Padre que ha reconocido voluntariamente a hijo no puede actuar en contra de su propio acto
Corte de Apelaciones de Puerto Montt28 de Abril de 2010
FamiliaJurisprudenciaChileRegión de Los LagosPuerto Montt
SinLey.cl Jueves 29 de Abril del año 2010 / 18:20

Rol 28-2010

Teniendo el reconocimiento voluntario -factor de determinación- el carácter de irrevocable, conforme indica el artículo 189 del Código Civil, no resulta procedente que el autor de tal reconocimiento pueda actuar en contra de su propio acto, que consistió en admitir en forma voluntaria y solemne su paternidad respecto de un hijo, al margen de si aquel se corresponde o no con la realidad. Admitir lo contrario significaría aceptar una revocación simulada o encubierta del reconocimiento, lo cual ha sido prohibido por el legislador, mediante la norma recién mencionada. Por otra parte, una conclusión diferente no resultaría coherente con el espíritu general de la legislación y con los principios que la inspiran, especialmente el derecho a la identidad, de manera que en ese contexto no sería lógico concluir que la intención del legislador, fuese la de aceptar que quien determina una filiación pueda luego transformarla en indeterminada

Texto sentencia

Puerto Montt, veintiocho de abril de dos mil diez.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, pero en el fundamento Sexto se suprime la frase "adhiriendo esta juez a la teoría de la autonomía de la voluntad", y teniendo además presente:

1) Que en autos RIT Nº C 495-2008 seguidos ante el Juzgado de Familia de Puerto Varas, Sergio Bustamante Villarroel interpuso demanda de impugnación de paternidad en contra de doña Dina Carolina Bustamante Fernández, con el objeto que, según consta en el petitorio de la demanda consignado en el registro de audio- en cuanto el Juez de Familia declare que no es el padre biológico de la demandada y se ordene la subinscripción en su partida de nacimiento.

2) Que fundando su demanda, según se desprende del registro de audio de este juicio, el actor señala:

a) Que reconoció voluntariamente a la demandada Dina Carolina Bustamante Fernández como su hija, de filiación no matrimonial, en circunstancias que tanto él como la madre eran solteros.

b) Que después que Dina Carolina cumplió 20 años de edad, se sometió voluntariamente a exámen de ADN, el que arrojó como resultado 0,0 % de posibilidad de que el actor fuera su padre biológico y que el informe de ADN practicado por el Servicio Médico Legal a aquella, su madre y el actor, conforme a lo ordenado por el Tribunal de Familia, reveló la misma conclusión.

c) Que al presentar su demanda, conforme al formulario proporcionado por el tribunal en esa época, no señaló las disposiciones legales en que la funda y en la audiencia preparatoria su representante expresa que lo hace en conformidad a los artículos 216 inciso final y 211 y siguientes, todos del Código Civil, ello en atención a que la primera de las disposiciones permite que toda persona podrá impugnar la paternidad determinada por reconocimiento, aplicable en la especie ya que la demandada tiene una filiación no matrimonial, que además cumplió con los requisitos legales que establece ese precepto, toda vez que es legitimario activo, según el artículo 217 del cuerpo legal citado.

3) Que por resolución de 15 de febrero último, se rechazó la demanda, por estimar la Juez de la causa que el reconocimiento efectuado por don Sergio Iván Bustamante Villarroel fue efectuado en forma voluntaria y no puede con posterioridad ejercer la acción de impugnación de paternidad, esto es, en otros términos, porque el actor carecía de legitimación activa para ejercer la acción de impugnación.

4) Que según se lee en escrito que no tiene fecha de cargo, el demandante interpuso recurso de apelación en contra de la mencionada resolución, sosteniendo:

a) Que el fundamento para incoar la demanda es el artículo 216, inciso final del Código Civil, según el cual también podrá impugnar la paternidad por reconocimiento toda persona que pruebe un interés actual en ello, en el plazo de 1 año contado desde que tuvo ese interés y pudo hacer valer ese derecho.

