Resolución de la Inspección Provincial de El Loa
kathy Miércoles 25 de Agosto del año 2010 / 11:22

Que en el contexto señalado precedentemente, aparece de manifiesto que la Inspección Provincial de El Loa Calama al dictar la Resolución Nº022 de 11 de Junio de 2008, en su contenido, excedió las atribuciones que la ley le otorga, al arrogarse atribuciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia al calificar e interpretar los contratos individuales de los trabajadores de la empresa, transformándose en una comisión especial, en contravención con lo establecido en el artículo 420 del Código del Trabajo y vulnerando la garantía constitucional contenida en el inciso cuarto numeral 3º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, atendido lo concluido resulta innecesario pronunciarse sobre las otras garantías constitucionales que se acusaron como conculcadas.  

Antofagasta, veintiocho de julio de dos mil ocho. VISTOS: La presentación de fojas 3 y siguientes, efectuada por don xxxx, abogado, en representación de la SOCIEDAD xxxx LTDA., ambas domiciliados para estos efectos en calle Latorre 2579 oficina 207 de Antofagasta, quien recurre de protección en contra del INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO DE EL LOA CALAMA, don xxxx, con domicilio en calle Santa María Nº 1657 de la ciudad y Comuna de Calama, conforme al derecho que le otorga a su representado el artículo 20 en relación con el artículo 19 Nº3 inciso cuarto y números 16, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando se ordene cesar los abusos y reponer los derechos, disponiendo se deje sin efecto de inmediato la Resolución Nº 22, de fecha 11 de Julio de 2008, dicta da por el Inspector Provincial del trabajo ya individualizado y notificada a la empresa fuera de plazo, por ser ella arbitraria, ilegal y perjudicial para su representado, con costas del recurso. En relación a los hechos, expone que con fecha 9 de Abril de 2008 el Sindicato de Trabajadores Empresa xxx Limitada, Establecimiento Fundición xxxx Norte Chuquicamata, presentó un proyecto de contrato colectivo de trabajo, dando inicio a un procedimiento reglado de negociación colectiva. Agrega que con fecha 27 de Mayo de 2008 la Empresa entregó respuesta al Proyecto de Contrato Colectivo. Al día siguiente depositaron copia de la misma en la oficina de partes de la recurrida. Expone que la respuesta al proyecto contenía observaciones de legalidad, a saber las siguientes: Que a los trabajadores de que se trata, les afecta una imposibilidad legal para negociar colectivamente según sus contratos individuales de trabajo de naturaleza de obra o faena transitoria o de temporada, de acuerdo a lo que dispone el artículo 305 Nº1 del Código del Trabajo. Señala que los contratos individuales de los trabajadores que se acompañaron en la nómina del Proyecto pasaron de ser de plazo fijo a contratos por obra de faena, al señalar en la 6 que: ?El presente contrato serSeñala que los contratos individuales de los trabajadores que se acompañaron en la nómina del Proyecto pasaron de ser de plazo fijo a contratos por obra de faena, al señalar en la 6 que: ?El presente contrato será hasta la conclusión del trabajo que dio origen al contrato u o término de faena?, especificándose que se trata del contrato Nº4500795727 celebrado por la Empresa xxxx con Codelco Norte, denominado ?Construcción y Montaje equipos de control metalúrgicos en Fundición de Concentrados?, que se inició el 17 de Octubre de 2007 para terminar el 01 de Octubre de 2008, por lo que su terminación está regida por lo dispuesto en el artículo 159 Nº5 del Código del Trabajo. Expresa que con fecha 02 de Junio de 2008 la Comisión Negociadora del Sindicato objetó a su vez, la legalidad a la respuesta en cuanto a que los trabajadores involucrados en el proceso y los adheridos al mismo, no podían negociar colectivamente, de acuerdo al artículo 305 del Código del Trabajo, lo que trajo como consecuencia una fiscalización de la Inspección. Refiere que el 11 de Junio de 2008, la recurrida notificó a la empresa de la resolución administrativa contra la que se recurre, la que resulta ilegal en su consideran do 6 letras a) y b) que señala ?que los trabajadores que la empresa impugna u observa, tienen en su contrato individual de trabajo una cláusula que les impide negociar colectivamente por encontrarse en la situación prevista en el artículo 305 Nº1 del Código del Trabajo, pero observando que ella está redactada en términos genéricos, sin indicar a cual de los numerales de dicho artículo se refiere?, estableciendo una exigencia que la ley no contempla. Impugna la arbitrariedad