accidente del trabajo
obligaciones de medidas de seguridad de empleador
TrabajoJurisprudenciaChileRegión MetropolitanaSantiago
Anónimo Viernes 11 de Abril del año 2008 / 15:51

Santiago, nueve de abril de dos mil ocho.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los motivos 14°, 15° y 16°, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y, además, presente:

1. Que con el mérito de la prueba rendida en autos, ha quedado establecido que con fecha 16 de abril de 2003, el actor sufrió un accidente del trabajo, con ocasión de encontrarse operando una máquina prensadora Bradley, que le produjo el atrapamiento del dedo medio de su mano izquierda, lesión que no obstante ser tratada médicamente durante casi un año, por los establecimientos de salud correspondientes de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, concluyó con la amputación parcial del dedo afectado.

2. Que la demandada ha negado toda responsabilidad en el accidente sufrido por el demandante, el cual atribuye, exclusivamente, a la acción insegura y temeraria de éste, al operar la referida máquina exponiéndose imprudentemente al riesgo.

Argumenta, asimismo, que la empresa ha tomado todas las medidas de seguridad tendientes a proteger la vida y la salud de sus trabajadores, alcanzando estándares más exigentes que lo normal, lo que le ha significado certificaciones y reconocimiento a nivel nacional e internacional, lo que obliga a desestimar cualquier responsabilidad en los hechos antes relatados.

3. Que previo al análisis de lo argumentado por la defensa, es menester destacar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

4. Que del examen de las actas en que se consigna la investigación del accidente sufrido por el actor, efectuada por el Comité Paritario de la empresa, que rolan a fojas 106 y 107, este tribunal desprende que en el accidente concurrieron elementos suficientes como para desestimar que éste se hubiera producido por la temeridad del actor y que, por el contrario, permiten atribuírle responsabilidad a la demandada.

En efecto, el supervisor a cargo del actor, don Roberto Figueroa, declaró que al comenzar a producirse pastillas con la mezcla BSN se constató el problema que ésta generaba con el molde pastillero y su botador y se determinó usar un trozo de metal que se colocaba encima del botador para que éste bajara y nunca presentó problemas; luego a la máquina se le cambió la mesa donde va puesto el molde quedando más baja lo que le permitió al operador cambiar el trozo de metal, por un trozo de teja, situación que yo desconocía y que nadie me informó.

Si en algún momento me percaté de esta situación, no consideré el riesgo inherente que había en él, por lo que no hice ninguna acción correctiva.

Lo anterior significa, en primer lugar, un reconocimiento explícito del supervisor, en el sentido que la máquina en cuestión presentaba problemas en su operación, que fueron solucionados aplicando una medida de carácter doméstico y, en segundo lugar, que no existió ningún tipo de monitoreo o control de la situación por el supervisor, quien declara haber desconocido o no haber sido informado del cambio introducido más tarde por el trabajador, señalando vagamente y en forma hipotética que si en algún momento se percató de esa situación, no dimensionó el riesgo.

No por otra razón, la investigación concluye recomendando revisar el método de trabajo y los riesgos inherentes cuando se fabrican pastillas con la mezcla BSN y mejorar la comunicación entre supervisor y operador (hacerla más frecuente).

Por otra parte, lo declarado por el trabajador en esa misma investigación, corrobora que el supervisor estaba en conocimiento de los problemas que generaba la fabricación de pastillas con la mezcla BSN, que hacía pegarse el botador arriba y que la solución que él encontró (poner un t rozo de teja, con lo cual bajaba el botador), no le mereció ningún tipo de comentario a su supervisor, por lo que continuó realizándolo.

5. Que lo consignado en el acta antes referida no se condice, ciertamente, con una empresa que supone trabajar con los estándares de seguridad más exigentes del mercado, ya que ello habría significado introducir cambios o hacer los arreglos técnicos necesarios, para solucionar el problema que la máquina presentaba, además de una supervisión que permitiera detectar el procedimiento empleado por el trabajador para salvar dicho problema.

Desde luego, no sólo fallaron los controles -el supervisor no puede excusarse señalando que nadie lo informó- y los procedimientos periódicos de mantención de las máquinas que debieron haber existido en la empresa, sino también la capacitación básica del actor, para prevenir los riesgos en el uso de la máquina antes referida, todos deberes de cuidado obligatorios a la luz de lo consignado en el artículo 184 antes mencionado.

Por estas razones no resulta admisible atribuir el accidente a la acción insegura efectuada por el trabajador, sino derechamente a la negligencia del demandado, que no proveyó los mecanismos necesarios para que la referida máquina funcionara correctamente y dejara, en cambio, entregado a la iniciativa del trabajador, la solución de los problemas que ésta presentaba.

6. Que los inconvenientes que generaba el trabajo con la referida máquina, son corroborados por los testigos de la demandante que declaran a fojas 64 y siguientes, quienes describen con detalle la forma en que los trabajadores habían de ingeniárselas para lograr que bajara el botador de la máquina, que se pegaba con la mezcla con la cual se fabricaban las pastillas, medidas todas inseguras, por tratarse de meras soluciones de parche.

