propiedad considerada tierra indígena no puede ser enajenada a personas naturales no indígenas
kathy Domingo 11 de Julio del año 2010 / 21:17

Santiago, ocho de julio de dos mil diez.

VISTOS:

En estos autos Rol N°xxx del Juzgado de Letras y Garantía de Villarrica, seguidos en juicio especial indígena de cumplimiento de contrato, caratulados "xxx con xxx", por sentencia de cuatro de abril de dos mil siete, que se lee a fojas 56, el tribunal de primer grado rechazó, tanto la demanda principal, como la solicitud de declarar la inexistencia del contrato de arrendamiento impetrada por el demandado.

Apelado este fallo por la demandante, la Corte de Apelaciones de Temuco, en sentencia de veinte a agosto de dos mil ocho, escrita a fojas 79, lo confirmó.

En contra de esta última decisión el actor ha deducido recurso de casación en el fondo.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la nulidad sustantiva presentada por la demandante se sostiene sobre la vulneración de a juicio de dicho litigante habrían cometido los jueces, del mérito de lo dispuesto en el artículo 1473 del Código Civil, con relación a lo normado en el art 'edculo 26 del Decreto Ley N°2.568 del año 1979; como asimismo, de lo preceptuado en el artículo 22 de la Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, con respecto a lo estatuido en el artículo 9 del primero de los cuerpos legales mencionados y en el artículo 24 de la Carta Fundamental.

Aduce el recurrente que tales infracciones han tenido lugar toda vez se dio por establecido que las partes pactaron una condición en el contrato sub lite, en circunstancias que no la había, puesto que, en forma equivocada, se considera concurrir el elemento de la incertidumbre desde un punto de vista netamente subjetivo, esto es, de acuerdo al sentir particular de las partes en cuanto a sí el hecho en cuestión se verificará o no. Sin embargo -prosigue-, para los efectos del artículo 1473 del Código Civil, la incertidumbre está tomada desde un punto de vista objetivo, es decir, en atención a la naturaleza del hecho que constituye la modalidad en referencia; elemento que en la especie se contiene en la norma del artículo 26 del D.L. N°2.568, por lo que a ella debieron remitirse los sentenciadores al calificar de condición o no lo estipulado por las partes.

Esta última norma -continúa el recurso- establece que las hijuelas cuyo dominio se hubiere inscrito en conformidad a las prescripciones de la misma ley, "no podrán enajenarse durante veinte años, a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, salvo con autorización expresa del correspondiente Director Regional del INDAP"", texto del cual se desprende que las partes sujetaron la celebración del contrato a un hecho que subjetivamente les pareció incierto, pero que objetivamente no lo era, toda vez que la autorización referida en la norma en cuestión no constituía una exigencia legal en los términos en que se redactó la cláusula novena del contrato de promesa de compraventa que determina la época de suscripción del contrato prometido, debido a que la misma debía obtenerse una vez cumplido el plazo de prohibición de veinte años. No obstante, en tal evento, de acuerdo al artículo 26, era natural que no procediera autorización alguna, la que sólo era necesaria para el caso que se quisiera enajenar la hijuela en cuestión mientras se encontraba vigente la prohibición legal, lo que de modo objetivo nunca iba a acaecer.

Añade quien recurre, que debió darse aplicación al principio de supervivencia de la ley, por tratarse de una norma destinada a determinar la validez y los efectos de los contratos de promesa de compraventa. Sobre el particular, sostiene que la actual Ley Indígena no puede afectar dichos contratos, porque ello significaría aplicarla con efecto retroactivo, sin que exista una disposición legal que lo permita en forma expresa.

En ese sentido, el recurrente narra que, a la época en que las partes celebraron el contrato de autos, regía la Ley Indígena N°17.729 que, si bien prohibía la enajenación de hijuelas resultantes de divisiones de comunidades indígenas, ello era así por un período de veinte años, es decir, se trataba de una prohibición limitada en el tiempo, por lo que podía celebrarse válidamente una promesa de venta para que el contrato prometido se celebrare una vez que se extinguiera dicha prohibición, sea por el transcurso del plazo legal o por otra causa. No obstante -se dice en el recurso- , el tribunal vulneró dichos preceptos, pues el fallo impugnado hace regir con efecto retroactivo la actual Ley Indígena N°19.253, ignorando la supervivencia de la ley antigua que regulaba la materia, e igualmente, se desconoció el derecho de dominio sobre los derechos personales emanados del contrato de promesa, los que ya se habían incorporado al patrimonio de los contratantes y que se encuentran garantizados en la norma de rango constitucional invocada.

