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paty Miércoles 15 de Diciembre del año 2010 / 10:06

Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción
 
Fecha: 10-sep-2010
 
 
 La arbitrariedad e ilegalidad existe desde el momento que altera la recurrida, por su propia acción, la orden de paralización de obras de instalación de la antena, decretada por el Director de Obras Municipales de la Municipalidad de San Pedro de la Paz
.1.- Corresponde acoger el recurso de protección, toda vez que se ha conculcado respecto de los recurrentes, la garantía del derecho a la integridad síquica, pues tal como se dice en el informe de la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, el estado actual de las obras a que se ha hecho referencia está representando una amenaza ante la posibilidad de colapso de su estructura en un sector poblado y aledaño a un establecimiento educacional.

2.- Si bien la recurrida tenía la autorización para instalar y operar una antena de telecomunicaciones, la construcción de la misma debía respetar las normas legales y reglamentarias establecidas en la Ley General de urbanismo y Construcciones como en su Ordenanza; debe entenderse que la arbitrariedad e ilegalidad existe desde el momento que altera la recurrida, por su propia acción, la orden de paralización de obras de instalación de la antena de que se tata, decretada por el Director de Obras Municipales de la Municipalidad de San Pedro de la Paz; puesto que en efecto, no debe la recurrida, aún cuando crea tener algún derecho, o discuta la validez del decreto de paralización de obras, actuar por vías fácticas, alterando el statu quo.

3.- Ante el hecho objetivo y probado de haberse desobedecido una orden, siendo precisamente la finalidad de la acción de protección la de mantener el status quo vigente en el desenvolvimiento de los derechos para impedir, precisamente como en la especie, las acciones de facto que alteran el orden jurídico, es procedente el interpuesto en autos, por ello es que el estado de cosas no puede ser alterado, sin perjuicio de los derechos que la recurrida pudiere hacer valer en el procedimiento que corresponda.

4.- En relación con la alegación de extemporaneidad por parte de la demandada, ella debe ser desestimada, por cuanto el cómputo del plazo para interponer un recurso de protección se cuenta desde que se toma conocimiento cierto del acto u omisión que se impugna, lo que en el presente caso, respecto de los recurrentes, sólo es posible tener por acreditado que ello ocurrió cuando éstos observaron que trabajadores contratados por la recurrida entraron al predio en el cual se encuentra emplazada la antena y continuaron las obras de instalación de la misma, pese a que se encontraba vigente una orden de paralización de las mismas.
FALLO
Concepción, 10 de septiembre de 2010.-

Vistos:

