fiscalización de las normas de salud en los lugares de trabajo, estando facultado por ley para aplicar las sanciones que correspondan.

b.- Que la tramitación del sumario se realizó de conformidad con el procedimiento establecido por la ley, Libro X, Título II del Código Sanitario. c.- Que la parte sumariada ejerció plenamente su derecho a la defensa. Es así como el 22 de marzo de 2007 el representante de la Compañía Minera Zaldívar formuló sus descargos, luego rindió prueba testimonial y se allegó a los antecedentes informes técnicos.

d.- Que en el acta correspondiente se dejó constancia de la materia de que se trataba la infracción, indicándose la norma que se estimó incumplida y la forma en la que se efectuó dicha infracción, citando al efecto en relación con el Decreto Supremo 594 del Ministerio de Salud su artículo 9.

e.- Que en los sumarios sanitarios el acta levantada por el funcionario fiscalizador es suficiente para establecer la existencia de la infracción denunciada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166
del Código Sanitario, funcionario que, además, tiene el carácter de ministro de fe.

Cuarto: Que en cuanto a los hechos que se tuvieron por establecidos cabe tener en consideración:

a.- Que el procedimiento que dio lugar al sumario sanitario N° 103-11 del año 2007, tramitado por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, II Región de Antofagasta, fue iniciado el 21 de marzo de 2007 mediante acta de visita de 16 del mismo mes y año, en la cual se deja constancia que se constituyeron funcionarias del Departamento de Acción Sanitaria de la señalada Secretaría en visita inspectiva en dependencias de la Compañía Minera Zaldívar.

b.-. Que en la señalada acta se deja constancia que la fiscalización se realiza a fin de comprobar el cumplimiento del Decreto Supremo N° 594, principalmente los Párrafos IV y V, y que por la deficiencia de no tener duchas en los vestidores en la Planta Rahco y certificación de extintores se inicia un sumario sanitario a la Compañía Minera Zaldívar. c.- Que en dicha investigación administrativa se sancionó a Minera Zaldívar con una multa de trescientas unidades tributarias mensuales por infringir el Código Sanitario, que rige todas las cuestiones relacionadas con el fomento, protección y recuperación de la salud, y los Decretos Supremos N° 594 de 1999 y N° 369 de 1996, todos del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, por cuanto de conformidad con al artículo 21 del primero de los decretos señalados las duchas deben estar en el lugar de trabajo y no en el campamento.

Quinto: Que de conformidad con lo reseñado en el motivo que precede se observa que los sentenciadores, al rechazar la acción intentada no dando lugar al reclamo deducido en contra de la Resolución N° 1.637 dictada por el Secretario Regional Ministerial de Salud II Región, han efectuado una correcta aplicación de la normativa atinente al caso de que se trata, puesto que del mérito de los antecedentes aparece que los hechos imputados a la reclamante constituyen una infracción a las leyes y reglamentos que rigen la materia, de conformidad a lo establecido en el artículo 166 del Código Sanitario. Es así como con los medios de prueba rendidos por las partes y analizados por los sentenciadores del grado se tuvo por acreditado que la conducta fáctica que se dio por establecida es constitutiva de la infracción a la que se refiere el artículo 21
del Decreto Supremo N° 594.

Sexto: Que como se ha consignado en el fundamento segundo de esta sentencia, el principal error de derecho que se denuncia por la recurrente consiste en sostener que la Secretaría Regional Ministerial de Salud no es competente para conocer e imponer la sanción objeto de la litis, por cuanto ello sería de responsabilidad del Servicio Nacional de Geología y Minería, y que el Reglamento de Seguridad Minera se debe aplicar con preeminencia al Decreto Supremo N° 594. Efectivamente el artículo 4 del Decreto Supremo N° 132 del Ministerio de Minería "Reglamento de Seguridad Minera- dispone que corresponderá al Servicio Nacional de Geología y Minería la competencia general y exclusiva en la aplicación y fiscalización de este reglamento. Por su parte el artículo 1 del mismo cuerpo legal señala que él tiene como objetivo establecer el marco regulatorio al que deben someterse las faenas de la Industria Extractiva Minera Nacional para, en lo que interesa a la materia en discusión, proteger la vida e integridad física de las personas que se desempeñan en dicha industria y de aquellas que bajo circunstancias específicas y definidas están ligadas a ella. Relacionado con lo anterior y en lo que se refiere al campo de análisis, el artículo 13 indica las funciones y atribuciones que corresponden en forma exclusiva al Servicio Nacional de Geología y Minería, entre las que des taca el "controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas y exigencias establecidas por el presente Reglamento y de aquellas dictadas por el propio Servicio, en el ejercicio de sus facultades".

