Armadores artesanales deben informar al Servicio Nacional de Pesca las capturas realizadas
kathy Jueves 26 de Agosto del año 2010 / 17:32

Concepción, veintiséis de julio de dos mil diez.

Visto:

Se suprime la frase que en el motivo sexto de la sentencia en alzada dice "desde que correspondiendo el peso de la prueba a la parte denunciada, deberá darse la máxima importancia a la presunción legal de veracidad del artículo 125 N°1 de la Ley de Pesca y Acuicultura, la que no fue desvirtuada por el infractor". Se la reproduce en lo demás y se tiene también presente:

1) Que se han elevado estos antecedentes a esta Corte en grado de apelación deducida por la apoderado de la parte denunciada Sociedad Pesquera xxxx, representada por xxxx, contra la sentencia de 3 de octubre de 2008, que la condenó en su calidad de armadora de la embarcación xxx pago de una multa de 120 unidades tributarias mensuales por infracción a los artículos 63 y 64 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

2) Que en primer lugar la apelante manifestó que el artículo 113 de la mencionada ley establece claramente una sanción penal, castigando con una pena de multa la infracción al artículo 63, norma que sólo establece que los armadores deberán informar sus capturas en la forma y condiciones que fije el reglamento.

A su juicio la norma en cuestión no hace referencia en parte alguna a los hechos constitutivos de la infracción, ni menos describe claramente la conducta reprochada, vulnerándose así el principio de tipicidad consagrado en el artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución Política de la República. Señaló que esta sola circunstancia determina que la sentencia que la condenó ha sido dictada en contravención a la Constitución por aplicar una sanción sin que la ley contenga descripción alguna de los hechos que sustentan la infracción. Agregó que, en todo caso, la infracción dice relación con el armador, lo que no está en reglamentación alguna.

3) Que en conformidad a lo estatuido en el artículo 63 de la Ley de Pesca, los armadores artesanales, entre otros, "que realicen actividades pesqueras extractivas de cualquier naturaleza, deberán informar al servicio, al momento de su desembarque, sus capturas por especie y área de pesca, en la forma y condiciones que fije el reglamento", estableciendo el artículo 113 una sanción de multa de 30 a 300 unidades tributarias mensuales para quien infrinja esta obligación.

El verbo rector del hecho constitutivo de la infracción lo constituye evidentemente el deber del armador de "informar" al Servicio Nacional de Pesca las capturas realizadas, de manera que no es cierto que la infracción no se encuentre debidamente tipificada en todos sus elementos, siendo ostensible que dicha información debe ser verdadera, "fidedigna", completa y oportuna, como dice el artículo 2° del Decreto Supremo N°464 de 1995, por lo que aún de no haberlo exigido así este Decreto, la información tendría que haber cumplido con esas exigencias, ya que, de lo contrario, no habría tenido sentido la obligación impuesta al armador.

La forma y condiciones en que debe entregarse la información según el citado reglamento, dictado por mandato del artículo 64 de la Ley de Pesca, constituye una cuestión meramente de orden administrativo que tiende a facilitar los procesos internos del Servicio con la finalidad de efectuar el adecuado seguimiento de las capturas, de su transformación y comercialización.

Por consiguiente, esta primera defensa no puede ser acogida.

4) Que, en segundo lugar, la parte denunciada alegó que el sentenciador no había efectuado el menor análisis de la prueba de cargo, constituida por los informes de verificación, no señaló determinadamente los funcionarios que suscribieron los informes, su fecha y resultado de las muestras, lo que en su opinión, por ser el único medio probatorio, resulta insuficiente para acreditar la infracción.

5) Que, como se puede apreciar, la parte denunciada no impugna los informes de los verificadores, sino que sólo los considera insuficientes para demostrar la existencia de la infracción; sin embargo, ésta es sólo una cuestión de opiniones sobre el mérito probatorio de los antecedentes de cargo, debiendo primar, desde luego, la del sentenciador que los consideró suficientes para pronunciar su veredicto de condena, y no ha podido ser de otra manera, pues no se advierte que los verificadores hayan faltado a la verdad en los hechos que presenciaron e informaron, ni se divisa que hayan incurrido en falta de imparcialidad. Cada planilla aparece con el nombre del verificador, su firma y el detalle de las capturas observadas.

Así, pues, no se ve razón para negarles mérito probatorio a tales informes.

6) Que también dedujo apelación contra la sentencia definitiva la parte del Servicio Nacional de Pesca, solicitando el aumento de la multa a 300 unidades tributarias mensuales. Sin embargo, no se accederá a ello por no aparecer razonable ni equitativo que la sanción venga a quedar ejecutoriada o firme transcurridos más de cuatro años de cometidas las infracciones.

Por estos fundamentos y citas legales, se confirma la sentencia de fecha tres de octubre de dos mil ocho, escrita desde fs.27 a 29.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Redacción del Ministro Eliseo Araya Araya.

No firma el Ministro señor Freddy Vásquez Zavala, que concurrió a la vista y acuerdo del fallo, por encontrarse con feriado legal.

Rol N°2202-2009.

Sr. Araya

Sra. Mellado

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Sociedad pesquera recurre de apelación contra la resolución que acogió la denuncia por infracción a los artículos 63 y 64 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. La Corte de Apelaciones confirma la decisión impugnada

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