En efecto, de acuerdo a lo declarado por el testigo Molina Santos, al momento de echar la mezcla y hacer presión con la máquina, el botador se pegaba y la única manera de poder bajar el botador era poniéndole un pedazo de teja, un palo y hasta pernos, y se accionaba con el punzón para que bajara ; mientras el testigo Márquez Núñez, refiriéndose a la máquina Bradley, agrega esas son las máquinas más viejas, el actor tenía problemas con el botador, todos teníamos problemas, en los dos turnos; al demandante se le quedaba pegado el botador al botar la pastilla, y teníamos que poner una balata, para que bajara el pulsor, ahí el molde bajaba y al llegar abajo iba sacando la mano , incluso para subir el botador, teníamos que ponerles guantes a los lados, porque los resortes estaban vencidos.

7. Que si bien ha quedado acreditado que la demandada contaba con un Comité Paritario, no ha sido acreditado que ésta tuviera un Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, como exige la ley 16.744, en su artículo 66, cuando laboran en la empresa más de 100 trabajadores, ni que a la fecha del accidente sufrido por el actor, existiera un experto en prevención de riesgos en la empresa, el que, según la norma precitada, debe dirigir el Departamento de Prevención que se echa en falta.

En efecto, de la fiscalización llevada a cabo por la Inspección Comunal de Maipú, que rola a fojas 122 y siguientes, consta, por una parte, que a la fecha del accidente laboraban en la empresa 133 trabajadores y, por otra, que sólo se contaba con una asesoría en prevención de riesgos que, aparentemente y por el contrato de 1° de marzo de 1999, exhibido por el demandado al fiscalizador, consistió en una prestación de servicios profesionales determinada, que debió evacuarse en el plazo de 7 días a partir de la mencionada fecha.

Consta asimismo a fojas 158, que se vino a contratar a un prevencionista, como dependiente, con jornada de trabajo parcial, sólo a partir del mes de noviembre de 2003, esto es, con posterioridad al accidente sufrido por el actor.

8. Que los razonamientos anteriores conducen a desestimar las alegaciones de la demandada en el sentido que el accidente se habría producido por la exposición imprudente al daño de parte del demandante y a establecer, en cambio, que éste se debió a que la empresa demandada no tomó las medidas de seguridad que permitieran asegurar eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores.

La negligencia de la demandada, en este caso, se infiere de la sola materialización del daño, ya que resulta evidente que si se hubieran tomado medidas eficaces, hubiera podido evitarse el accidente que da lugar a estos autos.

La prueba del demandado no ha logrado desvirtuar lo así establecido.

9. Que, en relación al lucro cesante, estimado tradicionalmente como la privación de la ganancia que el acreedor habría obtenido si la obligación se hubiera cumplido, ha existido la tendencia a contraponerlo al daño emergente, en cuanto a la certidumbre de su ocurrencia, dando a entender que el lucro cesante es un daño incierto, que se construye sobre suposiciones y es bastante especulativo.

Dicho criterio es equivocado, por cuanto el lucro cesante, para ser indemnizado debe ser necesariamente cierto; lo que ocurre, sin embargo, es que no se puede aspirar a una certeza absoluta, por la configuración y naturaleza del daño, sino a una de carácter relativo, siempre que esté fundada en antecedentes reales, objetivos y probados.

Desde esta perspectiva, el lucro cesante resulta ser más bien un juicio de probabilidad, cuyo resultado no puede ser exacto, ni matemático, pero sí ha de estar basado en consideraciones fundadas y razonables, dentro de un contexto de normalidad y atendidas las circunstancias del caso.

10. Que en el caso que nos ocupa, constituye un hecho real y probado, que a la fecha del accidente el actor se encontraba trabajando para el demandado -una industria de balatas- como operario pastillero, con un contrato indefinido y que su remuneración aproximada alcanzaba a $397.000, por lo que de acuerdo al curso normal de los acontecimientos, de no mediar el accidente sufrido, esta situación debería, razonablemente, haberse mantenido.

11. Que se encuentra acreditado, con la copia de la resolución N° 473 de 8 de junio de 1995, emitida por la Comisión de Evaluación de Incapacidad de Accidentes del Trabajo, de la Mutual de Seguridad, que el actor había sufrido otro accidente del trabajo en el año1995, que le significó la amputación del índice izquierdo, lo que fue evaluado en esa oportunidad, con un grado de incapacidad de 22,5%, habiéndose procedido, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61 de de la ley 16.744, a hacer una reevaluación de la incapacidad, con ocasión del accidente que dio origen al presente juicio, en función de su nuevo estado.
Así, pues, consta de la resolución N° 2004 0577 de 15 de julio de 2004, que el grado de incapacidad actual del actor es de un 32,5%.

12. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34 del cuerpo legal antes citado, se considera inválido parcial, a quien haya sufrido una disminución de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente, igual o superior a un 15% e inferior a un 70%, por lo cual el actor se encuentra dentro de esta categoría.