Sin embargo las normas antes transcritas no pueden impedir que la autoridad sanitaria efectúe las fiscalizaciones dentro del área de su competencia, esto es, el área de la higiene y seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo. Es así como el artículo 1
del Código Sanitario dispone que rige todas las cuestiones relacionadas con el fomento, protección y recuperación de la salud de los habitantes de la República, y el artículo 3 del mismo cuerpo legal entrega al Servicio Nacional de Salud la facultad de atender todas las materias relacionadas con la salud pública y el bienestar higiénico del país. En lo que se refiere a la higiene y seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo, el artículo 67 del Código Sanitario dispone que: "Corresponde al Servicio Nacional de Salud velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes en conformidad a las disposiciones del presente Código y sus reglamentos". Por su parte, el artículo 68 del mismo cuerpo legal dispone que un reglamento contendrá las normas sobre condiciones de saneamiento y seguridad de, entre otros sitios, los territorios mineros así como los de todo lugar de trabajo. En este mismo sentido, la letra d) del artículo 77 del cuerpo legal en comento dispone que el reglamento al que se ha hecho alusión debe contener normas que se refieran a las condiciones sanitarias y de seguridad de, entre otros lugares, las faenas mineras.

El reglamento al que se ha hecho referencia no puede ser otro que el Decreto Supremo N° 594, referido a las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, que en su artículo 1 dispone que "el presente reglamento establece las condiciones sanitarias y ambientales básicas que deberá cumplir todo lugar de trabajo, sin perjuicio de la reglamentación específica que se haya dictado o se dicte en aquellas faenas que requieran condiciones especiales". El artículo 21 de este cuerpo legal, estimado como infringido por la Resolución N° 1.637, dispone que: "Cuando la naturaleza del trabajo implique contacto con sustancias tóxicas o cause suciedad corporal, deberán disponerse de duchas con agua fría y caliente para los trabajado res afectados".

Todas las normas antes relacionadas y especialmente la que se señala en el párrafo que antecede se refieren específicamente a las materias en virtud de las cuales la autoridad sanitaria fiscalizó a la reclamante, y que luego de la tramitación del sumario correspondiente aplicó la sanción que es objeto de este reclamo. Es así como la resolución N° 1.637 de 18 de abril de 2007, pronunciada por el Secretario Regional Ministerial de Salud de la II Región, para resolver de la manera en que lo hizo tuvo en consideración los hechos constatados y consignados en la respectiva acta de inspección, a saber, la inexistencia de duchas en el lugar de trabajo, y que ello configuraba la infracción al artículo 21 del Decreto Supremo N° 594, al Código Sanitario y al Decreto Supremo N° 369.

De este modo las referencias que se efectúan por el recurrente en orden a que el órgano competente para conocer de las infracciones sería el Servicio Nacional de Geología y Minería de la II Región se estrella en contra de la normativa señalada en lo que dice relación con la actuación del Ministerio de Salud sobre la materia. Especial importancia tiene el artículo 118
del Decreto Supremo N° 594 que dispone que las infracciones a las disposiciones de este reglamento serán sancionadas por los Servicios de Salud en cuyo territorio jurisdiccional se hayan cometido, previa instrucción del respectivo sumario, en conformidad con lo establecido en el Libro Décimo del Código Sanitario, que es lo que aconteció en el presente caso.

