Ley de Rentas Municipales otorga mérito ejecutivo al certificado que acredita deuda por no pago de patente
Corte Suprema Primera Sala (Civil)
CivilJurisprudenciaChileRegión Metropolitana
SinLey.cl Lunes 3 de Mayo del año 2010 / 15:24

Rol 5733-2008

Corresponde sólo al legislador dar el carácter de título ejecutivo a los instrumentos, los cuales se encuentran enumerados, taxativamente, en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil y en las leyes especiales a que se refiere el N° 7 de ese mismo artículo. Sólo una ley puede crear títulos ejecutivos. En el caso del cobro judicial de patentes, derechos y tasas municipales es la Ley de Rentas Municipales la que le otorga mérito ejecutivo al certificado que acredita una deuda. Prescribe el artículo 47 de la Ley 3.063 "Para efectos del cobro judicial de las patentes, derechos y tasas municipales, tendrá mérito ejecutivo el certificado que acredite la deuda emitido por el secretario municipal. La acción se deducirá ante el tribunal ordinario competente y se someterá a las normas del juicio ejec utivo establecidas en el Código de Procedimiento Civil"

Texto sentencia

Santiago, doce de abril de dos mil diez. VISTOS: En estos autos Rol Nº 87-2004, seguidos ante el Juzgado de Letras de Molina sobre juicio ejecutivo, caratulados "Ilustre Municipalidad de Sagrada Familia con La Fortuna S.A.", por sentencia escrita a fojas 93, de catorce de junio de dos mil cuatro, rechazó las excepciones de falta de alguno de los requisitos para que el título tenga fuerza ejecutiva y de nulidad de la obligación, opuestas por la ejecutada, y ordenó seguir adelante con la ejecución hasta el entero y cumplido pago de lo demandado. La ejecutada interpuso recurso de apelación en contra de dicho fallo y una Sala de la Corte de Apelaciones de Talca, por resolución de cuatro de agosto de dos mil ocho, escrita a fojas 147, lo confirmó. En contra de esta última sentencia, la demandada deduce recurso de casación en el fondo. Se trajeron los autos en relación. Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN: PRIMERO: Que la recurrente denuncia en el primer capítulo, la infracción al artículo 47 del Decreto Ley Nº 3.063 en relación con el artículo 464 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil. Sostiene que la sentencia recurrida en su considerando segundo (del fallo de la Corte) incurre en infracción de ley y errores de derecho, toda vez que en su planteamiento elimina y omite considerar precisamente un requisito legal del título ejecutivo que contempla el artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales y que consiste en el certificado extendido por el Secretario Municipal para que tengan mérito ejecutivo, debe acreditar una deuda. Expone que, no obstante, el título fundante de la acción ejecutiva de autos no reúne los caracteres de certeza ni da cuenta de una obligación ni de un derecho en forma fehaciente e indubitada. Añade que lo anterior es evidente desde el momento que ni siquiera contiene una indicación o referencia a la génesis u orígenes de la deuda que por concepto de patente municipal y aparentemente obedecería a la cantidad que indica pretende cobrar la municipalidad, limitándose a señalar que la deuda sería por montos correspondientes a diferencias de patentes, razón por la cual el título invocado carece de los requisitos o condiciones establecidas en el artículo 47 citado para que tenga mérito ejecutivo. En el segundo acápite del recurso la ejecutada asevera que se ha transgredido el artículo 47 del Decreto Ley Nº 3.063 en relación con el 464 Nº 14 del Código de Procedimiento Civil. Expone que dicha infracción de ley y errores de derecho se encuentra precisamente expuesto y contenido el voto de minoría del fallo en alzada que al respecto señala "que el título invocado carece de causa de que no siendo el certificado un documento extracto, de quedar plasmado en él la manera en que se llega a una determinada suma y por los montos y conceptos que comprende que, de otra manera, le es imposible al ejecutado defenderse." Basa su alegación en que su mandante, Viña La Fortuna S.A., tiene un capital propio para estos efectos inferior al calculado por la Municipalidad, toda vez que la venta de vino a granel no está afecto al pago de derechos de patente municipal por ser una actividad primaria y no encontrarse incluida en la situación del artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales y tercero del Reglamento habiendo determinado correctamente la demandada el capital propio para efectos de patente. Indica que, así, al fijar los derechos municipales por concepto de patente la demandante ha cometido una ilegalidad, motivo por el cual la obligación es nula por causa ilícita. Añade que la actora ha ejecutado un acto ilegal en la determinación del capital propio de la ejecutada porque corresponde al Servicio de Impuestos Internos interpretar las normas que inciden en el capital propio a que se refiere el artículo 24 del Decreto Ley aludido, que sirve de base para calcular el monto de la patente municipal. SEGUNDO: Que la recurrente denuncia infringidos el artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales en relación con el