jurisprudencia laboral subcontratacion ley de subcontratacion fallos sentencias
inspector del trabjo puede imponer sanciones administrativas ley subcontratacion
TrabajoJurisprudenciaChileRegión MetropolitanaSantiago
Anónimo Viernes 26 de Octubre del año 2007 / 11:32

Rol 2258-2007 

Subcontratación. Inspector del trabajo puede imponer sanciones administrativas pero no ordenar celebrar contratos de trabajo

Corte de Apelaciones de Santiago

11 de Septiembre de 2007

Esta sentencia trata dos temas: 1) No es ilegal ni arbitrario que inspector del trabajo sancione administrativamente infracciones en materia de subcontración 2) Vulnera el debido proceso que fiscalizador laboral ordene celebrar y escriturar contratos de trabajo


Santiago, once de septiembre de dos mil siete.

VISTOS:

1.- Don Patricio Arenas Murillo, en representación de la sociedad Servicios en Cemento y Concreto Ltda. (Seceyco), deduce recurso de protección en contra de don Jorge Vera Riveros, Inspector Comunal Subrogante y don Jaime David Sau Sierralta, Fiscalizador, ambos de la Inspección Comunal del Trabajo Norte-Chacabuco en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 19 Nros 3 inciso cuarto, número 21 y número 24, todo en concordancia con el auto acordado emitido por la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

2.- En cuanto a los hechos, la recurrente expresa que, en forma ilegal y arbitraria, la Dirección del Trabajo, fuera del marco legal que rige sus facultades fiscalizadoras y sancionadoras, dictó el acto administrativo que se plasmó en la Resolución Nro 6293.07.32, ítemes 1, 2 y 4, de fecha 3 de abril de 2007, por medio de la cual sancionó a su representado al pago de las siguientes multas:

a) la primera (1), de 200 UTM, por simular la empresaria usuaria la contratación de trabajadores a través de terceros que figuran como empresas de servicios transitorios;

b) la siguiente (2), de 350 UTM, por no escriturar contrato de trabajo de trabajador (en realidad son muchos trabajadores), que se considera como dependiente de la empresa; y

c) la última (4), de 14 ingresos mínimos mensuales, por no exhibir ni mantener toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización.

Señala que dichas multas han sido aplicadas careciendo los recurridos de facultades de esta naturaleza, tanto por la vía fiscalizadora como sancionadora, en virtud de lo dispuesto en el Código del Trabajo, con lo cual su actuación ha conculcado severamente las garantías constitucionales invocadas.

Señala que el objeto del recurso es solicitar que esta Corte adopte las medidas pertinentes para el pronto restablecimiento de los derechos de su representada y que se declaren ilegales y arbitrarios los actos administrativos contenidos en las resoluciones precedentemente citadas.

Expresa que, con fecha 18 de abril de 2007, se presentó en el domicilio de su representada el fiscalizador, Sr. Jaime David Sau Sierralta, procediendo a notificar la resolución administrativa indicada, en la que, actuando absolutamente fuera de sus facultades, procedió a declarar la existencia de relaciones laborales y a multar a su representada por infringir el Código del Trabajo.

Puntualiza la recurrente que solo cuestiona las multas cursadas por la Dirección del Trabajo que han sido dictadas excediendo sus atribuciones legales, internándose en un terreno que le está prohibido legal y constitucionalmente, de modo que no cuestiona la multa impuesta por el item 3 de la resolución 6293.07.32, cursada por no haber concurrido la recurrente a la Inspección, sin obedecer la citación recibida, ya que ella fue, en su propio concepto, dictada dentro del ámbito de las facultades legales y constitucionales de la recurrida.

3.- En cuanto al fondo, la recurrente expresa que, dentro de las facultades que confiere la ley a la Dirección del Trabajo no se encuentra la de declarar derechos, lo que se encuentra reservado exclusivamente a nuestros tribunales de justicia, de modo que los funcionarios de la Dirección del Trabajo no pueden calificar como laboral una relación contractual y ordenar la escrituración del contrato de trabajo, imponiendo multas, ya que, al actuar de esa forma, se arroga facultades propias y excluyentes de los Tribunales d el Trabajo.

Por lo tanto, la resolución en cuanto sanciona a su representada al pago de 350 UTM por no escriturar el contrato de trabajo de trabajador que se considera como dependiente de la empresa usuaria ha sido dictada fuera del marco de toda legalidad vigente.

