Administrador municipal puede ser removido sin necesidad de expresar motivo para ello
Jurisprudencia artículo 30 de la Ley N° 18.695
ComunicacionesJurisprudenciaChileRegión MetropolitanaSantiago
kathy Sábado 10 de Julio del año 2010 / 17:33

Santiago, seis de julio de dos mil diez.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos segundo a séptimo, ambos inclusive, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

PRIMERO: Que como este Tribunal ha manifestado en forma reiterada, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal "lo que significa que ha de ser contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constit ucionales protegidas. Esto es, son variadas las exigencias que deben rodear la presentación y, ciertamente, motivar el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada.

TERCERO: Que del texto del recurso deducido en lo principal de fojas 22 aparece que la actuación que la actora impugna por esta vía es el Decreto Alcaldicio N° 142 de fecha 13 de abril del año en curso, a través del cual se la remueve del cargo de administradora municipal de la Municipalidad de Lumaco, sin que se indique en el mencionado decreto ni en la decisión adoptada por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 64, de 7 de abril pasado "que motivó el decreto impugnado- la causa que justifique su remoción, con lo cual, se sostiene en el libelo, se ha infringido el artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en relación con el artículo 5 del Reglamento del Concejo Municipal de Lumaco, toda vez que en virtud de esta última disposición el Concejo está obligado a fundamentar su decisión, expresando las causas o motivos que la justifiquen.

CUARTO: Que el artículo 30 de la Ley N° 18.695 prescribe que "Existirá un administrador municipal en todas aquellas comunas donde lo decida el concejo a proposición del alcalde. Para desempeñar este cargo se requerirá estar en posesión de un título profesional. Será designado por el alcalde y podrá ser removido por éste o por acuerdo de los dos tercios de los concejales en ejercicio, sin perjuicio que rijan además a su respecto las causales de cesación de funciones aplicables al personal municipal".

QUINTO: Que del claro tenor de la norma contenida en el precepto legal citado se colige, en lo pertinente, que se le otorga tanto al alcalde como al concejo municipal -por separado- la facultad discrecional para remover al administrador municipal sin necesidad de expresar motivo para ello, sin perjuicio de que además su nombramiento pueda terminar conforme a las causales legales aplicables al personal municipal.

SEXTO: Que aun cuando el reglamento del Concejo Municipal de Lumaco establece la exigencia de fundamentar la decisión de remoción del administrador municipal, su incumplimiento no puede conferir el carácter de arbitraria a tal decisión toda vez que la ley no exige expresión de causa, y no puede ser limitada por un simple reglamento.

SÉPTIMO: Que de lo expuesto puede inferirse que no existe un acto u omisión ilegal o arbitrario de parte de la autoridad recurrida al haber puesto término de manera unilateral y sin expresión de causa a las funciones que desempeñaba la reclamante como administradora municipal.

OCTAVO: Que por lo anteriormente reflexionado, el presente recurso no puede prosperar y debe ser desestimado.

En conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de diecinueve de mayo último, escrita a fojas 62, y se declara que se rechaza el recurso de protección interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 22.

Regístrese y devuélvase

Redacción a cargo del Ministro Sr. Carreño.

Rol Nº3919-2010.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito y el Abogado Integrante Sr. Benito Mauriz. No firma, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el Abogado Integrante señor Mauriz por estar ausente. Santiago, 06 de julio de 2010.

Autorizada por la Secretaria de esta Corte Sra. Rosa María Pinto Egusquiza.

En Santiago, a seis de julio de dos mil diez, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

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Municipalidad remueve a administrador municipal, éste interpone un recurso de protección por estimar dicha decisión arbitraria e ilegal, la Corte de Apelaciones acoge la acción constitucional deducida. Municipalidad se alza contra la resolución y la Corte Suprema revoca el fallo impugnado

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