del Considerando 6 letra e) que establece: ?De acuerdo a la fecha de ingreso de los trabajadores, a la fecha de fiscalización, varios de ellos tiene más de un año y a la fecha estimada de término de la obra, serían más trabajadores que tendrían más de un año de trabajo?, lo que revela falta de rigurosidad en la revisión pues todos ellos se suscribieron en base al contrato civil con xxxx. Manifiesta que hay una arbitrariedad evidente ya que resulta imposible que existan trabajadores con contrato a plazos superiores a un aImpugna la arbitrariedad del Considerando 6 letra e) que establece: ?De acuerdo a la fecha de ingreso de los trabajadores, a la fecha de fiscalización, varios de ellos tiene más de un año y a la fecha estimada de término de la obra, serían más trabajadores que tendrían más de un año de trabajo?, lo que revela falta de rigurosidad en la revisión pues todos ellos se suscribieron en base al contrato civil con xxxx. Manifiesta que hay una arbitrariedad evidente ya que resulta imposible que existan trabajadores con contrato a plazos superiores a un año considerando que la ejecución de las obras del contrato tiene plazo de duración de 350 días y el contrato del trabajador más antiguo es de Octubre de 2007. Impugna la interpretación que efectúa el Fiscalizador, en el Considerando 6 letra f) respecto de dicho contrato civil, al decir que ?Se establece en su número segundo que los servicios contratados consisten en la prestación de los servicios y/o ejecución de los trabajos denominados Proyecto Nº1 y Proyecto Nº 2,los que comprenden una serie de obras, agregando dicho número que la empresa contratista deberá realizar cualquier otro servicio o trabajo de su especialidad que xxxx pueda encargarle dentro de los términos de ese contrato, en la medida que no implique un cambio esencial. El mismo contrato indica en su número cuarto que la vigencia del contrato se extenderá desde el 24.09.07 y hasta la suscripción del respectivo finiquito?, pues son las partes las que interpretan sus contratos o la justicia civil que aplicará las normas pertinentes. Estima que tanto el fiscalizador como la Inspección del trabajo excedieron sus facultades más allá de lo permitido, incurriendo en ilegalidad. Impugna la calificación jurídica hecha en el Considerando 9 que concluye que las obras para las cuales ha n sido contratados los trabajadores observados por la empresa, no se tratan de una obra específica y determinada, sino de un conjunto de obras enmarcadas dentro de los denominados Proyecto Nº1 y Proyecto Nº2 señalados en el contrato con xxxx, no habiendo sido contratados por obra o faena, en tanto que en el 10 califica los contratos diciendo que la obra no reviste el carácter de transitoria y en el 11, concluye que a todos los trabajadores observados por la empresa y que son socios del Sindicato, no les afecta el impedimento de negociar establecido en el número 1 del artículo 305 del Código del Trabajo. En el Considerando 12 determina que se encuentran también habilitados para negociar colectivamente. Finalmente, el Inspector del Trabajo resolvió acoger la objeción de legalidad formulada por el Sindicato, rechazando la aplicación del artículo 305 Nº1 del Código del Trabajo y declarando que la empresa debe considerar que los trabajadores son aptos para negociar colectivamente. Sostiene que el legislador ha entregado expresamente la competencia de interpretación y aplicación de los contratos laborales, sean individuales o colectivos a los Tribunales del Trabajo, en el artículo 420 del Código respectivo, norma que en ningún caso se ve modificada o alterada por el artículo 331 del mismo cuerpo legal que entrega a la Inspección del Trabajo velar por la legalidad formal del acto, pero en ningún caso para arrogarse funciones que se encuentran entregadas a los Tribunales de Justicia. Expresa que la aludida Resolución Nº 22, vulnera gravemente los principios constitucionales, configurándose en ella un acto arbitrario e ilegal que ha privado o perturbado las siguientes garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en detrimento de su representada: la del Nº3 inciso cuarto, porque se ha arrogado atribuciones jurisdiccionales correspondientes a los Tribunales de Justicia al calificar e interpretar los contratos individuales de trabajo de los trabajadores observados, transformándose en una comisión especial. La del Nº16 en relación con el Nº21 del mismo artículo, pues obliga a su representada a negociar colectivamente con los trabajadores del Sindicato, lo que se extenderá por dos años como mínimo, en circunstancias que la obra terminará el 01 de Octubre de 2008 y el con trato colectivo de trabajo se mantendrá vigente hasta después del mes de Abril de 2010, lo que es contrario a la actividad económica que ejerce su representada como constructora y prestadora de servicios. Vulnera también la garantía contenida en el numeral 24, al transgredir el derecho de propiedad que tiene su representada como empleadora, lo que trae como consecuencia la obligación impuesta por una autoridad administrativa sin imperio legal, para exigir que se negocie colectivamente. Acompañó al recurso los siguientes documentos: 1.