Las multas impuestas, agrega, exceden el margen que permite a la Dirección del Trabajo el artículo 477 del código del ramo, según el cual las multas aplicables no podrán ascender a mas de 40 UTM y, solo en el caso que el empleador tuviere contratados 200 o mas trabajadores pueden ascender a un rango de entre 3 a 60 UTM, pero en ningún caso a las 350 UTM establecidas en la multa que motiva la interposición del recurso.

Señala, además, que la actuación de los recurridos, rompe el principio del Señala, además, que la actuación de los recurridos, rompe el principio del non bis in idem, conforme al cual nadie puede ser sancionado dos veces por los mismos hechos, toda vez que sanciona a su representada por no asistir a la citación y a la vez por no exhibir los documentos necesarios para efectuar las labores de fiscalización.

Expresa que la actuación de los recurridos contraviene abiertamente una serie de normas de rango constitucional entre las cuales se encuentran las que resguardan las garantías constitucionales cuya protección solicita.

Menciona en primer lugar a la garantía del artículo 19 Nro 3 inciso 4 to de la Constitución Política en cuanto a que el órgano administrativo debe sujetar sus acciones al respeto irrestricto del principio del debido proceso, reconocido tanto constitucional como legalmente.

Si bien las normas administrativas dejan a discreción de la autoridad la aplicación de las multas o sanciones, dicha discrecionalidad no puede derivar en decisiones arbitrarias y carentes de sustento por parte de la administración.

Cita acto seguido la garantía contemplada en el artículo 19 Nro 21 de la Constitución Política de la República expresando que el acto administrativo recurrido se constituye en una limitación arbitraria e ilegal, no contemplada por el legislador, para el desarrollo de la actividad económica de su representada.

Por ultimo, se refiere a la garantía del artículo 19 Nro 24 de la Constitución Política, expresando que no se puede privar a su representada de la propiedad del bien sobre el cual recae o de alguno de sus atributos sino en virtud de una ley general o especial que autoriza su expropiación por causa utilidad pública y previa indemnización, norma que habría vulnerado el acto administrativo toda vez que, apartándose de la normativa legal vigente y en forma abusiva e ilegal, los fiscalizadores han decretado una multa que a todas luces es ilegal, ya que se basan, para dictarla, en atribuciones y funciones propias de los tribunales de justicia.

4.- Informando el recurso, el abogado don Reinaldo Enrique Ruddlof Muñoz, por los recurridos don Jorge Vera Riveros y Jaime David Sau Sierralta, solicita, en primer lugar, que se declare la improcedencia del recurso, en atención a la naturaleza del acto recurrido, toda vez que, en su concepto, no existiría un hecho indubitado del cual se pueda solicitar protección ante la Corte de Apelaciones, ya que el amparo del derecho que solicita la recurrente se opone a la presunción legal de veracidad de los hechos constatados el día 3 de abril de 2007 por el fiscalizador Sr. Jaime David Sau Sierralta.

Por lo tanto, para desvirtuar dicha presunción de veracidad, es indispensable la existencia de un juicio de lato conocimiento.

En segundo lugar, la recurrida expresa que existe una amplia gama de procedimientos especiales contemplados en la ley para reclamar de la multa cursada, de modo que resulta evidente que no se puede acudir al recurso o acción de protección como medio para no discutir el fondo del asunto, en la sede que corresponde.

5.- Refiriéndose al fondo del recurso, los recurridos expresan que, con fecha 3 de abril de 2007, el fiscalizador Sr. Jaime David Sau Sierralta realizó una visita inspectiva constatando la existencia de una simulación de contratación laboral, toda vez que la empresa Suministros de Personal Ltda. (Sumiper), figuraba prestando servicios de suministro de personal a la empresa Seceyco Limitada, sin contar para ello con los requisitos establecidos por la ley.

Expresa que el fiscalizador se entrevistó con el Sr. Eduardo Oliva, Gerente de Recursos Humanos, a quien, conforme a las normas sobre subcontratación, le solicitó la inscripción de Sumiper en el registro de empresas de servicios transitorios (EST) y la garantía correspondiente, a lo cual el ejecutivo hizo notar que no había traspasado los trabajadores a la usuaria, ya que ellos están interesados de traspasarse de manera individual y no como sindicato.

Agrega que el fiscalizador constató en terreno que la empresa Seceyco Limitada se beneficia directamente de los servicios de los trabajadores contratados por la empresa Sumiper Ltda y que los servicios prestados por dichos trabajadores se hacen bajo subordinación y dependencia directa de los ejecutivos de Seceyco Ltda, con logo de esta empresa, en las instalaciones y a pedido de ésta, lo que demuestra que los trabajadores en cuestión trabajan en la realidad, para la empresa Seceyco Ltda y no para la sociedad Sumiper Ltda.