b) Que no obstante que la sentenciadora se declara partidaria de la teoría de la autonomía de la voluntad, no tomó en cuenta el allanamiento de la demandada y debió haber concluido que estando ambas partes de acuerdo en lo esencial, esto es, que el actor no era su padre, debió acoger la demanda;

c) Que el fallo hace referencia al artículo 188 y siguientes del Código Civil y a la Convención de los Derechos del Niño, que no corresponden al caso; el primero se refiere al reconocimiento que se presta al momento de practicarse la inscripción de nacimiento y a los reconocimientos forzados, en tanto el nacimiento de la demandada se inscribió con el Nº 99 el año 1989 y el reconocimiento acaeció el 23 de mayo de 1991; además, el juicio de impugnación es entre personas mayores de edad, por lo que resulta inaplicable la Convención.

d) Que la demandada se allanó a la demanda, lo que implica que reconoció los hechos y por tanto aquellos señalados por el tribunal se acreditaron íntegramente, debiendo aplicar el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, norma supletoria conforme lo que establece el artículo 27 de la Ley 19.998, por lo que debió haber aceptado la demanda. Agregó que la propia ley 19.998 establece la conciliación, que el juez debe promover sin limitación alguna, de lo que se infiere que los intervinientes son legitimarios activo y pasivo.

e) Impugnó también el recurrente la afirmación de la sentenciadora de primer grado en orden a que el reconocimiento fue voluntario y que es irrevocable, calidad que en el presente caso no puede aplicarse, por cuanto tal reconocimiento fue realizado bajo la legislación vigente a la época del acto, 23 de mayo de 1991, -cuyas normas fueron sustituidas por la ley 19.585 de 1998-, época en que no existía el artículo 189 inciso 2º, que enunció la irrevocabilidad del reconocimiento de un hijo; que tal irrevocabilidad sólo implica que el reconociente por sí y ante sí no pueda alterar o revocar un estado civil, pero sí lo puede declarar un tribunal de la República, y en cuanto a la voluntariedad, es una cuestión que no ha sido materia de controversia, pues lo que se ejerció es la acción de impugnación de la paternidad del artículo 216, inciso final del Código Civil y no una acción de nulidad fundada en error, fuerza o dolo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, desde el punto de vista formal, según establece el Artículo 57 de la ley Nº 19.968, que regula el procedimiento ante los Tribunales de Familia, la demanda deberá cumplir los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil , cuyo numeral 4° obliga al actor a señalar " La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya", y según consta del registro de audio de la audiencia preparatoria, la abogada patrocinante del demandante admitió que no se indicó en ella el precepto legal en el cual se funda la acción, circunstancia ésta que basta por sí sola para rechazar la demanda interpuesta, resultando procesalmente extemporáneo e ineficaz el señalamiento de la norma del inciso final del artículo 216 del Código Civil, formulado por el recurrente en la audiencia preparatoria.

Segundo: Que, las personas naturales gozan de ciertos atributos, denominados "Atributos de personalidad", que consisten en la cualidad que poseen los seres humanos y que los diferencia de los demás siendo esenciales e inherentes a cada persona. Sin ellos, la vida del hombre sería confusa. Entre esos atributos de personalidad de las personas físicas o naturales se cuentan el Nombre, esto es, la denominación por la cual se individualiza a una persona; el Domicilio, o sea, el lugar de permanencia del individuo; la Capacidad jurídica, entendida como la aptitud que tienen las personas para ser sujetos pasivos o activos de relaciones jurídicas, y el Estado civil, que consiste en la situación particular de las personas en relación con la institución del matrimonio (soltero, casada, viuda, etc.) y con el parentesco (padre, madre, hijo, hermano, abuelo, etc.), atributo éste que tiene las siguientes características: toda persona tiene un estado civil, es uno e indivisible, es permanente (ya que no se pierde mientras no se obtenga otro); las leyes relativas al estado civil son de orden público, lo que implica que éste no se transfiere, no se transmite y no se renuncia. Además, las leyes que revisten este carácter rigen in actum. Se trata de normas de orden público sin aplicación a un solo y determinado caso, no existen derechos adquiridos, por lo tanto, rigen inmediatamente tan pronto entran en vigencia, lo que implica que respecto de los actos no ejecutados se rigen por la Ley nueva.