-Copia de Resolución Nº122; 2.- Proyecto de contrato colectivo de trabajo presentado por el Sindicato; 3.- copia de Resolución Nº0433 de 10 de Abril de 2008 del Inspector del trabajo; 4.- Respuesta de la empresa al proyecto; 5.- Contrato civil 6.- Copias de contratos de trabajo, que se mantienen en cuaderno separado. A fojas 132 la Inspección Provincial del Trabajo de El Loa Calama, evacúa el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso interpuesto, por no darse ninguno de los elementos de hecho y de derecho que la Constitución Política exige como condición para su interposición, siendo evidente la falta de actos ilegales o arbitrarios de su parte. Reseña las etapas del procedimiento de negociación colectiva ya referido por el recurrente señalando que para efectos de resolver las objeciones formuladas por la Comisión Negociadora del Sindicato, fue necesario disponer la fiscalización pertinente en la que constató lo siguiente: a) que los contratos de los 39 trabajadores observados indican en su cláusula séptima, de manera genérica que según el artículo 305 del Código del Trabajo no pueden negociar colectivamente, sin indicar en detalle a cuál de los numerales de dicho artículo se refieren; b)Que respecto de cuatro trabajadores que menciona, sus contratos de trabajo señalan en la cláusula séptima de forma genérica que no pueden negociar colectivamente por aplicación del artículo 305 del Código del Trabajo, sin indicar a cuál de los numerales de dicho artículo se refieren; c) Que respecto de otros siete trabajadores se había finiquitado su relación laboral; d) Que todos los trabajadores, con excepción de dos, fueron contratados original mente a plazo fijo, en cuyos anexos se indica una modificación hasta el término de la obra; e) Que de acuerdo a la fecha de ingreso de los trabajadores, a la fecha de la fiscalización, varios de ellos tienen más de un año, y a la fecha estimada de término de la obra, serían más trabajadores los que tendrían más de un año de trabajo; f) Respecto del contrato civil celebrado entre la empresa y xxxx, manifiesta que se establece en su número segundo que los servicios contratados consisten en la prestación de servicios y/o la ejecución de los trabajos denominados Proyecto Nº 1 y Proyecto Nº 2, los que comprenden la ejecución de una serie de obras, agregando dicho número que la empresa contratista ?deberá realizar cualquier otro servicio o trabajo de su especialidad que Codelco pueda encargarle dentro de los términos de este contrato, en la medida que no implique un cambio esencial?. El mismo contrato indica en su número Cuarto que la vigencia del contrato se extenderá desde el 24 de Septiembre de 2007 hasta la suscripción del respectivo finiquito; g) Que considerando los antecedentes constatados en el procedimiento inspectivo desarrollado, fue posible concluir que todos los trabajadores observados por la empresa, a excepción de dos, fueron contratados a plazo fijo, para después señalarse que tendrá una duración hasta el término de la obra, por lo que es posible concluir que los trabajadores no han sido contratados por una obra o faena transitoria, ya que trabajando para la misma obra y sobre la base al mismo contrato celebrado por la empresa con Codelco, fueron originalmente contratados a plazo fijo; h) Que fue posible constatar que el contrato celebrado entre la empresa y Codelco, comprende no sólo los trabajos que se describen en el número segundo de dicho contrato civil, sino que además ?cualquier otro servicio o trabajo de su especialidad que Codelco pueda encargarle dentro de los términos de este contrato? lo que implica que el alcance del contrato no se agota con la mera construcción contratada, sino que comprende otros servicios o trabajos. Menciona jurisprudencia administrativa y detalla la Resolución N° 22 impugnada. Hace presente que la actuación impugnada no constituye acto ilegal por haberse efectuado conforme a las atribuciones legales del servicio y en el ejer cicio de las facultades que la propia ley le entrega, mencionando las respectivas disposiciones legales, particularmente el