Servicio de la Vivienda y Urbanismo Quinta Región
kathy Martes 28 de Diciembre del año 2010 / 6:07

Tribunal: Corte Suprema
 
Fecha: 26-oct-2010

La circunstancia que los postes de alumbrado público quedaren ubicados en la calzada no obstante la circunstancia de no habérsele entregado la franja de terreno en que debían ser instalados por parte de la empresa demandada, proviene de un hecho propio del actor y por ello, el resultado dañoso lo que él denomina desprestigio no constituye una consecuencia necesaria de la condición imputada.

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en la forma deducido contra la sentencia que rechazó la demanda por entender que la acción se encuentra prescripta, toda vez que al decidir de esta manera se incurrió en el defecto ultra petita, pues se ha pronunciado respecto de una excepción ajena a las defensas y alegaciones invocadas por la parte demandada, extendiéndose a un punto extraño a los sometidos a la decisión de los juece. En efecto, la decisión del tribunal de alzada de rechazar la pretensión de la sociedad demandante de ser indemnizada por los perjuicios causados, entendiendo que no puede reclamarlos porque tampoco ha cumplido sus obligaciones o no se encuentre llana a hacerlo, importa la existencia del vicio de casación formal que se denuncia contemplado en el N°4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.

2.- debe rechazarse la demanda intentada en orden a que se indemnice los daños sufridos, por cuanto no concurren los elementos que darían lugar a la responsabilidad contractual demandada, impidiendo que se configure un daño indemnizable ante la ausencia de vínculo causal entre el hecho por el cual se pretende que se responda y los perjuicios cuya indemnización se reclama; éstos no son causa inmediata y directa de la conducta de la demandada porque el hecho pudo ser evitado por el propio demandante, toda vez que ante la carencia de terreno para levantar los postes el constructor no estaba obligado a pavimentar, salvo que como lo hizo, aceptara la insensata localización de los mencionados postes, que implicó que éstos quedaran durante un tiempo dentro de la calzada, debiendo la empresa demandante implementar advertencias a los usuarios de la avenida acerca de dichos obstáculos.

3.- Corresponde revocar parcialmente la sentencia en la parte que desestima la acción indemnizatoria de perjuicios a título de daño moral la que debe ser acogida pues es un hecho no debatido que el Serviu demandado incurrió en atraso de un lapso aproximado de un año en el proceso de expropiación de los terrenos en que se debían emplazar los postes de alumbrado público y que a raíz de ello la sociedad demandante quedó impedida de gestionar con la empresa concesionaria del alumbrado el traslado de éstos quedando los postes temporalmente ubicados en la mitad de la calzada de una avenida debiendo implementar señalización de circulación para evitar accidentes, situación que fue dada a conocer al menos a través de publicaciones en la prensa en la que se nombró a la empresa actora como ejecutora de la obra en la que quedaron en la mitad de la calzada los postes de alumbrado público dañándose la imagen de la actora. (Del voto de disidencia del Ministro señor Jacob)

FALLO

Santiago, 26 de octubre de 2010.-

Vistos:

En estos autos rol N° xxxx, juicio ordinario de indemnización de perjuicios, la parte demandante ha deducido recursos de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que "en lo que interesa- confirmó el fallo de primer grado del Cuarto Juzgado Civil de la misma ciudad que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por Sociedad Constructora xxxx y por don xxxxx.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma.

Primero: Que el recurrente denuncia la existencia de la causal de ultra petita contemplada en el artículo 768
N° 4 del Código de Procedimiento Civil, esto es cuando se decide otorgando más de lo pedido por las partes o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal.

Segundo: Que el recurso explica que de acuerdo a lo razonado en el fundamento duodécimo se aplicó la excepción del contrato no cumplido, no obstante que la parte contraria nunca invocó tal excepción, ni en la fase de discusión ni tampoco en el recurso de apelación. En efecto, aduce que la demandada no argumentó en su defensa no haber cumplido su obligación en virtud de que Constructora xxxx no habría cumplido la suya, o no se encontraba llana a hacerlo.