Que a fojas 8 se ha solicitado amparo constitucional por xxxx, comerciante, domiciliado en Las xxxx, Lote 10, Previsto xxxx, pensionado, domiciliado en Las Violetas N° 35, Lote 11, ambos del sector Huertos Familiares de la comuna de San Pedro de la Paz, y a fojas 22 se adhiere al recurso de protección xxxx, técnico mecánico, domiciliado en calle las xxxx5, Lote 9 de Huertos Familiares, en contra de CLARO CHILE S.A., empresa del giro telecomunicaciones, domiciliada en calle Chacabuco N° 37, Concepción, por cuanto el 29 de mayo de 2010, trabajadores contratados por la recurrida ingresaron al inmueble ubicado en calle xxxxx, sector Huertos familiares de la comuna de San Pedro de la Paz, con equipo, guardias y una grúa pluma y procedieron a terminar de instalar una antena de telecomunicaciones en el predio C, pese a que existía una orden de paralización de obras de fecha 13 de diciembre de 2007, quienes, pese a la presencia de personal de Carabineros y de la Unidad de Inspección de la I. Municipalidad de san Pedro de la Paz, desobedecieron dicha orden de paralización y, haciendo caso omiso del llamado de las autoridades de Carabineros y del personal del municipio, comenzaron a trabajar levantando durante ese día la antena de telefonía celular referida, de un poco de más de 30 metros de altura. Agregan que la base sobre la cual la instalaron se encontraba en cuestionables condiciones de seguridad, con pernos doblados y en otros sectores con ausencia de éstos. Añaden que la Dirección de Obras Municipales del referido municipio, en ejercicio de las facultades que le concede el artículo 146
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (en adelante LGUC), el 13 de diciembre de 2007, a través del Oficio N° 866 ordenó la paralización de las obras de instalación de la antena en forma inmediata, "por representar un riesgo no cubierto.representando una amenaza ante la posibilidad de colapso de su estructura en un sector poblado y aledaño a un establecimiento educacional". Explican que la recurrida, por presentación de 18 de febrero de 2008, solicitó a la Dirección de Obras Municipales alzar la referida paralización pues, en su concepto, la empresa cumpliría con todo lo estipulado para reiniciar las mencionadas obras. Sin embargo la entidad municipal mantuvo su decisión bajo los mismos fundamentos, decisión esta última que no fue impugnada por la recurrida, por lo cual ésta se mantiene vigente, pese a lo cual la recurrida procedió por la fuerza y terminó la instalación de la citada antena, por lo cual incurrió en una conducta ilegal porque desobedeció una orden de paralización de faenas emanada de autoridad correspondiente, y arbitraria porque por sí y ante sí resolvió no acatar dicha orden de paralización, la que se encontraba vigente y emanada de mandato legal. Agrega que la referida antena sobrepasa en dos tercios de su altura los deslindes con los predios vecinos, encontrándose a 15 metros de un establecimiento educacional. Expresa que la conducta denunciada afecta sus vidas, su integridad física y síquica y la de sus familias y propiedades. Termina solicitando que se adopten las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho, en especial disponer la paralización de las obras y demás instrucciones entregadas por el Director de Obras Municipales, y se ordene la "desintalación" de la antena, con costas del recurso.

A fojas 90, informa el recurso de protección el abogado xxxx, representación de CLARO CHILE S.A., con domicilio, para estos efectos, en Concepción, calle Tucapel N° 391, 2° piso oficina B, pidiendo la inadmisibilidad de la presente acción constitucional por la supuesta extemporaneidad de la misma y por el hecho de existir un procedimiento especial de reclamo contemplado en la Ley N° 18.168 sobre telecomunicaciones. Informando sobre el fondo de lo debatido expresa que los antecedentes de hecho que dicen relación con la antena de propiedad de su representada, son los siguientes: 1) Mediante Decreto Supremo N°144 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de fecha 14 de Abril de 1997 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, publicado con fecha 23 de Junio de 1997 en el Diario Oficial, se otorgó concesión a Chilesat Telefonía Personal S.A. (hoy CLARO CHILE S.A.) para instalar, operar y explotar el servicio público de telefonía móvil digital 1900 (PCS) en todo el territorio nacional; 2) Mediante escritura pública de fecha 02 de mayo de 2006, CLARO CHILE S.A. arrendó a xxxx, un retazo del terreno ubicado en el interior del inmueble donde se ubica la antena de autos; 3) Mediante Decreto N° 325 de 19 de junio de 2006 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Telecomunicaciones, se autorizó a CLARO CHILE S.A. para instalar, operar y explotar diversas antenas de telecomunicaciones a emplazarse, entre ellas la de autos, en el inmueble de calle xxxx, Sector Huertos familiares, de la comuna de San Pedro de la Paz; 4) En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 5.1.2
y 2.6.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones su representada, mediante extracto publicado en el Diario Oficial con fecha 20 de abril de 2006, dio el aviso de la instalación una antena de telecomunicaciones en el referido inmueble, para quien se sintiere afectado se opusiera a ello dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la publicación de aquel extracto, plazo señalado en el artículo 15 de la Ley N° 18.168.; 5) El 08de febrero de 2007, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, CLARO CHILE S.A. otorgó los avisos de la instalación de la antena de telecomunicaciones en el referido inmueble al Director de Obras de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz, junto con acompañarse la documentación y el plano correspondiente. Sostiene que el recurso es extemporáneo; que existe un procedimiento determinado para reclamar contra las instalaciones; y no existen ilegalidades ni arbitrariedades y no se han vulnerado los derechos fundamentales de los recurrentes.