Que en cuanto a la facultad que tiene el Servicio de Salud para fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre esa materia, ésta se encuentra contenida, entre otras disposiciones, en el artículo 155
del Código Sanitario, que dispone que: "Para la debida aplicación del presente Código y de sus reglamentos, decretos y resoluciones del Director General de Salud, la autoridad sanitaria podrá practicar la inspección y registro de cualquier sitio, edificio, casa, local y lugares de trabajo, sean públicos o privados". Lo anterior se debe relacionar con lo que establece la letra c) del artículo 9 del mismo cuerpo legal cuando señala que entre las facultades que competen a los Directores de los Servicios de Salud en sus respectivos territorios está la de velar por el cumplimiento de las disposiciones de este Código y de los reglamentos, resoluciones e instrucciones que le complementen, y sancionar a los infractores. Por su parte el artículo 156 del cuerpo legal en comento establece que las actuaciones de fiscalización serán realizadas por funcionarios del Servicio Nacional de Salud, y que cuando con ocasión de ello se constatare una infracción a dicho Código o a sus reglamentos se levantará un acta dejándose constancia de los hechos materia de la infracción.

Teniendo en consideración lo anterior, la existencia de un órgano del Estado "Servicio Nacional de Geología y Minería- que esté encargado de dar aplicación y de fiscalizar el Reglamento de Seguridad Minera, no anula la responsabilidad que el Servicio de Salud tiene sobre la fiscalización de lo que se relaciona con la higiene y seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo, por cuanto esa es precisamente una de las funciones para las cuales fue creado y el sentido de su existencia.

Desde este punto de vista se puede sostener que el Secretario Regional de Salud no ha contrariado con su actuar lo dispuesto en los artículos 7
de la Constitución Política de la República y 2 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, por cuanto ha actuado dentro de su competencia, ejerciendo las atribuciones que expresamente le ha conferido el ordenamiento jurídico. A lo anterior se debe agregar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 de la Decreto Ley N° 3.525 "Ley Orgánica del Servicio Nacional de Geología y Minería- el objeto específico de dicha entidad es el servir de asesor técnico especializado del Ministerio de Minería en materias relacionadas con la geología y minería y desempeñar las funciones que le señale dicho cuerpo legal. De lo anterior se concluye, así como lo hizo el fallo recurrido, que el Sernageomin tiene una competencia exclusiva que no se relaciona con la salud pública y las condiciones de salud en los lugares de trabajo.

Séptimo: Que en lo que se refiere a la vulneración de las normas que dicen relación con el principio de especialidad, esto es, en la preeminencia que se le dio al Decreto Supremo N° 594 por sobre el Reglamento de Seguridad Minera, hay que partir de la base que el organismo fiscalizador y sancionador lo fue el Servicio de Salud, por lo que mal podría haber perseguido el cumplimiento de la segunda de las normas mencionadas.

Por otra parte, si bien es efectivo que el Reglamento de Seguridad Minera contiene normas regulatorias en el ámbito de las condiciones sanitarias en faenas mineras, que en el caso en análisis se refiere al artículo 66, no es menos cierto que el mismo cuerpo legal dispone en su artículo 63 que en lo que no está expresamente normado en este reglamento la empresa minera deberá cumplir con las normas sanitarias vigentes, según lo estipula el "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo", y el Código Sanitario. De este modo se entiende la exigencia que la autoridad sanitaria hizo del cumplimiento del artículo 21 del Decreto Supremo N° 594, en cuanto dispone que: "Cuando la naturaleza del trabajo implique contacto con sustancias tóxicas o cause suciedad corporal, deberán disponerse de duchas con agua fría y caliente para los trabajadores afectados". Así se debe concluir que las condiciones sanitarias que establece el Reglamento de Seguridad Minera no son las únicas que se pueden exigir, sino que son las mínimas que se deben cumplir por la empresa minera, de donde se deduce que la autoridad sanitaria no ha errado en la exigencia efectuada a la Compañía Minera Zaldívar en cuanto a contar con duchas en los lugares de trabajo.

Octavo: Que en mérito de lo expuesto el recurso de casación en el fondo en estudio no podrá prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento, dada la clara inexistencia de los errores de derecho que se denuncia.

