Debe despacharse orden de arresto si se han cumplido las formalidades legales
Deudor bajo apremio de arresto ordenes de arresto deudor
TributaciónJurisprudenciaChileRegión del Bío-BíoConcepción
SinLey.cl Lunes 17 de Mayo del año 2010 / 20:18

Rol 2159-2009

Concepción, diez de mayo de dos mil diez.

VISTOS:

1º.- Que se han elevado estos antecedentes para conocer del recurso de apelación propuesto por la apoderada del Servicio de Tesorerías, solicitando la revocación de la resolución que rechazó su petición de decretar arresto en contra del ejecutado, fundada la negativa en la falta de notificación legal del requerimiento de pago;

2º.- Que, en opinión de la apelante, la resolución que rechazó decretar el arresto es errada, por cuanto el requerimiento de pago efectuado al representante legal de la sociedad deudora, fue hecho con arreglo a la ley. Así, según el artículo 171 del Código Tributario, la diligencia de requerimiento de pago se efectúa conjuntamente con la diligencia de notificación de la demanda, es decir, se notifica y se requiere de pago al deudor en el momento de notificar la demanda, por lo que no se aplica supletoriamente el artículo 443 Nº 1 del Código de Procedimiento Civil, el cual en el caso de practicar el requerimiento por cédula, obliga a dejar una comunicación o cédula de espera para practicarlo en otra oportunidad.

3°.- Que, del examen de los antecedentes del proceso, se aprecia que la "a quo" estima que no sería procedente la notificación y requerimiento de pago por cédula y, además, que el primer embargo debe ser hecho en presencia del ejecutado;

4°.- Que, sin embargo, el titulo V del Libro III del Código Tributario referido a la materia, contiene un juicio ejecutivo especial que se rige por sus propias normas. El texto 168 del Código aludido es claro, "La cobranza administrativa y judicial de las obligaciones tributarias que deban ser cobradas por el Servicio de Tesorerías de acuerdo con la ley, se regirá por las normas de este Titulo". Luego no existe remisión a las normas de juicio ejecutivo contenidas en el Código de Procedimiento Civil. Se debe recordar que el juicio ejecutivo civil se encuentra ubicado en el Libro Tercero, denominado "de los juicios especiales" y es un principio procesal que la supletoriedad opera respecto de una normativa general y no se puede traer a colación una especial. En este sentido, el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil dispone que se aplicará el procedimiento ordinario en todas las gestiones trámites y actuaciones que no estén sometidos a una regla especial diversa, cualquiera sea su naturaleza. En síntesis, la supletoriedad en que parece fundarse el a-quo en la resolución apelada no es tal, y por ello se debe revocar lo resuelto.

5°.- Que, de este modo, el requerimiento de pago en esta clase de procedimientos, en el caso que se practique por cedula, no hace necesario un acto adicional, y esto es lógico, por cuanto en el juicio ejecutivo común el plazo para oponer excepciones comienza a correr desde el día del requerimiento como lo dice el artículo 462 del Código de Procedimiento Civil, en cambio en el juicio ejecutivo tributario, el plazo para oponer excepciones corre desde la fecha que se haya practicado el primer embargo según lo dispone el inciso primero del artículo 171 del Código Tributario

6°.- Que, por otra parte, el artículo 171 inciso 2° del Código Tributario utiliza la expresión "personalmente" para referirse a que la actuación procesal exige la presencia personal del recaudador fiscal y no la del ejecutado. Asimismo, la segunda parte del inciso 1° del artículo 174 del mencionado Código dispone: "En todos los casos en que el embargo se haya efectuado en ausencia del ejecutado o de la persona adulta que lo represente, el recaudador fiscal remitirá la copia de la relación por carta certificada dirigida al ejecutado, de lo que se dejará constancia en el expediente;

7°.- Que en la especie se han cumplido las formalidades legales para despachar la orden de arresto solicitada. En efecto, se ha cobrado administrativamente la deuda, se ha requerido de pago, el contribuyente deudor no opuso excepciones y a continuación el Servicio de Tesorerías recurrió a la justicia ordinaria a objeto de perseguir el pago de dichos tributos mediante el apremio de arresto, conforme a las disposiciones pertinentes del Código Tributario;

8°.- Que no altera lo concluido lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), pues que en la especie no se está en presencia de una prisión por deudas de aquella que prescribe la referida Convención. En efecto, no se trata de una deuda de origen contractual, sino del cumplimiento de una obligación impuesta por la ley, que hace que una persona quede obligada como mero tenedor o recaudador de dineros ajenos. Es decir, se trata, de esta forma, de una medida coercitiva concedida por la ley para obtener el cumplimiento de una obligación legal;

9°.- Que, por último, tampoco pueden estimarse derogadas las disposiciones tributarias que rigen esta materia específica por el artículo 19 N° 26 de la Constitución Política de la República, ya que la norma tributaria no impide o amaga el libre ejercicio de garantía constitucional alguna, ni afecta la libertad personal en su esencia, pues el deudor cuenta con diversos medios para enervar la medida coercitiva en comento.

Que, respecto a esto último, basta observar a fojas 4 vuelta del expediente para comprobar que el recaudador fiscal remitió a través de Correos de Chile la mencionada carta certificada, cumpliendo así lo ordenado en la ley.

Por estas consideraciones, citas legales y lo prevenido en los artículos 189 y 227 del Código de Procedimiento Civil; 168, 171 y 174 del Código Tributario, se revoca, la resolución de diez de noviembre de de dos mil nueve, escrita a fojas 11 vuelta de estas compulsas, y se declara que se accede a lo pedido por la ejecutante a fojas 5 de las mismas, sólo en cuanto la juez del Juzgado de Letras de Arauco deberá proceder a despachar orden de arresto, por el término de dos días en contra del representante de la empresa "Prestación de Servicios Técnicos Industriales Limitada", José Soto Aroca. Devuélvase con su custodia.

Redacción del Ministro don Claudio Gutiérrez Garrido.

No firma el Ministro señor Jaime Solís Pino, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse en curso en la Academia Judicial.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, integrada por los Ministros señores Claudio Gutiérrez Garrido, Juan Rubilar Rivera y Jaime Solís Pino.

Rol N° 2159-2009.-

Sr. Gutiérrez

Sr. Rubilar.



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