artículo 464 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil. Funda su alegato en que el título ejecutivo acompañado -certificado de la Secretaría de la Ilustre Municipalidad de Sagrada Familia- carece de los antecedentes necesarios para sustentarlo basado en que la deuda no se encontraría acreditada y existiría una falta de certeza de la obligación. TERCERO: Que para un adecuado análisis de los errores de derecho denunciados por la recurrente, debe consignarse, en primer término que el título ejecutivo es aquel documento que da cuenta de un derecho indubitable, al cual la ley atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de la obligación de dar, hacer o no hacer en él contenida, obligación que debe además tener las características de ser líquida, actualmente exigible y de no hallarse prescrita (Corte Suprema 11.08.1997). Sólo tienen el carácter de título ejecutivo los instrumentos a los cuales la ley reconoce como tal, no pudiendo ser ellos generados por vía convencional. Corresponde sólo al legislador dar el carácter de título ejecutivo a los instrumentos, los cuales se encuentran enumerados, taxativamente, en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil y en las leyes especiales a que se refiere el N° 7 de ese mismo artículo. Sólo una ley puede crear títulos ejecutivos. En el caso del cobro judicial de patentes, derechos y tasas municipales es la Ley de Rentas Municipales la que le otorga mérito ejecutivo al certificado que acredita una deuda. Prescribe el artículo 47 de la Ley 3.063 "Para efectos del cobro judicial de las patentes, derechos y tasas municipales, tendrá mérito ejecutivo el certificado que acredite la deuda emitido por el secretario municipal. La acción se deducirá ante el tribunal ordinario competente y se someterá a las normas del juicio ejec utivo establecidas en el Código de Procedimiento Civil." CUARTO: Que en el caso sublite, se cumplen los requisitos del título y tal como lo han señalado los jueces del fondo "no puede discutirse el mérito ejecutivo del certificado que sirvió de fundamento a la ejecución puesto que es la ley la que le da ese carácter y ella no le ha exigido más requisitos que el detallar dicha deuda como se hizo en el caso de autos (".) no se puede agregar por el intérprete, requisitos de validez que la ley no le ha exigido". QUINTO: Que conforme a lo señalado en el considerando precedente, debe desestimarse la denuncia que el título ejecutivo carece de los antecedentes necesarios para sustentarlo. SEXTO: Que corresponde, además, examinar la denuncia de la infracción del artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales en relación con el artículo 464 Nº 14 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 1.681 y 1.682 del Código Civil donde la recurrente alega la nulidad de la obligación porque la actividad agrícola desarrollada por la Viña La Fortuna es primaria al moler la uva que cosecha y producir vino a granel por lo que la Municipalidad no podría gravarla con patentes, porque ésta solamente procede para las actividades secundarias y terciarias. Esta Corte considera que la discusión sobre la clasificación de la actividad agrícola de la Viña no es pertinente debatirla, en el ámbito de un juicio ejecutivo, sino que correspondería hacerlo en sede administrativa o tributaria, según el caso. Sin perjuicio de ello y a mayor abundamiento, este Tribunal estima que la producción de uva es una actividad primaria, y las que derivan de ella "como la producción de vino a granel- no lo es. SÉPTIMO: Que, consecuentemente, los errores de derecho denunciados que se hacen consistir en la nulidad de la obligación deben desestimarse. OCTAVO: Que, en virtud de los razonamientos precedentes y no habiéndose producido las infracciones de ley ni los errores de derecho denunciados, desde que las normas que el demandado entiende infringidas has sido debidamente interpretadas y aplicadas, el recurso de casación en el fondo no puede prosperar y debe necesariamente ser desestimado. De conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por Luis Daniel Guell Borlando en representación de la ejecutada, en lo principal de fojas 148, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, de fecha cuatro de agosto de dos mil ocho, que se lee de fojas 147. Regístrese y devuélvase, con sus agregados. Redacción de la Abogada Integrante señora Maricruz Gómez de la Torre Vargas. Rol N° 5733-2008. Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Margarita Herreros M., Sres. Juan Araya E., Guillermo Silva G., y Abogada Integrante Sra. Maricruz Gómez de la Torre. No firman los Ministros Sr. Muñoz y Sra. Herreros, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios el primero y con licencia médica la segunda. Autorizado por la Secretaria Sra. Rosa María Pinto Egusquiza. En Santiago, a doce de abril de dos mil diez, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente. Ejecutado recurre de casación en el fondo contra la sentencia de segunda instancia que confirmó la resolución de primer grado que rechazó las excepciones opuestas y odenó seguir adelante con la ejecución. La Corte Suprema rechaza el recurso deducido



Participar en el Foro