artículo 331 del Código del Trabajo. Sustenta que considerando las normas transcritas no se constituyó como comisión especial que ejerza jurisdicción, ni ha incurrido en arbitrariedad alguna. Hace presente que la misma recurrente ha deducido con fecha 16 de Junio de 2008 ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de Calama, en los autos caratulados ?Carlos Wuth Construcciones con Inspección Provincial del Trabajo?, Rol Nº 1.362-08, un recurso especial de reclamación en contra de la resoluciHace presente que la misma recurrente ha deducido con fecha 16 de Junio de 2008 ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de Calama, en los autos caratulados ?xxxx con Inspección Provincial del Trabajo?, Rol Nº 1.362-08, un recurso especial de reclamación en contra de la resolución Nº 22, dictada por la Inspección del Trabajo, por lo que procedería el rechazo del recurso intentado en autos por inadmisible. Refiere que no existe vulneración de ninguna de las garantías constitucionales mencionadas por el recurrente, por lo que esta acción debe ser rechazada en todas sus partes, con expresa condena en costas. Acompañó en su informe los documentos siguientes: 1.- Copia de Proyecto de contrato colectivo presentado por el Sindicato 2.- Nómina de adherentes al Proyecto; 3.- Respuesta al proyecto; 4.- Reclamación de ilegalidad; 4.- Resolución Nº21 dictada para mejor resolver; 5.- Informe de Fiscalización; 6.- Resolución Nº022; 7.- Copia de antecedentes relacionados con el recurso especial de reclamación ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Calama; 7.- Copia de denuncia deducida ante la Inspección del trabajo con fecha 8 de Julio de 2008 respecto de reemplazo ilegal de trabajadores en huelga. Se trajeron los autos en relación A fojas 156 se dejó constancia que alegaron los abogados de ambas partes. CONSIDERANDO:PRIMERO: Que el acto que ha dado origen al recurso de protección interpuesto por la recurrente la sociedad xxxx. en contra de don xxxx, Inspector Provincial del Trabajo de el Loa Calama, es la Resolución Nº022 dictada el 11 de Junio de 2008 por el recurrido, producto de una fiscalización inserta en un procedimiento de proyecto de contrato colectivo de trabajo presentado por el Sindicato de Trabajadores de tal empresa, respecto de la que el recurrente estima se vulneran gravemente las garantías constitucionales consagradas en los numerales 3 inciso cuarto, 16, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, fundado en que la recurrida se ha arrogado atribuciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia, al calificar e interpretar los contratos individuales de los trabajadores de la empresa, transformándose en una comisión especial en contradicción con lo expuesto en el artículo 420 del Código del Trabajo, como asimismo la libertad de trabajo y su protección, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho de propiedad. SEGUNDO: Que el Informe presentado por la Inspección Provincial de El Loa Calama, puntualiza que no hay ilegalidad y arbitrariedad en su conducta, en razón a que en la Resolución Nº022 ?contra la que se recurre-, se ha actuado conforme a las atribuciones legales del Servicio y en ejercicio de facultades que la propia ley le entrega, que son consecuencia de la constatación de determinados hechos, siguiendo un procedimiento administrativo reglado. Que ha ejercido sus atribuciones inspectivas aplicando las normas pertinentes del ordenamiento laboral y administrativo que la regulan, así como el artículo 476 del Código del Trabajo, el artículo 5 del D.F.L. Nº 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, el artículo 20 de dicho cuerpo legal; el artículo 23 y el artículo 331 del Código del Trabajo, por lo que en definitiva, no hay arbitrariedad de su parte si se considera que el procedimiento administrativo no fue promovido por el Servicio, sino que ha sido consecuencia de requerimientos sucesivos deducidos por las partes dentro de un procedimiento de negociación colectiva, que el Inspector del Trabajo no puede dejar de cumplir, constatando una determinada situación que tiene un carácter fehaciente y objetivo. Finalmente la recurrida responde, en cuanto a la vulneración de las garantías constitucionales que le imputa la recurrente, que debe excluirse toda forma de ilegalidad, arbitrariedad, y vulneración a las garantías señaladas por ésta, las cuales bajo ningún respecto han sido afectadas ni siquiera en grado de amenaza, por lo que el mismo debe ser rechazado en todas sus partes, con expresa condena en costas. TERCERO: Que la Comisión Negociadora del Sindicato de Trabajadores de la Empresa xxxx., formuló