En efecto, dice que mediante el extracto publicado en el Diario Oficial de fecha 20 de abril de 2006, CLARO CHILE S.A. comunicó oficialmente el hecho que instalaría una antena de telefonía móvil en el inmueble señalado, para que quién se sintiera afectado, se opusiera a ello dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la publicación de aquel extracto, plazo señalado en el artículo 15 de la Ley N°18.168. Agrega que a partir de la fecha de publicación mencionada, los recurrentes, pudieron y estuvieron en la posibilidad cierta de conocer el acto que estima ilegal, comenzando a correr el plazo para interponer el recurso en aquellos días, plazo que estaría evidentemente cumplido y vencido a la fecha de interposición del recurso. Añade que los artículos 15 y 16
de la Ley N°18.168, facultan para que cualquier persona que se sienta afectada por la instalación de una antena pueda oponerse a ello, a partir de la publicación del extracto lo que no hizo la parte recurrente, según se desprende de los considerandos del Decreto Supremo N° 325 del año 2006 (fojas 71).

Expresa que existe un procedimiento determinado e idóneo para reclamar contra las antenas de telefonía móvil, ya que los artículos 15 y 16 de la Ley N°18.168, prescriben un procedimiento racional y justo para aquellas personas que, sintiéndose afectadas con la instalación de una antena, reclamen de ella a la autoridad del ramo, esto es: al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Finalmente, dice que no se configuran los requisitos para acogerlo, especialmente, por cuanto no existe un acto u omisión ilegal o arbitrario por parte de su representada y menos se han vulnerado ni amenazado ninguno de los derechos fundamentales de los recurrentes, pues los artículos 3
, 8 ,14 y siguientes de la Ley N°18.168, Ley General de Telecomunicaciones, facultan a su representada para instalar, operar y explotar antenas de telefonía móvil. Agrega que en el ámbito administrativo, su representada se encuentra autorizada expresamente para instalar antenas de telefonía móvil: el DS N°144 de abril de abril de 1997 (fojas 63), que la faculta para instalar, operar y explotar antenas en todo el territorio nacional; y por la Resolución Exenta N°325 de 19 de junio de 2006 (fojas 71); y en el plano contractual, en virtud de un contrato de arrendamiento, Smartcom S.A. arrendó inmueble, con el fin de instalar una antena de telefonía móvil lo cual fue aceptado expresamente por el arrendador (fojas 74).

A Fojas 100, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la admisibilidad de la acción de protección:

1°) Que la empresa recurrida formula dos alegaciones formales tendientes a que se declare inadmisible la acción constitucional de protección que se dirige en su contra. En primer término, sostienen que ella fue interpuesta fuera del plazo que prevé el Auto Acordado que regula la tramitación y fallo del recurso de protección. Luego, que la Ley General de Telecomunicaciones otorga una oportunidad y regula un procedimiento especial con sujeción al cual los interesados podrían oponerse a la instalación de las antenas de telefonía móvil;

2°) Que en lo que dice relación con la alegación de extemporaneidad, ella será desestimada, por cuanto el cómputo del plazo para interponer un recurso de protección se cuenta desde que se toma conocimiento cierto del acto u omisión que se impugna, lo que en el presente caso, respecto de los recurrentes sólo es posible tener por acreditado que ello ocurrió cuando éstos observaron que trabajadores contratados por la recurrida entraron al predio en el cual se encuentra emplazad a la antena y continuaron las obras de instalación de la misma, pese a que se encontraba vigente una orden de paralización de las mismas, hecho que ocurrió los días 27, 28 y 29 de mayo de 2010, según consta del recurso de fojas 8 y del informe de fojas 28;

3°) Que también será rechazada la alegación de que en el presente caso debió impugnarse la instalación de la antena con sujeción al procedimiento especial que prevé la Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, ya que esta acción constitucional puede ser ejercida, como explícitamente lo señala el artículo 20
de la Carta Fundamental, "sin perjuicio de otros derechos"