Tercero: Que el impugnante señala que el perjuicio provocado por haberse incurrido en el vicio es manifiesto, por cuanto de no haberse incurrido en él, la acción de su parte habría sido acogida, teniendo en consideración que el único argumento que tuvo el sentenciador para desestimar la demanda fue el esgrimido en la motivación duodécima.

Cuarto: Que es conveniente consignar que la demanda que dio origen a estos autos fue interpuesta por Fernando Messen Angarita y por la Sociedad Constructora xxx en contra del Servicio de la Vivienda y Urbanismo Quinta Región. En síntesis, se basa la acción en que la parte demandada no cumplió o bien cumplió tardíamente una serie de obligaciones que le imponía el contrato de construcción de obra pública celebrado entre ellos, situación que le irrogó a la empresa perjuicios a título de daño emergente, lucro cesante y daño moral. En la demanda se aprecia que Fernando Messen Angarita "representante de la sociedad referida- invoca el estatuto de responsabilidad extracontractual, mientras que Constructora Megauno el contractual.

Quinto: Que, a su turno, la parte demandada al contestar la demanda invocó las siguientes alegaciones y defensas:

1.- La acción se encuentra prescrita conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 16.742.

2.- La parte demandante carece de legitimación activa, por cuanto contractualmente renunció a las acciones de indemnización de perjuicios.

3.- La demandada no tiene legitimación pasiva, atendido que la demanda debió dirigirse en forma exclusiva en contra del Gobierno Regional o bien en conjunto contra Servicio de Vivienda y Urbanismo, desde que este último organismo actuó en virtud de un convenio mandato.

4.- La parte demandada no tiene responsabilidad por cuanto los perjuicios tuvieron su fundamento en hechos fortuitos e imprevistos constituyendo el riesgo de cargo del contratista, atendido que el pago del precio del contrato se pactó a suma alzada.

Sexto: Que la sentencia de primer grado rechazó la demanda interpuesta por Constructora xxxx, por cuanto acogió una excepción de prescripción; y respecto de la acción deducida por xxxx, la desestimó por no haber acreditado el daño invocado.

En contra de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de casación en la forma y apelación. En cuanto al primer recurso, si bien los jueces constataron el vicio previsto en la causal 5ª del artículo 768 en relación con el artículo 170
Nº 4 del Código de Procedimiento Civil, señalando que no se han establecido con precisión los hechos, lo que resulta de la omisión de ponderar la prueba, afirman que subsanarán el defecto por la vía de la resolución del recurso de apelación.

La sentencia de segunda instancia, luego de establecer los hechos, razona en el fundamento duodécimo que fluye que tanto la actora como la demandada dejaron de cumplir lo pactado; la demandante porque no obstante las prórrogas del plazo inicial pactado, hizo entrega de las obras con posterioridad a la fecha de su culminación, y la demandada porque no obtuvo en el tiempo convenido la disponibilidad de los terrenos cuya expropiación se requería para el traslado de las postaciones de Chilquinta, situación que además aceptó la actora al dar inicio a las obras, manteniendo las aludidas postaciones en su lugar original.

Séptimo: Que de lo señalado aparece claramente que la sentencia recurrida incurrió en el defecto invocado, pues se ha pronunciado respecto de una excepción ajena a las defensas y alegaciones invocadas por la parte demandada, extendiéndose a un punto extraño a los sometidos a la decisión de los jueces, fallando en consecuencia ultra petita. En efecto, la decisión del tribunal de alzada de rechazar la pretensión de la sociedad demandante de ser indemnizada por los perjuicios causados, entendiendo que no puede reclamarlos porque tampoco ha cumplido sus obligaciones o no se encuentre llana a hacerlo, importa la existencia del vicio de casación formal que se denuncia contemplado en el N°4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.

Octavo: Que lo anteriormente expuesto autoriza a esta Corte, al no existir otro medio idóneo para corregir la deficiencia procesal comprobada, a casar la sentencia de segundo grado por adolecer del vicio que se indicó.

De conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 764
, 765 , 766 y 786 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se acoge el recurso de casación en la forma interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 541 contra la sentencia de cuatro de agosto de dos mil ocho, escrita a fojas 528, la que por consiguiente es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación.

Atendido lo resuelto, se tiene como no interpuesto el recurso de casación en el fondo deducido en el primer otrosí del escrito de fojas 541.

