Haber estado haciendo uso de licencia médica a la fecha de expiración de suplencia no otorga inamovilidad en cargo
SinLey.cl Viernes 14 de Mayo del año 2010 / 10:20

Rol 779-2010

Santiago, diez de Mayo de dos mil diez.

VISTOS:

A fojas 1 comparece doña Bernardita Inés Ayala Orellana, ingeniero comercial, domiciliada en calle José Manuel Infante nº 2320, departamento 144 de la Comuna de Ñuñoa, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, representado por don Víctor Pérez Vera, ambos con domicilio en Santos Dumontt nº 999 de la Comuna de Independencia.

Fundando el recurso señala que hasta el mes de Enero de 2010 el recurrido era su empleador y que se enteró de que ya no lo era solamente a raíz de haberle comunicado este hecho la Isapre, no obstante que el Estatuto Administrativo contempla mínimos procedimientos para poner en conocimiento de los funcionarios públicos el término de la relación, lo que en su caso no ocurrió, ya que ni siquiera recibió un llamado telefónico.

Agrega que padece de una grave enfermedad en su espalda que sólo puede tener sanación con una operación de alto costo y riesgo, y que no obstante estar en conocimiento de este hecho la recurrida, el 31 de Diciembre pasado prorrogó su contrata sólo por un mes, al término de la cual mantenía una licencia médica pendiente. Señala la recurrente que el término de su contrata es injusta pues la deja sin posibilidad de recuperarse e insertarse al mundo laboral, al carecer de medios para incorporarse a otro plan de salud y, en caso de afiliarse a Fonasa, ésta le cubre sólo el 10% de los gastos de hospitalización.

Alega la señora Ayala Orellana que la situación descrita vulnera las garantías constitucionales relativas al derecho a la vida e integridad física y psíquica, el derecho a la salud y a la igualdad ante la ley, contempladas en los números 1, 9 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Termina solicitando se ordene su reintegro con el pago de todas las prestaciones que corresponda, remuneraciones y licencias médicas solicitadas.

A fojas 28 informa el recurrido, a través de su Director General Doctor Luis Martínez Maldonado quien, luego de precisar su correcto domicilio en Avenida del Libertador Bernardo O Higgins nº 1058, expone lo siguiente: La recurrente fue nombrada en calidad de suplente para desempeñar labores profesionales en el área administrativa del Hospital Clínico en los periodos del 1 de julio al 31 de Octubre de 2009, 1 de Noviembre al 31 de Diciembre del mismo año, y desde el 1 de Enero al 31 del mismo mes y año 2010; los funcionarios de dicho establecimiento, que pertenece a la Universidad de Chile, están sujetos a las normas del Estatuto Administrativo, Ley Nº 18.834, que rige a los funcionarios públicos; conforme al artículo 5º este cuerpo legal, dicha suplencia en el caso de la recurrente no puede extenderse a más de seis meses, al término de los cuales deberá necesariamente proveerse un titular, razón por la que al expirar la suplencia no es necesario notificación alguna ya que la expiración se produce por el sólo ministerio de la ley. Agrega que no obsta a esta expiración que la suplente se encuentre haciendo uso de licencia médica, ya que se trata de una causal legal de término de un cargo público prevista en el artículo 146 letra f del citado Estatuto.

Sostiene la recurrida que este criterio está respaldado por la Contraloría General de la República conforme a su jurisprudencia clara y uniforme en este sentido, por todo lo cual estima no haber cometido acto ilegal o arbitrario alguno.

Enseguida se refiere a las licencias médicas otorgadas a la recurrente, sosteniendo que la inamovilidad que ellas producen se extienden sólo hasta la fecha de expiración de la suplencia, y acerca de la patología que se invoca, señala que ninguna relación circunstanciada de ella se hace en el recurso, lo que es coherente con el rechazo de las cuatro últimas, lo que no es imputable a su parte, sin perjuicio de que se hubiese revertido el rechazo en el Compín.

Agrega, por último, que la recurrente no requirió atención de salud en el Hospital Clínico, que las necesidades institucionales sólo justificaban renovar la suplencia hasta el 31 de Enero de 2010, y que estamos ante un recurso de carácter temerario.

A fojas 35 se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1º) Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción de carácter cautelar destinada a amparar a las personas que, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarias, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Carta Fundamental les reconoce, situación en la cual procede decretar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de la afectada.

2º) Que en este caso el hecho que motiva el presente recurso de protección y que la recurrente estima ilegal y arbitrario lo constituye el término, o la decisión de poner término, a su contrata como funcionaria del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, lo que ocurrió, según alega, sin ser previamente notificada, estando en conocimiento la empleadora de la grave enfermedad que la aqueja, y en circunstancias de que se encontraba haciendo uso de licencia médica.

Sostiene que este hecho vulnera a su respecto las garantías constitucionales del derecho a la vida e integridad física y psíquica, su derecho a la salud y a la igualdad ante la ley.