Atendida la situación, el fiscalizador citó a la empresa Seceyco Ltda a la Inspección del Trabajo respectiva para el día 13 de abril de 2007 con todos los documentos indicados en el acta de requerimiento, pero la empresa recurrente de protección no concurrió a dicha citación estando legalmente citada.

En virtud a lo antes señalado, se sancionó a la recurrente, empresa Seceyco Ltda imponiéndole multas por: 1) Simular la contratación de trabajadores a través de la empresa de servicios transitorios Sumiper Ltda, aparentando trabajos como servicios transitorios a pesar de que en la práctica, y según los hechos constatados personalmente por el fiscalizador, es la empresa usuaria Seceyco Ltda quien ejerce el vínculo de subordinación y dependencia respecto de los trabajadores en cuestión.

El fiscalizador logró establecer, además, que la empresa Sumiper Ltda no se encuentra inscrita en el registro nacional de empresas de suministros de trabajadores, infringiendo de esta manera lo establecido imperativamente en una norma de orden público como es el artículo 183-K del Código del Trabajo.

2) No escriturar la recurrente los contratos de trabajos respecto de los trabajadores pertenecientes a Sumiper, pero que, por prestar servicios directamente a la empresa usuaria, Seceyco Ltda, se entienden dependientes de ésta por el sólo ministerio de la ley, teniendo presente, además, que por falta de contrato escrito de puesta a disposición de los trabajadores de servicios transitorios entre la empresa usuaria Seceyco Ltda y la empresa de servicios transitorios Sumiper Ltda, se infringe lo establecido en el artículo 9 en relación con el artículo 183-N, ambos del Código del Trabajo.

3) No comparecer el empleador en forma personal o por medio de mandatario sin causa justificada a la Inspección del Trabajo, de acuerdo a la citación practicada bajo apercibimiento legal, lo que infringe los artículos 29 y 30 del Decreto con Fuerza Ley Nro 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; y por último, 4) No exhibir (mantener) toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización, infringiendo los artículos 31 y 32 del Decreto con Fuerza Ley N ro 2, que rige las funciones y facultades de la Dirección del Trabajo.

6.- En cuanto al derecho, la recurrida expresa que la actuación practicada por los fiscalizadores se ajusta plenamente a la legalidad.

Manifiesta que el inciso primero del artículo 476 del Código del Trabajo dispone que la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtudes a las leyes que los rijan.

De este modo queda en claro que el funcionario de la Dirección del Trabajo actuó en cumplimiento de las funciones y obligaciones que le impone la ley y en uso de las facultades que en ella se le confieren.

Añade, a mayor abundamiento, que el artículo 183-G del Código expresa que la Dirección del Trabajo fiscalizará el cumplimiento de las normas relacionadas con la subcontratación, en el o en los lugares de la prestación de los servicios, como en la empresa de servicios transitorios, y que podrá revisar los contenidos del contrato de servicio transitorio o puesta a disposición entre ambas empresas a fin de fiscalizar los supuestos que habilitan la celebración de un contrato de trabajadores de servicios transitorios.

En lo referente al monto de las multas establecidas, estima que la alegación de la recurrente es del todo improcedente en esta sede, por medio de una acción de protección, puesto que dicha discusión está reservada expresamente por la ley para el juez del fondo, por mandato expreso del artículo 474 del Código del Trabajo, debiendo tenerse presente que el Título Segundo del Libro Quinto de dicho código contempla un procedimiento especialísimo destinado a discutir la efectividad de los hechos constatados y la legalidad de las multas cursadas.

Agrega que, según lo dispuesto en los artículos 183-G, 476 y 478 del Código del Trabajo, se desprenden claramente las atribuciones de la Dirección del Trabajo para sancionar de la manera que lo hizo por los hechos constatados.

Añade que el artículo 477 expresa que Añade que el artículo 477 expresa que en el caso de las multas especiales que establece este Código, su rango se duplicara o triplicará según corresponda, si se dan las condiciones establecidas en los incisos 2º y 3º de este artículo, de lo que se colige que la cuantía de las multas se ajusta a derecho, toda vez que el artículo 9º del Código establece multas especiales distintas de las señaladas en los incisos 2º y 3º del artículo 477 del Código del Trabajo, por lo que es plenamente aplicable el inciso 4º de la última norma mencionada.