Regístrese.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Araneda.



Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sra. Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito, Sr. Roberto Jacob y el Abogado Integrante Sr. Benito Mauriz.

Autorizada por la Secretaria subrogante de esta Corte Srta. Ruby Vanessa Sáez Landaur.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

Santiago, 26 de octubre de 2010.-

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 786 inciso tercero del Código de Procedimiento Civil, se procede a dictar la siguiente sentencia de reemplazo:

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada de fojas 350, con excepción de sus considerandos undécimo a décimo cuarto, décimo quinto, décimo noveno, vigésimo y vigésimo primero.

De la sentencia casada se reproducen sus fundamentos primero y segundo del acápite referido al recurso de casación en la forma y los considerandos primero y cuarto a décimo concernientes al recurso de apelación. Asimismo, se mantiene el considerando undécimo, salvo la parte que se contiene en el primer párrafo en la que se lee: "otorgando estos sentenciadores mayor valor a la prueba de testigos de la demandada, no obstante ser en menor número a la de la actora, por estimar que dicen la verdad por estar mejor instruidos de los hechos". Además, en el aludido considerando se eliminan los párrafos antepenúltimo y último.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que la acción deducida por Fernando Messen Angarita y Sociedad Constructora Megauno y Compañía Limitada en contra del Servicio de Vivienda y Urbanismo Quinta Región es de responsabilidad extracontractual y contractual, respectivamente, la que fundamentan en el incumplimiento de ciertas obligaciones surgidas de un contrato de construcción a suma alzada relativo al ensanche y pavimentación de la Avenida Santa Cruz de la comuna de La Cruz. Señalan que el organismo estatal quebrantó la obligación de ejecutar el proceso de expropiaciones de quince inmuebles y de entregar los terrenos afectados al contratista dentro del plazo comprometido y, por otra parte, no contó con la autorización de la asociación de canalistas del sector para los efectos que el contratista pudiere llevar a cabo la reposición y construcción del canal de regadío existente en el lugar. Explica que la circunstancia de no haber entregado oportunamente los terrenos a expropiar trajo como consecuencia que su parte no pudo materializar el traslado de los postes de alumbrado público, por cuanto la empresa Chilquinta para llevar a cabo tal labor exigía que los inmuebles en los cuales se reubicarían los postes fuesen de dominio fiscal, toda vez que no era posible hacerlo en bienes de dominio privado y sin tener servidumbre que le amparara. Tal situación implicó que los postes quedaron durante un tiempo dentro de la calzada, debiendo la empresa demandante implementar advertencias a los usuarios de la avenida acerca de dichos obstáculos. Expresa que a raíz de lo anterior recibió reclamos de los usuarios, de la autoridad edilicia e incluso de una Diputada, además de haber sido publicado el suceso en el diario El Mercurio de Valparaíso. En el plano normativo, argumentan los actores que la ley previó la situación que de existir un retardo inimputable al contratista éste sea resarcido por la autoridad, cuando la demora sea responsabilidad de ésta. Además la necesidad de resarcir al contratista producto de una variación unilateral de las condiciones del contrato obedece al principio informador del contrato administrativo de desigualdad de las partes contratantes.

Sostienen que e l incumplimiento contractual causó a la empresa demandante perjuicios por concepto de daño emergente, los que avalúa en la suma de cuarenta y cuatro millones ochocientos sesenta y dos mil setecientos noventa y seis pesos; a título de lucro cesante la cantidad de trescientos millones de pesos; y por concepto de daño moral, fundado en el desprestigio público a la empresa generado por la molestia de los residentes del lugar, de las autoridades comunales e incluso ministeriales y regionales, ciento cincuenta millones de pesos.

Segundo: Que en la contestación de la demanda se solicita su rechazo en virtud de las siguientes excepciones, alegaciones y defensas:

1.- Excepción de prescripción extintiva de las acciones del contratista de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 16.742 modificado por la letra b) del artículo 186 de la Ley 16.840, aplicable a los Serviu regionales de acuerdo a lo señalado en el artículo 30 del D.L. 1305.