en su oportunidad, reclamo ante la Inspección del Trabajo de El Loa Calama, en contra de las observaciones de legalidad planteadas con anterioridad por la empresa, en respuesta al Proyecto de contrato colectivo. Manifestó que la empresa amparándose en lo establecido en el artículo 305 del Código del Trabajo, observó que los trabajadores no tendrManifestó que la empresa amparándose en lo establecido en el artículo 305 del Código del Trabajo, observó que los trabajadores no tendrían derecho a negociar colectivamente, por cuanto a su juicio, tendrían contrato de trabajo o faena, lo que está establecido en la cláusula séptima de los respectivos contratos, no ajustándose a derecho, pues el contrato original pactado entre la empresa y los trabajadores fue a plazo fijo, no siendo procedente ni legal limitar un derecho garantizado por la Constitución, por tratados internacionales y por la ley. Expresó además que, la empresa afirmó que dos trabajadoras no podían negociar colectivamente en virtud del artículo 305 Nº4 del Código del Trabajo, sin acompañar sus contratos, para finalmente señalar que la empresa no ha entregado los antecedentes financieros de a lo menos los últimos dos años, exigiendo que eso lo haga. CUARTO: Que mediante Resolución Nº022 de 11 de Junio de 2008, el Inspector Provincial del Trabajo de la Provincia El Loa, don Kenny Carreño Chancig, acogió la objeción de legalidad deducida por la Comisión Negociadora de los trabajadores, en el sentido de afirmar que aquellos individualizados en la nómina acompañada por la organización sindical, como adherentes al proyecto de contrato colectivo, se encuentran habilitados para negociar colectivamente, por no encontrarse afectos a lo dispuesto en los números 1. y 4. del articulo 305 del Código del Trabajo, con excepción de siete trabajadores, cuya relación laboral había expirado. Por lo que la empresa debía corregir su respuesta, incorporando a los trabajadores socios y adherentes habilitados para negociar colectivamente y dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 329 del Código del Trabajo. Acogió además, la objeción de legalidad deducida por la Comisión Negociadora de los trabajadores, en cuanto a la falta de entrega de documentación, debiendo la empresa acompañarla de conformidad a lo dispuesto en el artículo 329 en relación con el artículo 315, ambos del Código del Trabajo. Finalmente, confo rme a lo resuelto, ordenó a la empresa que debía dar cumplimiento a lo instruido en el plazo de 5 días a contar de la fecha de notificaciFinalmente, confo rme a lo resuelto, ordenó a la empresa que debía dar cumplimiento a lo instruido en el plazo de 5 días a contar de la fecha de notificación de la resolución, bajo apercibimiento de tenerse por no haber respondido oportunamente el proyecto (sic), conforme al inciso final del artículo 331 del Código del Trabajo, siendo esta resolución notificada a las partes en negociación, el día 11 de Junio de 2008. QUINTO: Que conforme a lo dispuesto en el artículo 331 del Libro IV, del Código del Trabajo es facultad de la Inspección del Trabajo el pronunciarse sobre la reclamación de la Comisión negociadora, en un procedimiento de negociación colectiva, de las observaciones formuladas por el empleador y de las que les merezca la respuesta, por no ajustarse a las disposiciones del Código del Trabajo. Sin embargo esta facultad se ve limitada en el inciso quinto del mismo artículo en cuanto a que no será materia de este procedimiento de objeción de legalidad la circunstancia de estimar alguna de las partes, que la otra, en el proyecto de contrato colectivo o en la correspondiente respuesta, según el caso, infrinja lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 306 del mismo Código. Referencia que resulta importante si se considera que dicha disposición establece que no serán objeto de negociación colectiva aquellas materias que restrinjan o limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa y aquellas ajenas a la misma. SEXTO: Que a la luz de los antecedentes de esta causa aparece que en este procedimiento se han limitado facultades de la recurrente, en la medida que la Inspección del Trabajo, excediendo sus atribuciones ha interpretado los contratos de los trabajadores, determinando que disposiciones expresamente establecidas en ellos serían contradictorias con otras y fijando alcances al contrato civil celebrado entre la empresa recurrente y Codelco Norte, facultades que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Política de la República, 1 del Código Orgánico de Tribunales y 420 del Código del Trabajo, en su letra a) corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia. SEPTIMO: Que así entonces, no obstante que el artículo 331 faculta a la Inspección del Trabajo para pronunciarse de las observaciones de legalidad for muladas en el procedimiento de negociación colectiva, no resulta lícito que exceda las atribuciones que le entrega la ley. En efecto, el artículo 1° del D.F.L. 