Respecto de la multa 6293.07.32-3 que la recurrente no reclama, se ampara en el hecho de que ésta no compareció a la citación hecha por la Inspección del Trabajo NorteChacabuco, pese a estar legalmente notificada, en tanto que la multa 6293.07.32-4 no está basada en el hecho de no haber comparecido la recurrente a la Inspección del Trabajo, sino en la circunstancia de no haber aportado la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización.

Se trata entonces de dos situaciones distintas y al imponer sanción por cada una de ambas conductas no se produce vulneración al importante principio de non bis in idem.

Termina expresando que, no habiendo acto arbitrario alguno en la actuación por la que se recurre, no se ha vulnerado tampoco ninguna de las garantías establecidas en los artículos que menciona la recurrente y pide que el recurso de protección sea rechazado con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el acto que motiva la interposición de la presente acción de protección es la Resolución 6293.07.032, Nros 1-2-3 y 4, expedida por la Inspección Norte-Chacabuco de la Dirección del Trabajo, de fecha 3 de abril de 2007, que rola a fojas 1, según la cual el fiscalizador habría constatado e impuesto multas por las siguientes infracciones.

a) Simular la empresa usuaria (Servicios en Cemento y Concreto Ltda) la contratación de trabajadores a través de terceros que figuran como empresas de servicios transitorios (la empresa Suministro de Personal Ltda)

b) No escriturar contrato de trabajo de trabajador que se considera como dependiente de la empresa usuaria (en realidad es una lista de dos páginas, con los nombres de 70 trabajadores);

c) No comparecer a una citación cursada por la Inspección del Trabajo; y

d) No exhibir (mantener), toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización.

Forma parte de la citada resolución un anexo consistente en una lista de dos páginas, con la individualización de los 70 trabajadores que, manteniendo formalmente contratos de trabajo con la sociedad Sumiper Ltda, prestarían en realidad servicios, en vinculo de subordinación y dependencia, para la empresa Servicios en Cemento y Concreto Ltda. (Seceyco Ltda).

Segundo: Según consta a fojas 56, el fiscalizador se constituyó en el lugar con fecha 3 de abril de 2007, para fiscalizar un denuncio de no cumplimiento de las estipulaciones del contrato colectivo de trabajo firmado por el sindicato de trabajadores y la empresa Sumiper, y otras materias relacionados con deberes básicos que debe cumplir el empleador en materia de higiene y seguridad en el trabajo.

Allí el fiscalizador procedió a entrevistar al dirigente sindical Sr. Gabriel Salazar Vásquez, y como producto de dicha entrevista tomó la decisión de reorientar la fiscalización hacia la simulación de subcontratación, ya que la empresa Sumiper Ltda figuraba prestando servicios a la empresa Seceyco Ltda, sin contar para ello con los requisitos establecidos por la ley.

Tercero: Que, como resultado final de la investigación, la autoridad administrativa decidió aplicar las siguientes multas a la recurrente, sociedad Servicios en Cemento y Concreto (Seceyco Ltda):

a) 200 UTM por simular la empresa usuaria la contratación de trabajadores a través de terceros que figuran como empresas de servicios transitorios;

b) 350 UTM por no escriturar contratos de trabajo de trabajadores que se consideran como dependientes de la empresa usuaria (todos los que figuran en la lista adjunta a la resolución);

c) la suma de un ingreso mínimo mensual por no comparecer la recurrente a una citación de la Dirección del Trabajo; y

d) la suma de 14 ingresos mínimos mensuales por no exhibir (mantener) toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización.

Cuarto: Que del contenido del acta se desprende que los funcionarios recurridos habrían comprobado el no cumplimiento de requisitos de trabajo en régimen de subcontratación conforme a las normas del inciso primero del artículo 183-A del Código del Trabajo, constatando la existencia de vínculos de subordinación y dependencia entre el dueño de la obra, empresa o faena, la empresa Servicios en Cemento y Concreto Ltda y los trabajadores que aparecen contratados como tales por la contratista, la empresa Suministro de Personal Ltda (Sumiper).

Lo anterior llevó a los fiscalizadores a la conclusión de que los hechos constatados proporcionan fundamentos para calificar la situación como una simulación, por lo que, además, decidieron que la recurrente debería haber procedido a la escrituración de los correspondientes contratos de trabajo.