II.- En cuanto al fondo de la acción de protección:

4º) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

5º) Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas;

6°) Que en consecuencia, para la procedencia del recurso de protección, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas protegidas por esta vía; y, d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

7°) Que el acto motivo de la presente acción cautelar lo constituye la instalación de una antena para la transmisión de ondas electromagnéticas de teléfonos celulares ordenada por la recurrida CLARO CHILE S.A. en calle Las Violetas N° 1.941 de la comuna de San Pedro de la Paz;

8°) Que de acuerdo al mérito de los antecedentes acompañados al proceso se encuentra establecido en autos que, por Decreto Supremo N° 144, de 14 de abril de 1997, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley N° 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, otorgó a "Chilesat Telefonía personal S.A. (hoy CLARO CHILE S.A.) una concesión de servicio público de telefonía móvil digital 1.900 (PCS), autorizando a la concesionaria para instalar, operar y explotar diversas antenas de telecomunicaciones de telefonía móvil digital 1900 (PCS);

9º) Que en ejercicio de las prerrogativas que le otorga la concesión, "CLARO CHILE S.A." ha iniciado desde el año 1997 a la fecha un plan de instalación y expansión de diversas estaciones base autorizadas, dando estricto cumplimiento a la normativa de urbanismo para la instalación de antenas de telecomunicaciones, conforme a lo ordenado en el artículos 2.6.3
y 5.1.2. N° 7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, dando también el aviso de instalaciones ante la Dirección de Obras Municipales y adjuntando los planos que acreditan el cumplimiento de los restantes requisitos sectoriales;

10°) Que en conformidad a lo estatuido en el N°7 del artículo 5.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la instalación de antenas no requiere permiso del Director de Obras Municipales respectivo, pues en este caso es suficiente la presentación ante dicho funcionario, con una anticipación de a lo menos 15 días, de un aviso de instalación y un plano, suscrito por las personas allí indicadas, que grafique el cumplimiento de las disposiciones previstas en el artículo 2.6.3. Debe agregarse que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso final del artículo 2.1.24 de la misma Ordenanza, las antenas con sus soportes y elementos rígidos con sus elementos adicionales se entenderán complementarias a los usos de suelo residencial, equipamiento, actividades productivas, infraestructura y área verde, de suerte que la instalación de una antena en alguna de estas áreas es concordante con el uso del suelo;

11°) Que como hechos no controvertidos por la partes pueden señalarse los siguientes:

a.- Que mediante Decreto Supremo N° 144, de 14 de abril de 1997, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, se otorgó concesión a Chilesat Telefonía Personal S.A., hoy Claro Chile S.A. para instalar, operar y explotar el servicio público de telefonía móvil digital 1900 (PCS) en todo el territorio nacional;

b.- Que mediante Decreto Supremo N° 325 se concedió autorización definitiva a CLARO CHILE S.A. para instalar, operar y explotar diversas antenas de telecomunicaciones, una de ellas a emplazarse en el inmueble ubicado en Las Violetas N° 1941 de la comuna de san Pedro de la Paz;

c.- Que mediante extracto publicado en el Diario Oficial de 20 de abril de 2006 la recurrida comunicó oficialmente el hecho que instalaría una antena de telefonía móvil en el inmueble recién señalado;

d.- Que el 08 de febrero de 2007 la recurrida envió los avisos de la instalación de la antena de telecomunicaciones en el referido inmueble, al Director de Obras Municipales;

e.- Que el 13 de diciembre de 2007 la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de San Pedro dictó el ordinario N° 866 en virtud del cual ordenó la paralización de las obras de instalación de la ya referida antena;

f.- Que el 04 de abril de 2008, la misma repartición municipal rechazó la petición de la recurrida y mantuvo la paralización de obras ya indicada;