3º) Que de la documentación acompañada en el informe del recurrido consta que la señora Ayala Orellana fue nombrada en calidad de suplente para prestar servicios en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile en los siguientes periodos:

a) Por Decreto Nº 2.948-2009 entre el 1 de Julio y el 31 de Octubre de 2009.

b) Por Decreto Nº 4.4515-2009, entre el 1 de Noviembre y el 31 de Diciembre de 2009, y

c) Por Decreto Nº 228-2010 entre el 1 de Enero y el 31 del mismo mes del año 2010.

Todos estos Decretos disponen que se la nombra en calidad de suplente por el periodo que en cada uno se señala o mientras sean necesarios sus servicios.

4º) Que, por otra parte, también consta de la documentación acompañada por el recurrido que durante el total del periodo en que la recurrente se desempeñó en calidad de suplente, hizo uso de diez licencias médicas, que las cuatro últimas le fueron rechazadas, y que al término de la última suplencia, el 31 de Enero de 2010, se encontraba haciendo uso de una licencia que expiraba el 7 de Febrero siguiente.

5º) Que la Universidad de Chile, a la que pertenece su Hospital Clínico, es un organismo de la Administración Descentralizada del Estado, estando sus funcionarios sujetos a la normativa de la Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo.

El artículo 4º de este cuerpo legal establece que son funcionarios suplentes aquellos "designados en esa calidad en los cargos que se encuentren vacantes y en aquellos que por cualquier circunstancia no sean desempeñados por el titular durante un lapso no inferior a 15 días".

Agrega el inciso 5º del mismo artículo, para el caso de suplencias dispuestas para cargos que se encuentren vacantes, como es el caso de la señora Ayala, que la suplencia "no podrá extenderse a más de seis meses al término de los cuales deberá necesariamente proveerse con un titular".

6º) Que la normativa legal antes referida permite concluir que el término de la suplencia se encuentra pre- establecido en el respectivo Decreto de nombramiento y, además, tiene un plazo máximo establecido en la ley; en el caso de la recurrente, el Decreto Nº 228-2010 la designó suplente hasta el 31 de Enero de 2010, fecha en la que sus servicios expiraron de pleno derecho, por la sola llegada del plazo, del cual la funcionaria suplente tenía pleno conocimiento; por consiguiente, ninguna notificación del término de sus servicios resultaba necesario efectuarle, tampoco se encuentra establecido dicho trámite en la normativa legal aplicable, ni la realización de un sumario previo u otra formalidad, como sostiene la recurrente.

7º) Que reprocha la actora a su ex empleador haberle prorrogado su "contrata" por sólo un mes, no obstante la grave enfermedad que la aqueja, impidiéndole con ello hacer uso del sistema privado de salud, que estima le otorga mayores beneficios que Fonasa.

Cabe señalar al respecto que la designación de funcionarios suplentes en la administración pública no está prevista como una forma de solucionar problemas de financiamiento de gastos de salud de las personas, debiendo considerarse en tales designaciones solamente las necesidades institucionales o de funcionamiento del respectivo organismo, sin consideraciones de índole particular.

8º) Que la circunstancia de haber estado haciendo uso de licencia médica la señora Ayala Orellana a la fecha de expiración de su suplencia, no le otorgaba inamovilidad en su cargo, en el sentido de que la administración haya estado obligada a designarla en una nueva suplencia dictando otro Decreto de nombramiento hasta la expiración del plazo de la licencia médica. Pues bien, no existe en la legislación aplicable en esta materia disposición alguna que consagre tal forma de inamovilidad. Por el contrario, las funciones de la recurrente expiraron por una causal legal, cual es, el cumplimiento del plazo por el cual fue contratada, contemplada en la letra f) del artículo 153 del Estatuto Administrativo.

Por lo demás, éste ha sido el criterio sostenido y reiterado de la Contraloría General de la República a través de diversos Dictámenes al manifestar, en aquél Nº 60.562 de 22 de Diciembre de 2008, que el personal suplente se encuentra al margen de la carrera funcionaria, posee el derecho a la función y, consecuencialmente, a permanecer en el cargo durante el periodo de la suplencia y no puede ser privado de éste sino en conformidad a las causales o procedimientos contemplados en la ley, y que si bien debe recibir el total de sus estipendios cuando se encuentra acogido a licencia médica, dicho derecho deja de existir cuando concurre una causal legal de cese de funciones.

9º) Que lo razonado en los motivos precedentes lleva a concluir que no ha existido por parte del recurrido acto ilegal o arbitrario alguno en relación al término de la suplencia que desempeñó la señora Ayala Orellana, que haya vulnerado las garantías constitucionales que ella invoca, conclusión conforme a la cual procede desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso interpuesto a fojas 5 por doña Bernardita Ayala Orellana en contra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, con costas.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra señora Pilar Aguayo Pino.

Nº 779-2010.

No firma la abogada integrante señora Clark, no obstante concurrir a la vista y al acuerdo de la causa, por encontrarse ausente.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Patricio Villarroel Valdivia, e integrada por la Ministra señora Pilar Aguayo Pino y por la Abogado Integrante señora Regina Clark Medina.

Se interpone recurso de protección al estimar ilegal y arbitrario el término, o la decisión de poner término, a contrata como funcionario de Hospital Clínico, sin ser previamente notificado, y en circunstancias de que se encontraba haciendo uso de licencia médica. La Corte de Apelaciones rechaza la acción constitucional deducida

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