2.- El actor carece de legitimación activa, por cuanto de acuerdo a lo estipulado el contratista no tiene derecho a cobrar indemnización a la Intendencia Quinta Región Valparaíso y Serviu de la misma región ni podrá pedir modificaciones del contrato por pérdidas, averías o perjuicios que los trabajos causen, ni por las alzas que puedan ocurrir en el precio de los materiales o jornales, si ello no se ha pactado expresamente, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma expresa para dicho contrato.

3.- En lo tocante al actor xxxx éste carece de acción, por cuanto es un tercero ajeno al vínculo contractual. Por otra parte, no es posible sostener que un incumplimiento contractual constituya fuente de obligación de indemnizar perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual.

4.- La parte demandada no tiene legitimación pasiva, atendido que la acción debió dirigirse en forma exclusiva contra el Gobierno Regional o bien en conjunto también contra el Serviu Quinta Región, ya que este último actuó en virtud de un convenio mandato.

5.- Los perjuicios tuvieron su fundamento en hechos fortuitos e imprevistos constituyendo el riesgo de cargo del contratista atendido que el pago del precio del contrato se pactó a suma alzada, conforme a lo dispuesto en los artículos 50 y 31 del D.S. Minvu Nº 29 de 1984. Señaló que existió demora en el proceso de concreción de las expropiaciones por cuanto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo sólo proveyó los fondos necesarios en noviembre de 2002, por lo que el 20 de ese mismo mes se consignaron las indemnizaciones iniciándose los procesos ante el Primer Juzgado de Letras de Quillota.

Tercero: Que en lo referente a las excepciones de prescripción y de falta de legitimación activa y pasiva, esta sentencia se atendrá para su rechazo a lo razonado en los fundamentos cuarto, sexto y octavo de la sentencia anulada, los que se han expresamente reproducido en el presente fallo.

Cuarto: Que, por otra parte, de las motivaciones del fallo casado que se han reproducido quedó establecido que la parte demandada incurrió en incumplimiento contractual, fundamentalmente por contravenir el deber de llevar a cabo los procesos de expropiaciones y entregar los terrenos al contratista dentro del plazo convenido.

Quinto: Que en lo atinente a la causal de exención de responsabilidad contractual basada en que el incumplimiento se debió a hechos fortuitos e imprevistos, lo cierto es que el demandado desatendió la regla prevista en el artículo 1698
del Código Civil en cuanto era de su cargo probar los referidos hechos, por lo que sólo cabe desestimar la defensa esgrimida.

Sexto: Que entonces corresponde determinar si como consecuencia del incumplimiento contractual en que incurrió la parte demandada se ocasionaron los perjuicios invocados por concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral.

Séptimo: Que en lo tocante al daño emergente es fundamental señalar que la parte demandante, con el objeto de acreditar la existencia y monto de los perjuicios demandados con motivo de gastos de oficina (dieciséis millones seiscientos cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y seis pesos) y gastos en obra de Santa Cruz (veinticinco millones doscientos tres mil quinientos diez pesos), acompañó junto a su demanda numerosa documentación consistente en copias simples de boletas y facturas emitidas por las empresas xxxxxxxxx, comprobantes por gastos comunes y de arriendo de inmueble, liquidaciones de sueldos de los trabajadores que se desempeñaron para la sociedad demandante, boletas entregadas por estaciones de venta de combustible y copias simples de boleta de garantía. Sin embargo, la totalidad de esos documentos fueron objetados por la demandada por tratarse de instrumentos privados, no reconocidos en juicio por parte de la persona que los extiende y por no constar su veracidad e integridad.

Octavo: Que la mencionada objeción documental, según se lee de lo resolutivo de la sentencia de primer grado, fue acogida. No obstante, el recurso de apelación deducido por el actor a fojas 387 ninguna alusión realiza a dicha decisión, ni tampoco contiene alguna petición orientada a que el fallo sea revocado en dicha parte. Así las cosas, no es posible otorgar valor probatorio alguno a la señalada prueba instrumental.

Noveno: Que en consideración a lo razonado y teniendo presente que los restantes medios probatorios rendidos para acreditar la existencia de los gastos invocados, incluyendo ahora además los que derivarían de la interposición de un recurso de amparo económico, no se encuentran demostrados por el actor como era de su cargo hacerlo, habrá de desestimarse la pretensión indemnizatoria examinada.