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo -Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo-, establece que ésta es un servicio técnico, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión social, con el cual se vincula a través de la Subsecretaría del Trabajo y que le corresponderá particularmente, sin perjuicio de las funciones que las leyes generales o especiales le encomienden: a) La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral; b) fijar de oficio o a petición de parte por medio de dictámenes el sentido y alcance de las leyes del trabajo, etc. Por su parte, el Código de Trabajo, en su artículo 476 dispone que la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación, corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen. El artículo 420 del Código del Trabajo, a su vez, determina en su letra a) Que las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo, o se las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral, serán de competencia de los Juzgados de Letras del trabajo. De la simple transcripción de las normas citadas precedentemente y apareciendo de los antecedentes expuestos en este fallo, el contenido controversial de la cuestión suscitada entre la empresa recurrente y el Sindicato de trabajadores, resulta evidente que la recurrida ha excedido sus atribuciones OCTAVO: Que el recurso de protección tiene por objeto salvaguardar los derechos fundamentales de las personas ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales a través de los cuales una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de ellos y de las garantías expresamente establecidas en la Constitución Política de la República de Chile, es decir, constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un act o u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. NOVENO: Que en el contexto señalado precedentemente, aparece de manifiesto que la Inspección Provincial de El Loa Calama al dictar la Resolución Nº022 de 11 de Junio de 2008, en su contenido, excedió las atribuciones que la ley le otorga, al arrogarse atribuciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia al calificar e interpretar los contratos individuales de los trabajadores de la empresa, transformándose en una comisión especial, en contravención con lo establecido en el artículo 420 del Código del Trabajo y vulnerando la garantía constitucional contenida en el inciso cuarto numeral 3º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, atendido lo concluido resulta innecesario pronunciarse sobre las otras garantías constitucionales que se acusaron como conculcadas. Por las anteriores consideraciones y de conformidad con lo que disponen las disposiciones de los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE ACOGE sin costas el recurso de protección interpuesto a fojas 3 por el abogado don Gonzalo Javier Masana Petersen, en representación de la SOCIEDAD xxxx. en contra del INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO DE EL LOA CALAMA, don xxxx y se deja sin efecto la Resolución Nº 022 de 11 de Junio de 2008 y todas las actuaciones que de ella derivaron. Acordado contra el voto del Fiscal Judicial don Rodrigo Padilla Buzada, quien estuvo por rechazar la presente acción cautelar constitucional; fundamenta su disidencia en las siguientes consideraciones: 1°: Que la interposición del arbitrio consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, exige como presupuesto esencial la existencia de derechos o garantías constitucionales indubitadas, y la necesidad de adoptar medidas para que ellas sean respetadas cuando, producto de una acción u omisión arbitraria o ilegal, se deriva la privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos o garantías taxativamente enumerada s en la citada disposición; ello supone una controversia que, por su importancia y trascendencia, precisa de una solución rápida para evitar que se mantenga tal privación, perturbación o amenaza. Para ello se implementó una tramitación mediante un procedimiento concentrado, sin forma de juicio, en el que la Corte de Apelaciones resuelve como tribunal de primera instancia, sin un período de prueba; por lo mismo, no se reconocen los principios clásicos de bilateralidad de la audiencia, contradictoriedad y adversariedad propios de un