El fallo atacado -termina el libelo de nulidad- olvida que la celebración del contrato de compraventa de autos constituye el efecto de un contrato de promesa anterior, celebrado en 1980, de manera tal que en su cumplimiento debe estarse a las normas vigentes al tiempo de la suscripción de este último, como lo dispone el artículo 22 de la Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, lo que implica, necesariamente, la aplicación de la ley antigua, en particular el artículo 26 del D.L. N°2,568, norma a la que se remite, tanto el promitente comprador, como el promitente vendedor, al momento de fijar la época de celebración del contrato prometido.

SEGUNDO: Que para una adecuada decisión del recurso interpuesto, es útil dejar constancia de las siguientes actuaciones del proceso:

a) que don xxxx dedujo demanda de cumplimiento de contrato de compraventa de inmueble en contra de don xxxx, basada en que, por escritura pública de 8 de enero de 1993, celebró con la contraria sendos contratos de arrendamiento y de promesa de compraventa sobre un retazo de terreno de aproximadamente una hectárea, resultante de la división de una comunidad indígena; conforme al cual la época de celebración del contrato prometido sería el 21 de agosto de 2001, lo que el demandado no cumplió, por lo que ejerció la acción para obtener su cumplimiento forzado,

b) que el demandado solicitó en rechazo de la acción dirigida en su contra, debido a que en la cláusula novena del contrato en mención se pactó que el plazo para cumplir con la celebración del contrato prometido correspondería al momento en que no hubiera prohibición para ello, condición que resultó fallida, porque la convención se acordó a la luz del plazo de veinte años contemplado en la Ley N°17.729 vigente a la época de celebración de la misma, ordenamiento que fue derogado por la Ley N°19.253, que también contiene la prohibición de enajenar tierras indígenas a personas que no tengan esa calidad, pero sin señalar plazo alguno para su vigencia, por lo que es ilimitada en el tiempo.

c) Que el tribunal de primer grado rechazó la demanda;

d) Que este fallo fue apelado por el actor;

e) Que la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió el recurso indicado en el literal que antecede, confirmando la sentencia en alzada.

TERCERO: Que analizado el tenor del fallo cuestionado por la recurrente de casación, se advierte que por medio del mismo se decidió desechar la acción de cumplimiento de contrato incoada por un doble motivo; concretamente, debido a que los jueces del fondo consideraron que la modalidad pactada en el contrato de promesa de la litis envuelve la combinación de un plazo con una condición y que, esta última resultó fallida, razón por la que el plazo perdió certidumbre transformándose en una verdadera condición que también falló e, igualmente, tuvieron por asentado que la promesa sub lite no cumplió con lo estatuido en el numeral tercer o del artículo 1554 del Código Civil, al resultar imposible cumplir con la condición impuesta, con lo cual es imposible determinar el tiempo de su exigibilidad.

CUARTO: Que respecto al primer capítulo del recurso, este sostiene la vulneración del artículo 1473 del Código Civil en relación con el artículo 26 del Decreto Ley 2.568, del año 1979.

La primera de las normas señala que: "Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no".

Por otra parte, el artículo 26 del Decreto Ley 2.568, del año 1979, establece en su parte pertinente que: "Tampoco podrán enajenarse durante veinte años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, salvo con autorización expresa del correspondiente Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario""

El recurrente señala que la promesa fijaba un plazo de 20 años, el cual transcurrió, y que la autorización condicional a que se refiere el artículo 26 del referido Decreto Ley, sólo era procedente si hubieren querido adquirir el predio antes de ese plazo, por lo cual en realidad dicha autorización no constituía ninguna condición, rigiendo sólo el plazo de 20 años, más la adición de un año para la suscripción del contrato prometido.

QUINTO: Que el artículo 1554, en relación al contrato de promesa dispone que "La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna; salvo que concurran las circunstancias siguientes:

1ª. Que la promesa conste por escrito.

2ª. Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces;

3ª.Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato;

4ª. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo falten para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban.

Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente."