Tercero: Que, por todas las características antes expuestas es que el artículo 106, inciso 5º de la ley 19.968, prohíbe la mediación, entre otros, en los asuntos relativos al estado civil de las personas, salvo en los casos contemplados por la Ley de Matrimonio Civil, y en los procedimientos regulados en la ley N° 19.620, sobre adopción. De este modo, si bien entre las atribuciones que el artículo 61 Nº 5 de la ley 19.968 figura aquella de promover, por parte del tribunal, la conciliación total o parcial, conforme a las bases que éste proponga a las partes, ésta encuentra su limitación en la regla contenida en la primera parte del inciso 1º del Art. 262 del Código de Procedimiento Civil, que establece que " En todo juicio civil, en que legalmente sea admisible la transacción. . .", el tribunal debe llamar a las partes a conciliación, pero no se debe perder de vista que el artículo 2450 del Código Civil señala expresamente que no se puede transigir sobre el estado civil de las personas. De allí que se debe necesariamente concluir que tampoco la parte demandada podría allanarse a la demanda que persiga impugnar y destruir su estado civil.

Cuarto: Que, en virtud de lo que se ha venido razonando en las dos últimas consideraciones, los argumentos vertidos por el recurrente en su apelación, signados con los literales b), d) y e) del apartado 4º de la parte expositiva resultan jurídicamente inadmisibles, y en consecuencia deben ser rechazados, por lo que tampoco podría estimarse que la sentenciadora de primer grado ha resuelto "ultrapetita" y en consecuencia, nada justifica que esta Corte pudiese, actuando de oficio, como pidió el recurrente en estrados, casar la sentencia en alzada, por el vicio antes señalado.

Quinto: Que el 23 de mayo de 1991 el demandante don Sergio Bustamante Villarroel reconoció voluntariamente a la menor Dina Carolina, nacida el año 1989, quedando definida su filiación no matrimonial, en lo que a paternidad se refiere, por el factor de determinación "reconocimiento".

Sexto: Que, el reconocimiento voluntario representa un acto jurídico de admisión de paternidad respecto de un hijo, caracterizado por su carácter solemne, no sujeto a modalidad, abstracto e irrevocable, sin que la ley haya exigido evidencia sobre la verdad del hecho de la progenitura.

Séptimo: Que la acción de impugnación, regulada en los artículos 211 y siguientes del Código Civil, tiene por objeto impugnar la filiación que se encuentra determinada y no el título que la atribuye, que en este caso está dado por el reconocimiento voluntario practicado por el actor don Sergio Bustamante Villarroel.

Octavo: Que teniendo el reconocimiento voluntario -factor de determinación- el carácter de irrevocable, conforme indica el artículo 189 del Código Civil, no resulta procedente que el autor de tal reconocimiento pueda actuar en contra de su propio acto, que consistió en admitir en forma voluntaria y solemne su paternidad respecto de un hijo, al margen de si aquel se corresponde o no con la realidad. Admitir lo contrario significaría aceptar una revocación simulada o encubierta del reconocimiento, lo cual ha sido prohibido por el legislador, mediante la norma recién mencionada. Por otra parte, una conclusión diferente no resultaría coherente con el espíritu general de la legislación y con los principios que la inspiran, especialmente el derecho a la identidad, de manera que en ese contexto no sería lógico concluir que la intención del legislador, fuese la de aceptar que quien determina una filiación pueda luego transformarla en indeterminada.

Noveno: Que, desde otro punto de vista, el artículo 216 del citado cuerpo legal reconoce como titulares de la acción de impugnación de la paternidad determinada por reconocimiento, al hijo, a su representante legal, a los herederos de aquél y a toda persona que pruebe un interés actual en ello. En este último caso, el legislador al emplear la expresión "toda persona", se está refiriendo a terceros ajenos a la vinculación que se impugna. Es decir, el padre reconociente está excluido de ejercer esta acción, lo que guarda relación con lo dispuesto en el inciso final del artículo 213 del Código Civil.

Por lo demás, la lógica concordancia de los artículos 208, 214, 216 y 317 del mencionado Código, permite sostener que el padre reconociente no podría ser el titular de la acción de impugnación, por cuanto éste o sus herederos son los legitimarios pasivos de la misma, es decir, el legítimo contradictor de una demanda de esta naturaleza será el padre aparente si accionan el hijo o sus herederos; el padre y el hijo si accionan contra los terceros interesados o el padre biológico y los herederos del padre muerto si acciona el hijo, su representante legal o sus herederos.