Quinto: Que, efectivamente, es función y obligación legal de la Dirección del Trabajo la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rijan, según lo dispone el artículo 476 del Código del Trabajo; como también es efectivo que por mandato del artículo 23 del DFL Nro 2 del año 1967, orgánico de la Dirección del Trabajo, lo constatado por el fiscalizador en el ejercicio de sus funciones goza de una presunción de veracidad; además que, por el cargo que ocupa, el fiscalizador tiene la calidad de ministro de fe según lo prescrito en el inciso 1º del artículo 474 del Código del Trabajo.

Sexto: Que, habiendo constatado el fiscalizador que los trabajadores individualizados en la lista anexa a la resolución impugnada, a pesar de mantener vínculo laboral con la empresa Suministros de Personal (Sumiper) Ltda, en realidad prestan servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia para la recurrida, la sociedad Servicios en Cemento y Concreto Ltda, sin cumplirse con las formalidades y requisitos de las normas que rigen a la subcontratación de trabajadores, la Inspección del Trabajo está facultada para sancionarla administrativamente.

Es más, el Título VII del Libro I del Código del Trabajo, agregado por la ley 20123, que corresponde al Trabajo en Régimen de Subcontratación, establece el monto específico de la multa que corresponde para una figura como la anteriormente descrita, que alcanza a un rango de entre 5 a 100 UTM, según lo dispone el artículo 478, en relación al artículo 183 A del Código del Trabajo.

Por todo lo cual, a juicio de esta Corte, la resolución de la Inspección del Trabajo 6293.07.032, en su Nº 1, se encuentra ajustada a derecho, no es arbitraria ni ilegal, ni infringe garantía constitucional alguna, sin perjuicio de que la multa impuesta puede ser reclamada por la recurrida conforme a las normas del Art. 474 del Código del Trabajo.

Séptimo: Que la circunstancia de no comparecer el sujeto fiscalizado a una citación de la Inspección del Trabajo y la de no poner a disposición de ésta y mantener los libros requeridos, son constitutivas de dos infracciones distintas por cuyo concepto la Inspección del Trabajo está facultada para imponer la multa que corresponda, sin perjuicio del derecho de la fiscalizada a impugnarla en la forma que contempla el Código del ramo.

Por consiguiente, también se encuentra ajustada a derecho la Resolución 6293.07.032, en su Nº 4.

Octavo: Que, sin embargo, el órgano fiscalizador no tiene facultades para ordenar la celebración y consiguiente escrituración de contratos de trabajo entre la empresa usuaria y dichos trabajadores, toda vez que esa es una cuestión jurídica de fondo que debe ser resuelta a petición de parte por la judicatura del trabajo, lo que fluye de la interpretación armónica del mismo citado artículo 478 y el artículo 183-H del Código del Trabajo, que expresa: Las cuestiones suscitadas entre las partes de un contrato de servicios transitorios, o entre los trabajadores y la o las usuarias de sus servicios, serán competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo.

Por ende, cursar una multa por el motivo de no haber extendido la recurrente contratos de trabajo a personas que se encuentran contratados como trabajadores de otra empresa, que ni siquiera lo han pedido ni al fiscalizador ni al Tribunal competente, constituye una extralimitación de facultades que causa violación de la garantía constitucional del debido proceso, que amerita acoger por ese concepto el recurso de protección deducido.

Noveno: Que, en efecto, de lo expresado en el considerando precedente fluye que los recurridos incurrieron en una actuación ilegal que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nro 3 inciso 4º de la Constitución Política de la República, según la cual nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se encuentre establecido con anterioridad por ésta, al imponer la multa individualizada con el Nro 6293.07.032-2, esto es, al sancionar a la empresa recurrida por no extender los referidos contratos de trabajo a los trabajadores que están contractualmente ligados con la empresa Suministros de Personal Ltda, toda vez que esa es una facultad propia y excluyente de los tribunales competentes en dicha materia, que son los Juzgados de Letras del Trabajo.

Décimo: Que, según lo argumentado precedentemente el recurso interpuesto en estos autos ha de ser acogido únicamente en este aspecto, de modo que, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y el auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge el recurso deducido en lo principal del escrito de fojas 15, sólo en cuanto se ordena a la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco dejar sin efecto la resolución de multa 6293.07.032-2, de fecha 3 de abril de 2007.

Se rechaza en lo demás el referido recurso.

Regístrese y archívese.

Rol N° 2258-2007.

Dictada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por el Ministro Sr. Lamberto Cisternas Rocha, Presidente, Ministro Sr. Mauricio Silva Cancino y abogado integrante Sr. Osvaldo Contreras Strauch, redactor del fallo.



Participar en el Foro