En la cláusula novena del contrato de arrendamiento y promesa de venta, las partes hicieron recaer el segundo plazo establecido, esto es el de 1 año, en la ocurrencia de una condición, cual era una autorización administrativa. Si dicha condición está fallida, como lo determinaron los sentenciadores de la instancia, entonces la promesa quedó sin un plazo que fije la época de la celebración de ella, puesto que debía celebrarse dentro del año siguiente de obtenida una hipotética autorización, no estando definido en el contrato que el cumplimiento de la promesa se haga dentro del año siguiente transcurridos los 20 años, como lo entiende el demandante.

Por otra parte y más importante aún que lo anterior, es el hecho de que la Ley N°17.729, fue derogada expresamente por la Ley N°19.253, la cual en su artículo 13 prohíbe la venta de tierras calificadas de indígenas a personas que no lo sean, norma plenamente aplicable a la especie según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, según se dirá más adelante, por lo cual el contrato prometido, debido a la calidad jurídica de las partes involucradas, es de aquellos que las leyes declaran ineficaces, y por ende el contrato tampoco cumple lo dispuesto en el N°2 del artículo 1554.

SEXTO: Que en un segundo capítulo de impugnación, el recurrente alega la trasgresión de los artículos 22 de la Ley sobre efecto retroactivo de la leyes, en relación al artículo 9° del Código Civil y 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

El artículo 22, inciso 1°, de la Ley sobre efecto retroactivo de las leyes dispone que: "En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración."

Por otra parte el artículo 9, inciso 1° del Código Civil dispone que: "La ley puede sólo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo."

Por último, el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, asegura a todas la personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

SÉPTIMO: Que justamente la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, contiene excepciones al principio general establecido en el artículo 9 del Código Civil y una de esas excepciones lo constituye lo dispuesto en el artículo 12 de dicha ley, que disp one que : "Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad a ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley, sin perjuicio de lo que respecto de mayorazgos o vinculaciones se hubiese ordenado o se ordenare por leyes especiales."

El promitente vendedor, al tiempo del contrato, podía enajenar su propiedad, ya sea después de 20 años de adquirida o antes de dicho plazo si contaba con la autorización de la autoridad administrativa, concedida en determinadas circunstancias fijadas por la ley de la época. Pero desde el 05 de octubre de 1993, fecha en que entró en vigor la Ley N°19.253, dicho inmueble se encuentra regulado por un estatuto jurídico nuevo, que lo califica de tierra indígena, y de acuerdo al artículo 13 de dicha ley, existe una prohibición de enajenar de manera permanente a personas naturales no indígenas, prohibición fundada en el interés nacional, que fue el que motivó la dictación de la mencionada ley, debiendo aplicarse a este respecto el principio de especialidad de dicha ley, prevaleciendo las disposiciones de esta por sobre las disposiciones generales del Código Civil.

A mayor abundamiento, y respecto de la prohibición de enajenar que establece la Ley N°19.253, debe tomarse en cuenta lo preceptuado por el artículo 11 del Código Civil en cuanto a qué : "Cuando la ley declara nulo algún acto, con el fin expreso o tácito de precaver un fraude, o de proveer a algún objeto de conveniencia pública o privada, no se dejará de aplicar la ley, aunque se pruebe que el acto que ella anula no ha sido fraudulento o contrario al fin de la ley."

OCTAVO: Que respecto a la trasgresión del derecho de dominio, el contrato de promesa de compraventa sólo generó derechos personales entre las partes involucradas, pero sólo una mera expectativa de adquirir el derecho de dominio para el actor, expectativa que no está amparada por la garantía constitucional que se dice conculcada.

Y de conformidad, además, a lo preceptuado en los artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fojas 80, por don xxx, en representación del demandante don xxxx, en contra de la sentencia de veinte de agosto de dos mil ocho, escrita a fojas 79.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Mauriz.

N°5561-2008

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Adalis Oyarzún M., Juan Araya E., Guillermo Silva G. y Abogados Integrantes Sr. Benito Mauriz A. y Sra. Maricruz Gómez de la Torre V.

No firman los Abogados Integrantes Sr. Mauriz y Sra. Gómez de la Torre, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ambos ausentes.

Autorizado por la Secretaria Sra. Rosa María Pinto Egusquiza.

En Santiago, a ocho de julio de dos mil diez, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la


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