facultades inspector del trabajo
es ilegal y arbitrario que interprete contratos laborales
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Anónimo Jueves 20 de Marzo del año 2008 / 10:16

Rol 6299-2007 

Es ilegal y arbitrario que inspector del trabajo interprete contratos laborales

Corte de Apelaciones de Santiago

18 de Marzo de 2008

Es claro que el acto administrativo (de la Inspección del Trabajo) ha transgredido el derecho fundamental que como garantía constitucional establece el artículo 19 N° 3 inciso cuarto de la Carta Fundamental, en cuanto asegura a las personas naturales y jurídicas como forma de expresión del principio de legalidad el ser juzgadas solamente por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad a ésta; en el caso en estudio, la aplicación e interpretación de los contratos de trabajo conforme a sus cláusulas, lo que determina la existencia de acciones que son materia de un procedimiento jurisdiccional, el cual debe dar a las partes la posibilidad de interponerlas, defenderse, probar sus fundamentos, tener derecho a una sentencia debidamente razonada y a los medios de impugnación que la ley pudiere reconocerle

Santiago, dieciocho de marzo de dos mil ocho.

Vistos y Considerando:

PRIMERO: Que don Edgard Rudolph Pereira, abogado en su calidad de mandatario judicial de Constructora San Felipe S.A., sociedad del giro de su denominación, ambos domiciliados en calle Los Cóndores 121, comuna de Quilicura, Región Metropolitana, recurre de protección en contra de don Jaime David Sau Sierralta, en cu calidad de Fiscalizador de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, de don Guillermo Vera Rojas en su calidad de Inspector Comunal del Trabajo Norte Chacabuco y de doña Patricia Silva Meléndez, Directora del Trabajo, domiciliados en Avenida Manuel Antonio Matta N° 1.919, comuna de Quilicura, por la arbitrariedad e ilegalidad cometida al dictar la resolución de Multa N° 6293/07/58, notificada con fecha 22 de octubre de 2007, al imponerla a su representada por simular la contratación de trabajadores a través de terceros, figura ilícita configurada entre la empresa Constructora San Felipe S.A. y la razón social San Felipe Maquinarias S.A. debido a que según los fiscalizadores se constató que efectivamente es la empresa Constructora San Felipe S.A., la que se beneficia de los servicios prestados por los trabajadores bajo su dependencia y subordinación y no la razón social San Felipe Maquinarias S.A . que sólo es un tercero que aparenta la calidad de empleador en el aspecto formal, situación que afecta a los trabajadores de San Felipe Maquinarias S.A. que prestan servicios en los establecimientos o faenas de la empresa Constructora San Felipe S.A.

Indica el recurrente que la anterior resolución no sólo transgredió el artículo 19 N° 3 inciso cuarto y N° 21 y 24 de la Constitución Política de la República, sino además los artículos 6, 7, y 73 de la Carta; viola el N° 3 inciso cuarto que garantiza que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho, por cuanto, la autoridad administrativa señala que obra debido a que su representada habría vulnerado el artículo 478, inciso primero, del Código del Trabajo, que sanciona con una multa a beneficio fiscal de 5 a 100 Unidades Tributarias Mensuales al empleador que simule la contratación a través de terceros.

Sin embargo, asevera el recurrente, no es efectivo lo afirmado por el organismo fiscalizador y, en consecuencia, no resulta atinente la norma legal invocada, al no haber existido simulación alguna de contratación de trabajadores por parte de Constructora San Felipe S.A.

Precisa el compareciente que la calificación jurídica de los servicios prestados por los trabajadores de San Felipe Maquinarias S.A. a su empresa, constituye una cuestión que se encuentra al margen de las facultades conferidas a la Inspección el Trabajo y es de competencia exclusiva de los tribunales laborales, por lo que el organismo al hacerlo y presumir que dicha empresa constituye un aparente empleador para los efectos de perjudicar a quienes prestan servicios para Constructora San Felipe S.A., actúa en exceso de sus facultades vulnerando el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.

Al efecto, la parte recurrente cita jurisprudencia judicial y señala que de acuerdo con los antecedentes, refiriéndose los fallos a casos análogos, queda en evidencia que la Inspección del Trabajo carece de la facultad jurisdiccional para entrar a conocer y resolver, a priori y sin los antecedentes del caso, la relación comercial que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad pueden convenir las personas.

Por otro aspecto la recurrente sostiene que la multa referida viola el derecho que como garantía constitucional señala el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, que asegura a toda persona el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que las regulen, por cuanto, su parte desarrolla su actividad económica exclusivamente como Contratista de Obra Pública para el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Vialidad, por lo que la multa cursada y notificada ilegalmente, que reviste la calidad de ejecutoriada en el certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales otorgado por la Dirección del Trabajo, le impedirá participar en las propuestas abiertas por el Ministerio de Obras Públicas, en que se adjudican los trabajos que desarrollan.