juicio, porque se tiende a la búsqueda de una visión expedita para solucionar el problema que afecta tanto al ordenamiento jurídico, como al recurrente ante la amenaza que pudiera sufrir en el ejercicio de alguna garantía constitucional indubitada. Por ello esta pretensión, según el propio Constituyente, se entiende sin perjuicio de otros derechos que pudiera hacerse valer ante autoridades administrativas o judiciales, mediante el mecanismo de los procedimientos legales establecidos. Ergo, en atención a la naturaleza, características y el sistema jurídico imperante que regula distintas clases de procedimiento y la forma de resolver conflictos jurídicamente relevantes, el derecho de acudir a los Tribunales Superiores de Justicia, para obtener la protección de un derecho fundamental del hombre, exige que se trate de un derecho subjetivo unívoco, indubitado e indiscutible, negado o desconocido por alguna autoridad o persona por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales. 2°: Que en la hipótesis planteada por el recurso de lo principal de fojas 3, la discusión se centra en la facultad de un organismo fiscalizador para interpretar contratos de trabajo, con motivo de una fiscalización generada en una reclamación de legalidad como consecuencia de un procedimiento de negociación colectiva, y la adopción de una resolución que promueva el ejercicio del derecho a negociar colectivamente respecto de ciertos trabajadores. 3°: Que la actuación y resolución cuestionadas por el recurrente se enmarcan dentro de la legislación vigente, a la luz de lo dispuesto en los artículos 330 y siguientes del Código del Trabajo, normas que deben ser interpretadas en consonancia con las atribuciones propias del órgano administrativo, sin que de ello pueda desprenderse que el acto reprochado se ejecutara por capricho o mera voluntariedad, más aún si él se fundamenta en disposiciones legales, reglamentarias y jurisprudencia, por lo que, en concepto del disidente, no cabe mediante este recurso modificar, alterar o dejar sin efecto tales resolución y actuación. 4°: Que tratándose de un procedimiento reglado, sobre la base del cumplimiento de normas legales y administrativas, ninguna comisión especial ha juzgado la actuación de la empresa recurrente; la resolución del órgano recurrido sólo ha sido fruto de la naturaleza de su función en cuanto ente fiscalizador que debe otorgar, necesariamente, el correcto sentido y alcance a las normas legales y reglamentarias, para obtener su aplicación; este ejercicio en nada se inmiscuye dentro de la facultad jurisdiccional de los tribunales de justicia, llamados a intervenir a solicitud de parte en un conflicto jurídico relevante concreto, y a raíz de una pretensión planteada por una parte en un procedimiento reglado, lo que en nada se compadece con el proceso administrativo propio de la fiscalización. Dicho de otro modo, si eventualmente se afectare el derecho al ejercicio de la libre contratación, ello constituye un efecto que el legislador ha previsto y permitido, en aras del bien común destinado a fiscalizar las relaciones laborales entre el empleador y sus trabajadores, velando por el respeto de los derechos irrenunciables de estos últimos, lo que refuerza la idea que la recurrida ha actuado dentro de la legalidad vigente debiendo considerarse que la actuación de la Inspección del Trabajo, en lo que pudiere perjudicar al ejercicio legítimo de estas garantías, representa limitaciones permitidas por el Estado de Derecho. Por otra parte, no se ha actuado en ausencia de un debiDicho de otro modo, si eventualmente se afectare el derecho al ejercicio de la libre contratación, ello constituye un efecto que el legislador ha previsto y permitido, en aras del bien común destinado a fiscalizar las relaciones laborales entre el empleador y sus trabajadores, velando por el respeto de los derechos irrenunciables de estos últimos, lo que refuerza la idea que la recurrida ha actuado dentro de la legalidad vigente debiendo considerarse que la actuación de la Inspección del Trabajo, en lo que pudiere perjudicar al ejercicio legítimo de estas garantías, representa limitaciones permitidas por el Estado de Derecho. Por otra parte, no se ha actuado en ausencia de un debido proceso, ya que la Inspección del Trabajo utilizó el procedimiento legal y reglamentario, estatuido por las normas laborales y aquellas propias del organismo. 