Que no se elabore Estudio de Impacto Ambiental no es ilegal al no reunirse los requisitos para ello
Recursos o acciones constitucionales
Medio AmbienteJurisprudenciaChileRegión Metropolitana
kathy Lunes 7 de Junio del año 2010 / 11:52

Santiago, diecisiete de mayo del año dos mil diez.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus motivos sexto a undécimo que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

PRIMERO: Que se ha solicitado por los recurrentes amparo constitucional respecto de la Resolución Exenta Nº 242, de 23 de septiembre de 2009, pronunciada por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de la Araucanía que calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "XXXX", cuyo titular es la Sociedad XXXX.

Los reclamantes fundan la ilegalidad de dicha decisión administrativa en la infracción al Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Específicamente reprochan que la resolución en cuestión se adoptó sin previa consulta a las comunidades indígenas afectadas;

SEGUNDO: Que, a este respecto, sostienen que no se dio aplicación al artículo 6 N° 1 letra a) del referido convenio, que establece que los Gobiernos deberán consultar a los pueblo s interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

También cuestionan que en la dictación de la resolución recurrida, la autoridad ambiental prescindió de lo dispuesto en el artículo 7 N° 1 del mismo cuerpo legal, en cuanto "los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir las propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo en la medida en que esto afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y las tierras que ocupan y utilizan de alguna manera y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural"

TERCERO: Que, como se advierte de lo expuesto, las reglas que establecen la consulta a los pueblos indígenas tienen por finalidad fundamental que las decisiones que atañen a estos pueblos no se tomen sin oírlos previamente.

Debe destacarse entonces, que este deber de consulta a dichas comunidades debe cumplirse en el evento que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

CUARTO: Que, por otra parte, conforme las normas contenidas en la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y del Decreto Supremo N° 95-2001 que establece su correspondiente reglamento, un proyecto o actividad ingresará al sistema de evaluación de impacto ambiental a través de dos formas o modalidades: por la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental o mediante la realización de un Estudio de Impacto Ambiental.

El encargado de presentar la Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda, será el titular de todo proyecto o actividad de los comprendidos en el artículo 10 de la citada ley a fin de obtener las autorizaciones correspondientes. Estos instrumentos de evaluación constituyen, básicamente, dos tipos de tramitación a los cuales deben someterse, de manera alternativa, el titular del proyecto o actividad, según la naturaleza y características de éstos, los que están sujetos a procedimientos y requisitos distintos;

QUINTO: Que los proyectos o actividades enumerados en el artículo 10 deberán realizar un Estudio de Impacto Ambiental cuando generan o pres entan, a lo menos, uno de los efectos, características o circunstancias que señala el artículo 11. Por el contrario, si aquéllos no provocaran alguno de los efectos relevantes a que se refiere este último precepto, su evaluación se llevará a cabo bajo la variante de una Declaración de Impacto Ambiental;

SEXTO: Que dentro de esos efectos, características o circunstancias, resulta relevante en el estudio de esta acción cautelar, la signada con el literal c), que es el siguiente: "Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos". A su vez, el artículo 8° del Reglamento, preceptúa que "A objeto de evaluar si el proyecto o actividad genera reasentamiento de comunidades humanas, se considerará el desplazamiento y reubicación de grupos humanos que habitan en el área de influencia del proyecto o actividad, incluidas sus obras y-o acciones asociadas". A continuación, esta norma reglamentaria señala que a objeto de apreciar si el proyecto o actividad genera alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, se considerará el cambio producido en diversas dimensiones, tales como, geográfica, demográfica, antropológica, socio-económica y bienestar social básica, todas las cuales caracterizan dicho sistema de vida;

SEPTIMO: Que de acuerdo al procedimiento regulado en el Título IV de dicho Reglamento, ingresado un proyecto bajo la modalidad de una Declaración de Impacto Ambiental a la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente, ésta debe ponerla en conocimiento de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental para que se pronuncien si el proyecto o actividad cumple con las normas ambientales vigentes. Asimismo, deberán opinar si el proyecto o actividad requiere o no la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a lo dispuesto en la normativa que rige la materia;

OCTAVO: Que, en el caso de autos, la Sociedad XXXX ingresó a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Araucanía, la Declaración del proyecto denominado "XXXX", el cual considera la construcción de una piscicultura para una producción de ochenta toneladas de salmónidos al año. Su lugar de emplazamiento es el sector de Palguín, comuna de Pucón, seiscientos veinte metros aguas arriba por el Río Palguín de las comunidades mapuches que recurren en estos autos.