Precisa que el artículo 125, en relación al artículo 4° N° 16 y el artículo 6° del Decreto Supremo M.O.P: N° 75 del año 2004, también denominado Reglamento de Contratos de Obra Pública, el primero contiene la definición del Registro General de Contratistas, y el segundo dispone que este Registro está a cargo de la Dirección General de Obras Públicas quien tiene su administración y que en él figurarán las personas naturales y jurídicas que se encuentren habilitadas para desempeñarse como contratistas del Ministerio; prescribiendo el artículo 15 de dicho Reglamento que para estar inscrito en el Registro de Contratista, el interesado debe presentar entre otros documentos, el certificado de la Dirección del Trabajo de que el contratista no registra deudas laborales o previsionales morosas o, si las tiene, copia legalizada del convenio de pago correspondiente.

Sostiene el recurrente por último, en cuanto a las garantías invocadas, que la conducta de la recurrida en orden a aplicar la multa referida, vulnera la garantía del artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, como amenaza, puesto que con ella se afecta el patrimonio de su representada, el que se verá disminuido de manera directa al cumplir con la sanción impuesta.

En definitiva el recurrente ruega tener por deducido e l presente recurso de protección y en definitiva acogerlo en todas sus partes, a fin que, respetando las garantías constitucionales esgrimidas, se restablezca el imperio del derecho, disponiéndose que sea dejada sin efecto la multa N° 6293/07/58, de 24 de mayo de 2007, por la suma de 204 Unidades Tributarias Mensuales, emanada del Fiscalizador y del Inspector Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, ya singularizados, y en definitiva de la Dirección del Trabajo, representada por su Directora; además de decretar todas las medidas que se estimen pertinentes para reestablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos alegados en el recurso, con costas.

SEGUNDO: Que, en su informe de fojas 35 la señora Daniela Tamayo Infanta, solicita se rechace el presente recurso de protección por cuanto con fecha 02 de marzo de 2007 se recibió en la Inspección del Trabajo una denuncia efectuada por el Sindicato de Constructora San Felipe S.A. en contra de la empresa recurrente, por estimar que se estarían vulnerando sus derechos laborales; agrega que con fecha 09 de marzo del mismo año, el fiscalizador don Jaime Sau Sierralta, realizó una primera visita inspectiva a la empresa Constructora San Felipe S.A., ello de conformidad a las instrucciones emanadas del Servicio, sosteniendo entrevista con los dirigentes sindicales, con los encargados del área de personal y trabajadores presentes, citándose a la empresa recurrente a la Inspección del Trabajo para el día 26 de marzo de 2007, a fin de completar la información recabada; por último con fecha 24 de mayo de ese mismo año el fiscalizador realizó una última visita a la empresa recurrente con el objeto de concluir la labor asignada, constatando los hechos siguientes: a) la existencia de dos empresas en el establecimiento, estas son Constructora san Felipe S.A. y San Felipe Maquinarias S.A., ejerciendo las labores de mando en el establecimiento, la primera de ellas.

Que existe relación societaria directa entre ambas, teniendo además el mismo representante legal don Carlos Felipe Montero Martínez; que la administración de ambas empresas es la misma, tanto en el área operativa, contable, de personal y finanzas; que los ejecutivos de la empresa Constructora San Felipe S.A. ejercen labores de mando, respecto del personal de ambas empresas y por ende, facultades para despedir a trabajadores de ambas empresa s indistintamente.

Que el jefe de maquinaria contratado por la empresa Constructora San Felipe S.A. es el mismo para la empresa Maquinarias San Felipe S.A.; los trabajadores de ambas empresas utilizan idénticas maquinarias, instalaciones, uniformes de Constructora San Felipe S.A., son remuneradas por el mismo personal y utilizan el mismo beneficio de transporte; y que no existe contrato de prestación de servicios entre ambas empresas en formalice su relación y la de sus trabajadores.

De este modo, agrega el informante, atendido los hechos constatados y los antecedentes recogidos el día 24 de mayo de 2007, se procedió a cursar la multa respectiva a la empresa Constructora San Felipe S.A., por simular la contratación de trabajadores a través de la empresa Maquinarias San Felipe S.A., toda vez que de la visita se estableció que el empleador Constructora San Felipe S.A. es quien ejerce el vínculo de subordinación y dependencia respecto de los trabajadores, infringiendo de este modo el artículo 478 inciso 1°, concordado con el inciso 4° del artículo 477 inciso 4°, todos del Código del Trabajo.