II.- En cuanto al recurso de casación en el fondo deducido por el demandado:

Noveno: Que el recurrente funda su recurso en la infracción a lo dispuesto en los artículos 170
, 171 y 174 del Código Sanitario, 110 del Código Orgánico de Tribunales y 19 y 22 del Código Civil por cuanto sostiene que el fallo recurrido, al rechazar la reclamación formulada por la Compañía Minera Zaldívar rebajando el monto de la multa impuesta por la autoridad sanitaria, actuó fuera de su competencia. Lo anterior lo funda en el hecho que de acuerdo a las normas citadas el tribunal que conoce de la reclamación sólo puede desecharla, confirmando lo resuelto por la autoridad sanitaria, o puede acogerla, pero no está facultado para alterar o sustituir de modo alguno la sanción aplicada. Sostiene que es el artículo 170 del cuerpo legal mencionado el que fija la competencia del tribunal de primera instancia, y que establecida la de éste queda igualmente configurada la del tribunal superior, de conformidad con la regla del grado o jerarquía que contiene el artícul o 110 del Código Orgánico de Tribunales. Décimo: Que las infracciones de ley referidas, sostiene el recurrente, han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto si se hubiera hecho una correcta interpretación y aplicación de los artículos 170 y 171 del Código Sanitario en relación con el artículo 110 del Código Orgánico de Tribunales, de acuerdo al modo como debe interpretarse la ley conforme lo disponen los artículos 19 y 22 inciso 1° del Código Civil, habría llegado a la conclusión de que no era posible acceder a la petición subsidiaria formulada por la Compañía Minera Zaldívar en orden a rebajar la multa impuesta.

Undécimo: Que los sentenciadores, al acoger la petición subsidiara formulada por la reclamante en orden a rebajar el monto de la multa impuesta por la autoridad sanitaria, han efectuado una correcta aplicación de la normativa atinente al caso de que se trata, por cuanto no se puede pretender que la autoridad judicial no esté facultada para rebajar una multa impuesta, ya que si puede dejarla sin efecto al considerar que no se dan los presupuestos que la justifican, con mayor razón podrá aplicar una sanción de menor entidad por estimar que ella está más acorde con la infracción que se tuvo por configurada. De acuerdo al artículo 118 del Decreto Supremo N° 594, las infracciones a las disposiciones de ese reglamento serán sancionadas por los Servicios de Salud en cuyo territorio jurisdiccional se hayan cometido, previa instrucción del respectivo sumario, en conformidad con lo establecido en el Libro Décimo del Código Sanitario. Por su parte el artículo 174 de este último cuerpo legal, que encabeza el Título II del Libro X denominado "De las sanciones y medidas sanitarias", dispone que la infracción de las disposiciones de este Código o de sus reglamentos y de las resoluciones que dicten los Directores de los Servicios de Salud o el Director del Instituto de Salud Pública de Chile, según se a el caso, salvo las disposiciones que tengan una sanción especial, será castigada con multa de un décimo de unidad tributaria mensual hasta mil unidades tributarias mensuales. Agrega que en caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la multa original, y que además se podrá disponer la clausura del lugar donde se cometiera la infracción, la cancelación de la autorización de funcionamiento o de los permisos concedidos, la paralización de las obras, el comiso, destrucción y desnaturalización de los productos, cuando proceda. De este modo la referencia que hace el artículo 170 del Código Sanitario, en cuanto a que no se pueden dejar sin efecto o suspender la clausura y las demás medidas sanitarias ordenadas en la sentencia, no puede entenderse que impida a que el tribunal rebaje un multa por cuanto dicha disposición, por su sentido natural y obvio, debe entenderse referida a otro tipo de medidas aplicadas en un fallo. En los mismos términos, lo que regula el inciso segundo del artículo 171 del mismo cuerpo legal en cuanto a las condiciones que se deben dar para que el tribunal deseche la reclamación, no puede traer como corolario necesario que, a contrario sensu, sólo se puede acoger una reclamación y no rebajar la multa impuesta. Por último, si se estimare que el tribunal de segundo grado no puede reducir la multa aplicada, haría que no tuviera sentido la existencia de una graduación en cuanto a la sanción en este aspecto y dejaría esa decisión sólo en manos del arbitrio de la autoridad administrativa.

Décimo Segundo: Que en mérito de lo expuesto el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandada no podrá prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento dada la clara inexistencia de los errores de derecho que se denuncia.

Y conforme, además, a lo dispuesto en el artículo 782
del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en el fondo interpuestos en lo principal de fojas 512 y 503 por la parte demandante y demandada, respectivamente, en contra de la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil diez, escrita a fojas 498.

Redacción a cargo del Ministro Señor Pierry.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministro s Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito y Sr. Roberto Jacob.

Autorizada por la Secretaria de esta Corte Sra. Rosa María Pinto Eguzquiza.

 

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