12°) Que la ley autoriza decretar la paralización de faenas y, eventualmente, disponer la demolición de determinadas obras, teniendo en vista el interés público -que es el fin de todo acto administrativo - y si esas restricciones se vulneran, aquella autoridad puede ejercer las atribuciones que se le han conferido legalmente, cuyo motivo será precisamente la infracción a la normativa sobre urbanismo y construcciones y, su finalidad, la de cautelar dentro de la comuna que las edificaciones se efectúen cumpliendo las normas legales y reglamentaria vigentes;

13°) Que, en concordancia con lo afirmado precedentemente, el artículo 116
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone: "La Construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General". Por su parte, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones señala, en su artículo 5.1.2 que "El permiso no será necesario cuando se trate de:.N° 7 Instalación de antenas. En este caso el interesado deberá presentar a la respectiva Dirección de Obras Municipales, con una antelación de al menos 15 días, un aviso de instalación adjuntando los siguientes documentos: a) Plano que cumpla con lo dispuesto en los incisos decimoquinto al decimoséptimo del artículo 2.6.3. de la presente Ordenanza. Dicho plano deberá ser suscrito por el propietario del predio donde se efectuará la instalación y por el operador responsable de la antena. B) Plano de estructura de los soportes de la antena firmado por un profesional competente. C) Autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en conformidad a lo establecido en la ley N° 18.168 Ley General de Telecomunicaciones. D) Instrumento en que conste el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil, cuando corresponda"

14°) Que, a su turno, el artículo 2.6.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, dispone que "A las antenas con sus soportes y elementos rígidos no les serán aplicables las rasantes. Sin embargo, deberán cumplir con un distanciamiento mínimo de un tercio de su altura total., salvo los casos que indica, y que no dicen relación con lo discutido en autos;

15º) Que, asimismo, entre otras atribuciones, el artículo 148
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones entrega al Alcalde, "a petición del Director de Obras", la facultad para ordenar la demolición total o parcial, a costa del propietario, de cualquiera obra en los casos que allí se indican. Este último, conforme a lo dispuesto en el artículo 146 , sólo tiene facultades, "mediante resolución fundada", para ordenar la paralización de cualquiera obra en los casos en que hubiere lugar a ello;

16°) Que a la luz de las disposiciones legales y reglamentarias señaladas precedentemente, aparece que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la instalación de la antena de telefonía móvil de que se trata, pues los artículos 3, 8 y 14 de la ley N° 18.168, Ley General de telecomunicaciones, facultan a la recurrida para instalar, operar y explotar dicho tipo de antenas. Además, tal como se advierte de lo expuesto en el motivo octavo de este fallo, la recurrida se encuentra autorizada para la instalación de antenas como la ya mencionada, pues así lo establece expresamente el Decreto Supremo N° 144, de abril de 1997, que le permite instalar antenas en todo el territorio nacional;

17°) Que asimismo, y tal como ya se dijo, el artículo 2.6.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones dispone expresamente que "a las antenas con sus soportes y elementos rígidos no les serán aplicables las rasantes", aunque sí "deberán cumplir con un distanciamiento mínimo" que detallan los incisos 12° y 13°. Respecto de esto último cabe señalar que si bien es cierto que primitivamente la Municipalidad de san Pedro de la Paz fundó la paralización de la s obras de instalación de la antena en una supuesta infracción a los distanciamientos mínimos, no lo es menos que posteriormente ello fue subsanado, según se dice expresamente por el referido municipio en su informe de fojas 28;

18°) Que al estar subsanado el problema de los distanciamientos mínimos, la única razón vigente de las invocadas por el ente municipal para mantener la paralización de las obras de instalación está constituida por la "amenaza ante la posibilidad de colapso de su estructura en un sector poblado y aledaño a un establecimiento educacional" (documento de fojas 1) y que "la construcción de este elemento en un lugar poblado y aledaño a un establecimiento educacional representa un riesgo no cubierto, pues al contemplarse un distanciamiento mínimo equivalente a un tercio de la altura total de la estructura , un posible colapso provocaría una caída de los dos tercios restantes en propiedades vecinas", agregando que dicho riesgo "no ha sido cubierto"