En cuanto a los supuestos legales del acto recurrido, concluye el informe que se está en presencia, por parte de la recurrida, de la conducta calificada como ilícita por el inciso primero del artículo 478 del Código del Trabajo, y corresponde a aquella en que un empleador en los términos definidos por el artículo 3° del mismo Código, utiliza y se beneficia de los servicios prestados por un trabajador en condiciones de dependencia y subordinación, sin haber otorgado el respectivo contrato de trabajo, el que se encuentra suscrito por el trabajador con un tercero o quien aparezca como tal, cuestión que da como resultado el encubrimiento del verdadero vínculo laboral y de sus partes.

Agrega que en la especie la fiscalización por parte del organismo se efectuó en el ejercicio de sus facultades específicas consagradas en el artículo 476 del Código del Trabajo, en relación al inciso final del artículo 2° del mismo cuerpo legal, limitándose a hechos concretos, verificados al tenor de la documentación examinada.

Enfatiza el informante que el artículo 476 inciso primero del Código del Trabajo, dispone que la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rija, de lo que se desprende que el legislador, previendo las dificultades que se suscitan en la práctica entre el empleador y el trabajador por la interpretación de la legislación laboral y los derechos que ella garantiza, teniendo presente además la imperiosa necesidad de dilucidar in actum dicho conflicto, puesto que, de su pronta solución depende la efectiva protección laboral y en definitiva, la paz social, es que se entrega a la Dirección del Trabajo, la facultad de quien se sienta perjudicado por dicha actuación administrativa, para acudir al juez de fondo competente, mediante los diversos mecanismos otorgados por la ley.

Por otra parte añade, esta facultad otorgada por la ley es a priori, basada en el principio de oportunidad, concebida como excepción a la competencia natural de tal conocimiento a los Tribunales de Justicia.

En síntesis, sostiene quien informa que en la fiscalización se actuó en cumplimiento de las funciones y obligaciones que le impone al órgano fiscalizador el DFL N° 2 de 30 de mayo de l967 y en uso de las facultades que en ella se le confieren, todo ello sin perjuicio de la norma del artículo 476 y 2° inciso final del Código del Trabajo, que ordena su intervención.

Aprovecha la parte recurrida para aseverar que, conforme a las normas antes referidas, se comprueba que el acto administrativo impugnado no tiene el carácter de arbitrario, pues fue dictado en uso de las facultades de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación y sancionar la simulación de contratación, con multa a beneficio fiscal.

Señala el informante que al haber actuado la fiscalizadora ajustándose al principio de la legalidad, esto es, dentro de la esfera de sus atribuciones y funciones expresamente entregadas por la ley, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, no puede estimarse que haya infringido con su actuar la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 3 inciso cuarto de la Constitución, esto es, en virtud a la facultad legal fiscalización que corresponde a la Dirección del Trabajo la que carece del atributo de la cosa juzgada y de potestad de hacer cumplir lo juzgado propias de la labor jurisdiccional, precisando que el ejercicio de las funciones de la administración, no interfiere en las atribuciones de la jurisdicción, tanto porque no obsta al ejercicio de las acciones jurisdiccionales, como porque se trata de potestades expresamente atribuidas a entidades administrativas, como ocurre con las facultades de la Dirección del Trabajo, también expresamente señaladas en la Ley Orgánica y en el Código del Trabajo.

Asimismo, por este capítulo afirma el informante que no basta la mera afirmación de la recurrente para estimar conculcada una garantía constitucional, menos aún cuando se enfrenta ella a una constatación que sí le otorga la ley a priori un determinado valor probatorio, como es la presunción legal de veracidad que establece, incluso para la prueba judicial, la norma del artículo 23 del DFL N° 2 de l967.

En cuanto a las garantías invocadas del artículo 19 N° 21 y N° 24 de la Constitución Política de la República, precisa la parte recurrida que la actividad contralora del Estado, dirigida a verificar el respeto de las normas legales que regulan la relación laboral, es condición del legítimo ejercicio de los derechos invocados como amagados, de libertad empresarial y propiedad, debiendo el recurrente fiscalizado demostrar que cumple con las normas que se le representan como infringidas para invocar la garantía o derecho del empresario supuestamente afectado por la autoridad.

En definitiva, en mérito de lo expuesto solicita el rechazo del recurso, con costas.