5°: Que, en otro orden de consideraciones, en lo que atañe a la interpretación de las normas jurídicas, sus efectos y especialmente el contenido de ellas, ha de recordarse la doctrina general sobre interpretación de normas jurídicas, promovida por Hans Kelsen hace más de setenta años, y resumida por el profesor Agustín Squella Narducci en una apretada síntesis destinada a la capacitación de jueces (Jornada para Magistrados del Poder Judicial, organizada por la Corporación de Promoción Universitaria, Mejillones Noviembre de 1994). En lo que a este recurso concierne, se sostuvo que: ?Recordando su afirmación de que toda creación de derecho es a la vez aplicación de derecho, en el sentido de que toda norma jurídica es creada sobre la base de hacer aplicación de la norma superior correspondiente que regula su creación, y establecido, además, que toda norma jurídica que resulta aplicada tiene que ser antes interpretada, Kelsen concluye en que `la interpretación es un procedimiento espiritual que acompaña al proceso de aplicación del derecho, en su tránsito de una grada superior a una inferior?. Por lo mismo, si todo el que crea o produce derecho a la vez aplica derecho, todo el que aplica derecho, por su parte, debe interpretar este mismo derecho, o sea, tiene que establecer el sentido de las normas que aplica. Por ello, el juez interpreta la ley cuando, en el ejercicio de la función jurisdiccional, aplica normas legales en relación con el caso jurídicamente relevante de la vida social del que conoce y debe resolver, y, de esta manera, produce normas jurídicas particulares, según fue explicado al momento de estudiar la jurisprudencia como fuente formal del derecho. Pero también el legislador interpreta la Constitución Política del Estado, cuando en aplicación de ésta, y, concretamente, en aplicación de las normas que la invisten de la autoridad de aprobar leyes fijan el proceso de formación de éstas y establecen ciertos límites en cuanto al contenido de las mismas leyes que el legislador puede aprobar, crea o produce normas jurídicas abstractas y generales a través, precisamente, de la aprobación de leyes ordinarias. Distingue acto seguido Kelsen una `interpretación auténtica? de una `interpretación no auténtica?. Para Kelsen, interpretación auténtica es la que se efectúa por cualquier órgano jurídico que debe aplicar el derecho como por ejemplo los órganos jurisdiccionales que, al tener que llevar a cabo la función jurisdiccional en aplicación de las leyes que regulan tanto los aspectos procesales como sustantivos de los asuntos que deben resolver, tienen que interpretar esas mismas leyes, esto es, acordarle el o los posibles sentidos y alcances que puedan ellas ofrec er. Pero no sólo los jueces llevan a cabo una interpretación auténtica, sino, como fue dicho anteriormente, cualquier órgano jurídico que aplique derecho, como sería el caso, por ejemplo el organismo legislativo que para producir las leyes ordinarias, debe hacer aplicación de la Constitución Política del Estado. Interpretación no auténtica, en cambio, es aquélla que no se efectúa por un órgano jurídico de aplicación, por una persona privada y, especialmente, por la ciencia del derecho. La diferencia entre ambos tipos de interpretación ?según Kelsen- consiste en que la interpretación que efectúa la ciencia jurídica es pura determinación cognoscitiva del sentido de las normas jurídicas; en cambio, la interpretación que llevan a cabo órganos jurídicos conduce a una producción de derecho?.6°: Que, por consiguiente, resulta nemine discrepante para el conocimiento jurídico actual que la interpretación jurídica no es exclusiva de los tribunales, sino pertenece a la especie humana como atributo de la razón y, por ende, cualquier órgano fiscalizador está llamado, y aún más, obligado, a determinar el verdadero sentido y alcance de las normas jurídicas particulares (contratos) o generales (leyes), con el propósito de dar fiel cumplimiento a las funciones entregadas por la Constitución y la ley, debiendo dejarse claramente establecido que el órgano jurisdiccional tiene como finalidad exclusiva y excluyente únicamente ?la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado?, según los artículos 76 de la Constitución Política de la República y 1 del Código Orgánico de Tribunales, y no la interpretación de las normas jurídicas que ?como se ha dicho- es propia de todo ser pensante. 7°: Que por las razones expresadas en los motivos que anteceden, el disidente fue de la opinión de rechazar el recurso de protección. Se deja constancia que se hizo uso de la facultad del artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales. Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese


kathy

Participar en el Foro
 1..1 de 1 Opiniones

  1. ray » rdomingueznld.cl9:20 Horas, 13/6/2014


    Hola, me puedes dar la referencia de este fallo?


Página [1]