Recibida dicha Declaración, fue enviada a los diversos organismos competentes para obtener de ellos un pronunciamiento acerca del impacto ambiental que pudiera generar el proyecto;

NOVENO: Que revisado los antecedentes acompañados en estos autos, se constata que durante el proceso de calificación de impacto ambiental del señalado proyecto, nunca se solicitó fundadamente la conveniencia y-o la necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental por alguno de los entes participantes en su informe sectorial, sin perjuicio de las prevenciones que formularon al titular del proyecto, según se desprende de las Adendas que tales reparos originaron. Se concluyó, en el informe final, que "El proyecto no genera reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida, toda vez que se han aplicado las técnicas necesarias para controlar y monitorear el comportamiento ambiental de la piscicultura, fundamentalmente en el cuerpo receptor asociado al río Palguín"

DECIMO: Que, en esas condiciones, al no presentar el proyecto signos o evidencias de generar efectos importantes sobre el medio ambiente, entre ellos, el que se ha descrito precedentemente, la autoridad no requirió la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental;

UNDECIMO: Que lo anterior cobra relevancia en tanto la normativa ambiental prevé que la participación ciudadana es obligatoria sólo para los procesos de calificación de los Estudios de Impacto Ambiental. En efecto, conforme al artículo 26 de la Ley 19.300, corresponderá a las Comisiones Regionales y a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, según el caso, establecer los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad organizada en el proceso de calificación de los Estudios de Impacto Ambiental.

Si en el caso que nos ocupa se hubiere determinado que el proyecto de piscicultura a desarrollarse en el sector de Palguín produce alguno de los efectos o consecuencias contemplados en el artículo 11 de la Ley 19.300, deviene inexorablemente en el rechazo a la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la empresa y su sustitución por un Estudio de Impacto Ambiental, procedimiento que obliga a considerar la participación ciudadana, en especial de las organizaciones ciudadanas y personas naturales afectadas;

DUODECIMO: Que, como se aprecia, en el evento de existir la afectación que supone la consulta prevista en el Convenio 169, ello hubiese significado "de manera indefectible- que concurren los efectos ambientales negativos que detalla el artículo 11 de la Ley de Bases del Medio Ambiente y, por tanto, se tornaba indispensable un Estudio de Impacto Ambiental, cuya regulación implica otorgar a la comunidad interesada instancias plenas de participación;

DECIMO TERCERO: Que, en consecuencia, habiéndose concluido en este procedimiento específico de evaluación de impacto ambiental que no era necesario la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental por no reunirse los requisitos para ello, particularmente algún grado de afectación directa de las comunidades reclamantes, la autoridad recurrida sólo podía actuar de la forma en que lo hizo, habida consideración de la debida fundamentación entregada por los órganos públicos que intervinieron desde su competencia sectorial respecto del cumplimiento de la normativa ambiental;

DECIMO CUARTO: Que, a mayor abundamiento, del examen de los antecedentes reunidos tampoco es posible constatar una afectación a las comunidades indígenas que se mencionan en el recurso ni, consecuentemente, se ha acreditado la transgresión de los derechos cuya tutela se solicita.

Por consiguiente, al no justificarse la privación, perturbación o amenaza de una garantía constitucional y siendo como es el recurso de protección una cautela de dichas garantías, no puede la Corte en esta sede llegar a determinar que cierto acto de un órgano del Estado deba ser dejado sin efecto;

DECIMO QUINTO: Que, de todos maneras, si se materializaren actos que vulneren determinados derechos constitucionales, ello debe llevar a intentar las acciones pertinentes frente a resultados perjudiciales efectivos y concretos y en que se advierta una clara relación de causalidad entre tales actos y los referidos efectos perjudiciales, cuestión que como quedó asentado en la motivación anterior no ocurre en la especie.

De conformidad asimismo con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de veintiuno de enero último, escrita a fojas 193 y se declara que se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 57.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Pierry.

Rol Nº 1525-2010.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda, Sra. Rosa Egnem y el Abogado Integrante Sr. Benito Mauriz. No firma, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el Ministro señor Pierry por estar en comisión de servicios. Santiago, 17 de mayo de 2010.

Autorizada por la Secretaria de esta Corte Sra. Rosa María Pinto Egusquiza.

En Santiago, a diecisiete de mayo de dos mil diez, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Se recurre de protección respecto de resolución que calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, sentencia acoge acción constitucional. Recurrido se alza contra la decisión, la Corte Suprema revoca el fallo impugnado

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