3° Que de lo que se reclama es de la resolución acompañada en copia a fojas 1, denominada resolución de multa (S) N° 6293/07/58, que relaciona que con fecha 24 de mayo de 2007, en el curso de fiscalización, efectuada por el fiscalizador Sr. Jaime David Sau Sierralta que suscribe, al empleador Constructora San Felipe S.A., R.U.T. 89.126.400 3, con domicilio en Cerro Portezuelo N° 9800, comuna de Quilicura, representado legalmente ( artículo 4° Código del Trabajo) por Carlos Felipe Montero, R.U.T. 5.545.486 8, se constata lo siguiente:

Simular la contratación de trabajadores a través de terceros, figura ilícita confi gurada entre la empresa Constructora San Felipe S.A. y la razón social San Felipe Maquinarias S.A. ello debido a que en los hechos detectados se constató que es efectivamente la empresa Constructora San Felipe S.A. la que se beneficia de los servicios prestados por los trabajadores bajo su dependencia y subordinación y no la razón social San Felipe Maquinarias S.A. que solo es un tercero que aparenta la calidad de empleador en el aspecto formal, situación que afecta a los trabajadores de San Felipe Maquinarias S.A. que prestan servicios en los establecimientos o faenas de la empresa Constructora S.A.

4° Que sin embargo la parte recurrente sancionada, al señalar que Inspección del Trabajo recurrida interpretó y calificó hechos y normas legales, valoró prueba, y resolvió que su representada ha simulado la contratación de trabajadores a través de terceros, desconoce y controvierte el haber infringido las normas de los artículos 478 inciso primero, concordado con el artículo 477 inciso cuarto, ambos del Código del Trabajo, que velan para que por medio de meros formalismos queden los trabajadores sin protección alguna.

5° Que, de este modo, además de la controversia acerca de la existencia, respecto de las empresas Constructora San Felipe S.A. y San Felipe Maquinarias S.A., de operar como un conjunto relacionado, aún siendo en la forma independientes entre si, mediando simulación en perjuicio de los trabajadores, los hechos se podrían adecuar a materias relativas a los denominados grupos de empresas, esto es, cuando dos o más sociedades integrantes, aún siendo independientes entre sí desde una perspectiva jurídico formal, actúan según criterios de subordinación que permiten identificar, más allá de aquella pluralidad, una cierta unidad económica (Sala Franco, T, I. Albiol Monrecinos Derecho del Trabajo (Valencia Tirant Lo Blanch, 19919 páginas 329 y siguientes. Ob. cit. Sergio Gamonal Contreras, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Revista de Derecho de la Universidad Adolfo Ibañez Año 2004, página 751).

Lo anterior significa además determinar, respecto a los hechos, si las sociedades tienen gestión común, si sus trabajadores son traspasados de una a la otra, si los activos son los mismos y si la representación legal de ellas recae en una misma persona, para así enfrentarlas a la definición legal de empresa que da el artículo 3° del Código del Trabajo.

6° Que, en consecuencia, el hecho de que las empresas referidas podrían estar actuando, en perjuicio de los trabajadores, por vía de meros formalismos, se relaciona primero con un hecho discutido o controvertido, y, en segundo lugar, con nociones de derecho laboral acerca de las prestaciones laborales regidas por el contrato de trabajo, de las que corresponde exclusivamente, de acuerdo al artículo 420 del Código del Trabajo, conocer y resolver a la autoridad jurisdiccional competente, en un procedimiento de carácter contradictorio, de lato conocimiento, que de a las partes las garantías de poder defenderse adecuadamente, esto es, debatir, rendir prueba y deducir en su caso los recursos legales pertinentes.

7° Que, así las cosas, es claro entonces que el referido acto administrativo ha transgredido el derecho fundamental que como garantía constitucional establece el artículo 19 N° 3 inciso cuarto de la Carta Fundamental, en cuanto asegura a las personas naturales y jurídicas como forma de expresión del principio de legalidad el ser juzgadas solamente por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad a ésta; en el caso en estudio, la aplicación e interpretación de los contratos de trabajo conforme a sus cláusulas, lo que determina la existencia de acciones que son materia de un procedimiento jurisdiccional, el cual debe dar a las partes la posibilidad de interponerlas, defenderse, probar sus fundamentos, tener derecho a una sentencia debidamente razonada y a los medios de impugnación que la ley pudiere reconocerle.

8° Que, sin embargo, teniendo en consideración el debido alcance y carácter que la Constitución Política de la República reconoce y protege el derecho a desarrollar una actividad económica, de igualdad y de la no discriminación arbitraria en materia económica y el derecho de propiedad, no resulta establecido que el mismo acto afecte tales derechos de la parte recurrente.

Y, visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge b0 el deducido en lo principal de fojas 8, dejándose en consecuencia sin efecto la Resolución Multa N° 6293/07/58, de fecha 24 de mayo de 2007, que sanciona a la empresa Constructora San Felipe S.A.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Ministro señor Zepeda.

Rol N° 6299-2007.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Rosa María Maggi Ducommun e integrada por los Ministros señor Jorge Zepeda Arancibia y señor Juan Cristóbal Mera Muñoz.

- Sergio Gamonal Contreras: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Revista de Derecho de la Universidad Adolfo Ibañez, Año 2004, página 751.




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