Ahora bien, si se tiene en cuenta que las declaraciones de incapacidad de un accidentado, se hacen en función de su incapacidad para procurarse, por medio de un trabajo proporcionado a sus actuales fuerzas, capacidad y formación, una remuneración equivalente al salario o renta que gana una persona sana en condiciones análogas y en la misma localidad -según señala el artículo 59 de la ley citada- parece razonable que el porcentaje de incapacidad determinado por la respectiva Comisión de Evaluación, sea el referente para determinar el perjuicio patrimonial por esta causa, entendiendo que los ingresos futuros del accidentado deberían verse disminuidos en similar proporción.

13. Que, sin embargo, y para determinar la procedencia y cuantía del lucro cesante pedido en estos autos, han de tomarse en consideración dos situaciones concretas.

La primera, que no existe ningún antecedente en el expediente, que permita atribuir responsabilidad al demandado en el accidente sufrido por el actor en el año 1995, por lo que no resulta procedente cargar en él todo el perjuicio patrimonial que genera su incapacidad actual.

En consecuencia, y considerando la magnitud en que aumentó el grado de incapacidad que ya traía el actor después del accidente anterior, se estima que el demandado debe responder en proporción a una incapacidad de no más del 15%, que es el rango inferior considerado por la ley para determinar una invalidez parcial.

En segundo lugar, consta de los antecedentes acompañados en autos que, luego de finalizado el período durante el cual el actor estuvo gozando de licencia médica, se reincorporó a la empresa, manteniéndose vigente la relación contractual entre el demandante y el demandado hasta la fecha.

Durante todo este tiempo el actor ha estado percibiendo una remuneración similar a la que obtenía al momento del accidente, por lo que no corresponde considerar dicho período para efectos del cálculo del lucro cesante, que se refiere, precisamente, a lo que el trabajador dejó de percibir a causa del accidente.

En relación a lo observado por el demandante, en el sentido que el subsidio percibido por el actor durante el tiempo en que duró la licencia médica, era considerablemente menor a lo que habría sido su sueldo, valga considerar que la acción indemnizatoria que concede el artículo 69, letra b) de la Ley de accidentes del Trabajo, pretende complementar la diferencia de valor entre lo percibido por el actor del seguro obligatorio y el daño efectivamente sufrido, pero no sobre indemnizar a la víctima.

A tal efecto, es menester tener presente que el representante legal del actor reconoció en estrados que éste percibió la indemnización global que ordena el cuerpo legal antes citado, para los casos de invalidez parcial, la que se mueve en un rango cuyo máximo son 15 sueldos base.

14. Que los razonamientos anteriores conducen a establecer, a título de lucro cesante, una suma no superior a los $2.000.000, la que resulta de considerar un 15% del promedio de las remuneraciones percibidas por el actor en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007, acompañadas en autos, y multiplicarlo por 36 meses, que es lo que le quedaría en la actualidad al actor para su jubilación y sólo bajo el predicamento de que no se encuentra garantizada la vigencia de su relación contractual con el demandado, hacia el futuro.

15. Que en lo que respecta al daño moral demandado, éste es un concepto que se refiere a la lesión o menoscabo que el hecho dañoso pudo haber ocasionado en un derecho o interés del que es titular la persona afectada y que dice relación con la esfera extrapatrimonial del individuo.

En la especie, ha de mirar, por una parte, al sufrimiento que el accidente mismo provocó en el actor y al desgaste emocional producto del extenso período de recuperación (de casi un año) al que se vió sometido, habiéndose tenido que optar, finalmente, por la amputación parcial del dedo accidentado, al mantenerse los dolores en la zona afectada; todo lo cual generó un cuadro depresivo reactivo, del que hay constancia en autos, según certificado de la Mutual de Seguridad que rola a fojas 93, el cual hace presente el temor del actor frente a un futuro laboral incierto.

Se han de considerar, asimismo, como intereses extrapatrimoniales comprometidos, el aspecto estético y funcional de la mano, en el estado en que actualmente se encuentra.

Lo razonado conduce a estos sentenciadores, a estimar prudencialmente el daño moral ocasionado al actor en la suma de $8.000.000.

16. Que ambas indemnizaciones, por lucro cesante y daño moral, habrán de pagarse reajustadas conforme al alza experimentada por el I.P.C., entre el mes anterior a la fecha de la presente sentencia y el anterior al de su pago efectivo y con más intereses corrientes, que se devengarán desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, hasta su efectivo pago.

Por los fundamentos anteriores, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los artículos 463 y siguientes del Código del Trabajo, se confirma la sentencia de doce de abril de dos mil siete, escrita a fojas 185, con declaración que el demandado deberá pagar al demandante la suma de $2.000.000, por concepto de lucro cesante y de $8.000.000, a título de daño moral, con los reajustes e intereses que se indican en el motivo 16.

Regístrese y devuélvase, con sus documentos.

Redactó la abogada integrante señora Muñoz.

Rol N° 2649-2007.

Pronunciada por la Décima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones, integrada por los ministros Carlos Cerda Fernández y Amanda Valdovinos Jeldes y por la abogado integrante Andrea Muñoz Sánchez.



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