Décimo: Que en lo relativo a la solicitud de indemnizar perjuicios por concepto de lucro cesante basta con señalar que el actor tampoco rindió prueba alguna en tal sentido, por lo que también habrá de rechazarse tal petición.

Undécimo: Que en lo concerniente a la pretensión que se indemnice a la sociedad Constructora xxxxx. los daños extrapatrimoniales, es pertinente señalar que no es posible tener por establecido con la prueba rendida por el actor la existencia de la relación causal entre el incumplimiento contractual en que incurrió la demandada y dicho perjuicio invocado.

En efecto, era de cargo del actor demostrar que los perjuicios alegados tenían una relación causal con la conducta de la parte demandada, esto es, que aquellos eran producto de ésta; sin embargo, la circunstancia que los postes de alumbrado público quedaren ubicados en la calzada no obstante la circunstancia de no habérsele entregado la franja de terreno en que debían ser instalados, proviene de un hecho propio del actor y, por ello, el resultado dañoso lo que él denomina desprestigio no constituye una consecuencia necesaria de la condición imputada. En efecto, en el presente caso se trató del hecho voluntario del actor de haber ejecutado la obra "con prórrogas de plazo concedidas- dejando los postes en la calzada, aceptando la mantención forzada de los postes, aún cuando lo absurdo de la situación era evidente.

Duodécimo: Que de lo expresado sólo cabe concluir que no concurren los elementos que darían lugar a la responsabilidad contractual demandada. En efecto, la circunstancia fáctica que se ha destacado en el motivo precedente impide que se configure un daño indemnizable ante la ausencia de vínculo causal entre el hecho por el cual se pretende que se responda y los perjuicios cuya indemnización se reclama, por cuanto, como se ha enfatizado, éstos no son causa inmediata y directa de la conducta de la demandada porque el hecho pudo ser evitado por el propio demandante toda vez que ante la carencia de terreno para levantar los postes el constructor no estaba obligado a pavimentar, salvo que como lo hizo, aceptara la insensata localización.

Décimo tercero: Que en relación a la pretensión indemnizatoria del actor xxxxxx, es menester señalar que no hay prueba de que se le hayan producido perjuicios personales originados por la actuación de la demandada, por lo que es procedente desestimar su reclamación.

Por estas consideraciones y disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 144
y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se resuelve:

A.- Que se revoca la sentencia apelada de veintitrés de agosto de dos mil siete, escrita de fojas 350 a 381, en cuanto por ésta se acoge una excepción de prescripción y se declara en su lugar que se rechaza dicha excepción.

B.- Que se confirma la mencionada sentencia, con declaración que la acción interpuesta en lo principal de la presentación de fojas 1 es rechazada y que las excepciones opuestas por la demandada también son desestimadas.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Jacob, quien estuvo por revocar la sentencia apelada únicamente en la parte que desestima la acción indemnizatoria de perjuicios a título de daño moral y decidir en cambio que se acoge dicha pretensión, en virtud de las siguientes consideraciones: 1°) Que es un hecho no debatido que el Serviu Quinta Región incurrió en atraso "de un lapso aproximado de un año- en el proceso de expropiación de los terrenos en que se debían emplazar los postes de alumbrado público y que a raíz de ello la sociedad demandante quedó impedida de gestionar con la empresa Chilquinta Energía dicho traslado, por lo que los postes quedaron temporalmente ubicados en la mitad de la calzada de Avenida Santa Cruz, debiendo implementar señalización de circulación para evitar accidentes.

2°) Que asimismo es un hecho no cuestionado que la situación acaecida fue dada a conocer al menos a través de publicaciones en el Diario El Mercurio de Valparaíso a principios del año 2002, en las que se nombró a la empresa "Megauno" como ejecutora de la obra en la que quedaron en la mitad de la calzada los postes de alumbrado público.