19°) Que así las cosas, las partes están de acuerdo en cuanto a la ocurrencia del hecho cuestionado, como también en que a la fecha de ocurrencia del mismo se encontraba vigente la orden de paralización de las obras de instalación de la antena en comento, en virtud de los fundamentos expuestos por la Municipalidad de San Pedro de la Paz y que se reseñaron en el motivo precedente;

20°) Que el ejercicio de todo derecho, tiene como limitación el ejercicio del derecho de los demás y, en el presente recurso, está acreditado que si bien la recurrida tenía la autorización para instalar y operar una antena de telecomunicaciones, la construcción de la misma debía respetar las normas legales y reglamentarias establecidas en la Ley General de urbanismo y Construcciones como en su Ordenanza;

21°) Que la arbitrariedad e ilegalidad existe desde el momento que altera la recurrida, por su propia acción, la orden de paralización de obras de instalación de la antena de que se tata, decretada por el Director de Obras Municipales de la Municipalidad de San Pedro de la Paz;

22°) Que, en efecto, no debe la recurrida, aún cuando crea tener algún derecho, o discuta la validez del decreto de paralización de obras, actuar por vías fácticas, alterando el statu quo y, si tal hace, el órgano jurisdiccional debe dar la debida protección al que ha visto amagado su derecho a raíz de dicha conducta;

23°) Que, de esta manera, ante el hecho objetivo y probado de haberse desobedecido la orden en comento, siendo precisamente la finalidad de la acción de protección la de mantener el statu quo vigente en el desenvolvimiento de los derechos para impedir, precisamente, como en la especie, las acciones de facto que alteran el orden jurídico, es procedente el interpuesto en autos. Es por ello que el estado de cosas no puede ser alterado, sin perjuicio de los derechos que la recurrida pudiere hacer valer en el procedimiento que corresponda. En las actuales circunstancias, debe respetarse la orden de paralización de obras ya referida;

24°) Que, por último, es una norma general de derecho que nadie puede hacerse justicia por sí mismo y ello se encuentra acogido en forma expresa en el artículo 7°
de la Constitución Política de la República. Por consiguiente, quien se sienta afectado en su derecho debe recurrir a los tribunales en demanda de su restablecimiento, pero no actuar por sí mismo;

25º) Que lo anterior no obsta a que la recurrida pl antee las pretensiones que estime necesarias ante los tribunales de justicia o ante las autoridades correspondientes, en defensa de los derechos que crea tener, tal como ocurrió por ejemplo en una situación similar en recurso de protección Rol xxxx interpuesto por otra compañía de telecomunicaciones, el cual fue acogido y confirmado por la Excma. Corte Suprema de Justicia el 15 de octubre de 2008, pero, mientras no exista un pronunciamiento al respecto, no puede, en el interín, proceder en la forma que se conoce en estos autos, mediante auto tutela, esto es, instalando la antena de que se trata, no obstante la orden de paralización ordenada. 26º) Que la conducta de la recurrida, ilegal, como se ha dicho, ha conculcado respecto de los recurrentes, la garantía del derecho a la integridad síquica de los recurrentes pues, tal como se dice en el informe de la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, pues el estado actual de las obras a que se ha hecho referencia está "representando una amenaza ante la posibilidad de colapso de su estructura en un sector poblado y aledaño a un establecimiento educacional".

Por estas argumentaciones y lo dispuesto por los artículos 19 N°24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales
se declara que se acoge, sin costas, el interpuesto a fojas 8 por Carlos Eduardo Keller Oportus y Previsto Roque Stuardo Poblete, como asimismo su adhesión de fojas 22 formulada por Sergio Orlando Sobarzo Contreras, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá cumplir con la paralización de las obras y demás instrucciones entregadas por el Director de Obras Municipales de la I. Municipalidad de San Pedro de la Paz que aún no estuvieren cumplidas.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro don Claudio Gutiérrez Garrido.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, integrada por los Ministros señores Claudio Gutiérrez Garrido, Juan Rubilar Rivera y Jaime Solís Pino.

ROL N°xxxx.

Sr. Gutiérrez

Sr. Rubilar

Sr. Solís
 


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