Por último, los razonamientos anteriormente expresados resultan concordantes con la doctrina consagrada por la Excma. Corte Suprema, a través de diversas sentencias relativas a este tema, en que ha señalado que "carece de legitimación activa para impugnar la paternidad el padre que ha reconocido voluntariamente a un hijo. Ello en cuanto el reconocimiento es un acto jurídico solemne con características de voluntario y expreso, esencialmente irrevocable y cuya finalidad es reconocer la calidad de hijo a cierta persona, aceptando todos los derechos y obligaciones que dicho reconocimiento conlleva", y que "en este mismo orden de ideas, se puede afirmar que el legislador prefiere la verdad social y al declarar que la acción de impugnación caduca en los plazos que establece, es evidente que la intención o espíritu de la ley es hacer primar la estabilidad del estado filiativo ya adquirido, salvo la situación especial del artículo 208 del Código Civil. Por consiguiente, no es efectivo, como lo entiende el recurrente, que el factor biológico y, por ende, los resultados del examen de A.D.N., sean absolutos y determinantes para excluir la paternidad en estas materias". (Sentencia de 12 de marzo de 2007, Rol CS N° 4.679-06).

Décimo: Que las razones anteriormente expuestas resultan determinantes para desvirtuar las restantes argumentaciones de la recurrente, reseñadas en los literales a) y c) del apartado 4º de la parte expositiva de esta sentencia, y en consecuencia impiden acoger la apelación deducida por la demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda de impugnación de paternidad deducida por don Sergio Bustamante Villarroel en contra de Dina Carolina Bustamante Fernández.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto además lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, SE CONFIRMA la resolución apelada de fecha 15 de febrero último, pronunciada por el Tribunal de Familia de Puerto Varas en la causa RIT C-495-2008.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro don Leopoldo Vera Muñoz.

Rol Corte Nº 28-2010

Pronunciada por los Ministros señores Leopoldo Vera Muñoz y Jorge Ebensperger Brito y abogado integrante don Pedro Campos Latorre.

Padre que ha reconocido voluntariamente a hijo interpone demanda e impugnación de paternidad, sentencia rechaza pretensión. Actor se alza contra la resolución, la Corte de Apelaciones confirma el fallo impugnado

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 1..4 de 4 Opiniones

  1. Eduardo » egoba27gmail.com6:20 Horas, 12/12/2011


    Increible, como es posible que se de por hijo a alguien que no es tú hijo?. Por eso este país esta como está, la moral y la etica no aplican, hay que ser pastel, es decir golpear y maltratar al ñino a la bruja y atodo el mundo, así ser vícitma..., es una verguenza, los Juzgados de Familia, pero Dios tiene la última palabra y ojala se pudran en el infierno, es lo que se merecen.

  2. JUAN » juan.munozregmail.com21:44 Horas, 18/8/2011


    Está bien que la ley no contemple estos casos ya que, por ejemplo, podría darse el hecho que, habiendo reconocido un hijo a sabiendas que no es el padre, y después desdecirse de su reconocimiento. Este hecho sería más grave que el anterior, en razón a que el menor es a quien la ley intenta proteger. Y si, como hay tantos errores en los hospitales a una madre le cambian su hijo al nacer sin que se percate de ello? ¿Quién debiera pagar los alimentos?? ¿Debe quedar por ello desprotegido aquel menor si la intención de ellos fue tener un hijo???

  3. RODRIGO » serco25hotmail.com6:38 Horas, 8/6/2011


    Es lamentable que la ley no contemple estos casos, a mi me sucede algo similar, pero la ley nos ata de manos, tengo entendido que la comision de familia ya envio un proyecto de ley para cambiar los plazos de impugnacion, pero como sabemos en chile esto pasa muy lento,a veces la ley les pone una venda en los ojos de los jueces, que aunque ven la injusticia no se atreven a marcar un nuevo precedente, son como maquinas que procesan lo que leen ante la ley y no ante la justicia natural

  4. fernanda » marifer2520hotmail.com22:05 Horas, 17/5/2011


    por que la ley en chile es tan injusta sobre este tema deverian haber una para denunciar a estas mujeres por estafa asi ya no lucran mas con los hijos


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