3°)Que ade más la parte demandante rindió prueba testimonial y es así que el testigo don Raúl Urrutia Avila (fs. 193) afirma que se produjo una controversia pública por la situación de los postes que quedaron al medio de la calzada, toda vez que la Diputada señora Mella y la Alcaldesa de la Cruz reclamaban por ello, recogiendo a su vez los reclamos de los usuarios inculpando a la demandante, al igual que en los medios de comunicación tanto en Quillota como Valparaíso, en los que se enrostraba públicamente esta situación a la empresa constructora, todo lo cual ocasionó un perjuicio en su imagen comercial de credibilidad. El testigo Alvaro Moraga Fritz (fs. 201) explica que se causó un descrédito a la empresa demandante por cuanto las autoridades municipales le imputaron a través de periódicos de amplia circulación la supuesta irregularidad de haber dejado los postes en la mitad de la calle. Enseguida el testigo xxxx(fojas 211) en su calidad de miembro de la Comisión de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo expresa que hubo consecuencias muy negativas para la empresa, que hay un problema de imagen pública ya que todo esto salió por la prensa, incluso participaron alcaldes, diputados, todo ello por la gravedad que una obra no pueda finalizarse por los postes en la calzada. Finalmente, a fojas 217 depuso Juan Rodríguez Matta por la situación de los postes que quedaron en medio de la calzada, existiendo reclamos de parte de la alcaldesa, de los vecinos, carabineros, incluso una diputada hizo una publicación en un diario y en general publicaciones varias en los medios, por lo insólito de ver la calzada con postes, siendo el mayor perjuicio en su imagen.

Ponderados tales testimonios de conformidad a lo dispuesto en el artículo 384
regla segunda del Código de Procedimiento Civil, puede colegirse que la situación sufrida por la empresa Sociedad Constructora xxxx produjo un desprestigio en su imagen en el ámbito de sus actividades.

4°) Que es pertinente señalar que el resarcimiento del daño moral en sede contractual es procedente, por cuanto el artículo 1556
del Código Civil no excluye el daño moral ni dispone que la indemnización sólo abarque el daño emergente y el lucro cesante. Por otra parte, se ha entendido en doctrina que el resarcimiento del daño moral en sede contractual comprende a partir del concepto de "daño emergente" empleado en el artículo 1556 no solamente el daño pecuniario, sino también el moral, conclusión que se deriva del alcance de la voz "daño" que usa la disposición, que alcanza a todo "detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia", esto es, a toda privación de bienes materiales, inmateriales o morales. Por último, tampoco es posible encontrar justificación para negar la indemnización por daño moral si la lesión a intereses extrapatrimoniales procede de la defección culpable o maliciosa de uno de los contratantes.

5°) Que a su turno, en relación con el daño moral demandado -y según se ha señalado jurisprudencialmente- tampoco existe razón para impedir la acción de personas jurídicas por tales daños, pues si bien es cierto que nuestra legislación no se pronuncia al respecto, el concepto de daño moral ha evolucionado doctrinariamente desde una acepción restringida del doloris pretium a otro más amplio, no limitado al padecimiento o sufrimiento que comprende sólo a las personas naturales, sino también extensivo al daño derivado del deterioro o menoscabo de los derechos a la personalidad como la reputación, fama, prestigio y confianza comercial, que también alcanza a las personas jurídicas.

6°) Que, en la especie, se encuentra establecido que a consecuencia del incumplimiento contractual de la demandada la sociedad demandante vio afectado su prestigio e imagen en el concepto público de que gozaba dentro del ámbito de sus actividades, el cual debe ser indemnizado por encontrarse plenamente probado.

7°) Que atendido lo precisado en las motivaciones precedentes, es dable concluir que los perjuicios demandados en estos autos a título de daño moral deben ser reparados, pues del mérito de los antecedentes que obran en el proceso consta que éstos se encuentran acreditados, infiriéndose además que la actora fue menoscabada por el actuar impropio de la demandada, acciones que deterioraron su prestigio, las cuales tienen aspectos patrimoniales y extrapatrimoniales, siendo estos últimos los que corresponde resarcir.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.


Redacción a cargo de la Ministra señora Araneda y la disidencia a cargo de su autor.



Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sra. Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito, Sr. Roberto Jacob y el Abogado Integrante Sr. Benito Mauriz. Autorizada por la Secretaria subrogante de esta Corte Srta. Ruby Vanessa Sáez Landaur.


kathy


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