Municipalidad debe responder del daño causado por mal estado bienes nacionales
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Estado y Administracion PúblicaJurisprudenciaChileRegión del Bío-BíoChillán
Anónimo Jueves 11 de Octubre del año 2007 / 19:34

Rol 28089-2004

Municipalidad debe responder del daño causado por mal estado de bienes nacionales de uso público

Corte de Apelaciones de Chillán

29 de Agosto de 2006

Este fallo aborda tres tópicos: 1) Elementos que permiten configurar la falta de servicio 2) La Municipalidad debe administrar los bienes nacionales de uso público manteniéndolos en buen estado 3) Municipalidad es responsable de crear riesgo al no inspeccionar adecuadamente la calle

Chillán, veintinueve de agosto de dos mil seis.

Se designa para la redacción del fallo acordado, con conocimiento de las partes, al Ministro Señor Darío Silva Gundelach.

Chillán, veintinueve de agosto de dos mil seis.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus fundamentos Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Decimoprimero, Decimosegundo, Decimotercero, Decimocuarto, Decimoctavo, Decimonoveno y Vigésimo, que se eliminan; y
Teniendo en su lugar y, además, presente:

1º) Que del mérito del texto de la demanda interpuesta por el apoderado de doña Gloria Inés Venegas Ibarra en lo principal de fojas 4, contra la I. Municipalidad de Cobquecura, representada por el Alcalde don Julio Fuentes Alarcón, reseñada en la sección expositiva del fallo de primer grado, se desprende que ella se funda en la responsabilidad objetiva de la Municipalidad demandada para responder por los daños producidos como consecuencia de la muerte del cónyuge de la actora, don José Luis Saavedra Salgado.

2º) Que la falta de servicio que se atribuye a la Municipalidad demandada, en su versión objetiva, emana de la normativa constitucional, principalmente de los artículos 6, 7 y 38 inciso segundo, en los que la Constitución Política de la República en ningún caso menciona los elementos subjetivos de responsabilidad de culpa o dolo, como constitutivos de responsabilidad pública, sino que, en virtud de ellos tan solo se requiere para que ella surja en el caso del artículo 6, que los órganos del Estado no sometan sus acción a la Constitución ni a las normas dictadas conforme a ella, es decir, contravengan el principio de juridicidad, a condición que de la irregularidad jurídica se hubiere derivado perjuicio para un particular, caso en que la víctima tendría derecho a reparación.

3º) Que de otro lado, los artículos 42 y 141 de la Ley 18.575 y 18.695, atribuyen responsabilidad por falta de servicio, entendiéndola no como culpa del servicio, sino como un tipo de responsabilidad, que surge como una irregularidad o actuación regular o antijurídica del Estado.

La falta de servicio se constituye en realidad por una ilicitud objetiva, una falta adjetiva o una irregularidad, una actuación lesiva y por ello antijurídica.

Es decir, para que surja falta de servicio, basta: una actuación (acción u omisión, acto o hecho) que infrinja o esté al margen de la Constitución y de las normas dictadas conforme a ella; un daño, el que automáticamente será antijurídico (lesión) por el hecho de derivar de una actuación irregular o ilícita; y un nexo causal entre la falta y el resultado, bajo esta perspectiva, la actuación del estado será irregular o, lo que es lo mismo, una falta de servicio.

4º) Que de la prueba reseñada en los fundamentos decimoquinto y decimosexto del fallo en revisión debe concluirse, como lo hace el sentenciador de primer grado en el fundamento decimoséptimo, que efectivamente el cónyuge de la demandante cayó a un forado correspondiente a una excavación de aproximadamente 3 metros de profundidad para la instalación del alcantarillado de la comuna de Cobquecura, situado frente al número seis de la calle Independencia, forado que no contaba con la protección y señalización adecuadas de advertencia del peligro que representaba para el tránsito peatonal o ciclista, a consecuencia de lo cual sufrió heridas penetrantes abdominal y torácica, que produjeron una anemia aguda por hemorragia interna traumática masiva, que le produjo la muerte.

5º) Que de acuerdo al artículo quinto letra c) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, entre las atribuciones que tienen éstas para el cumplimiento de sus funciones, está la de ?administrar los bienes municipales y nacionales de uso público existente en la comuna, salvo que en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la administración del Estado.

6°) Que así las cosas, como las calles son b ienes nacionales de uso público, según lo establecido en el artículo 589 del Código Civil, es indubitable que su administración le corresponde a la Municipalidad respectiva, debiendo entenderse por administración la obligación que tiene de mantenerlas en estado de servir a la comunidad, lo que implica, tratándose de las aceras en general, y de aquella en que se ubicaba el forado sublite, en condiciones de que el desplazamiento de peatones o ciclistas se realice en forma normal y segura.

Además, el artículo la ley 18.695 establece que las Municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local; el artículo tercero letra a) que entre sus funciones privativas se encuentra la de aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la comuna; el artículo 22 letra c), que corresponde a la unidad encargada de la función de tránsito y transporte público señalizar adecuadamente las vías públicas; y el artículo 56 letra i), que entre las atribuciones del Alcalde está administrar los bienes municipales y nacionales de uso público que correspondan en conformidad a esta ley.

7°) Que concordante con lo antes razonado, debe concluirse que el hecho de haber mantenido descubierto y sin resguardo el forado en que acaeció el accidente que culminó con la muerte del cónyuge de la demandante, es una circunstancia que por su naturaleza ínsita es susceptible de atribuirse, a lo menos, a culpa del agente, porque con un razonamiento medio, no puede sino concluirse que estaba en situación de producir caída de los transeúntes a su interior y, por ende, denota, culpabilidad del autor, o, lo que es lo mismo, se trata de un hecho de aquellos que provienen ordinariamente de negligencia.

Esto no significa, entonces, que en el caso de que se trata, proceda aplicar la presunción de culpabilidad que contempla el artículo 2329 del Código Civil, desde que este precepto no sólo cabe aplicarlo a los tres casos que enumera, pues estos están señalados sEsto no significa, entonces, que en el caso de que se trata, proceda aplicar la presunción de culpabilidad que contempla el artículo 2329 del Código Civil, desde que este precepto no sólo cabe aplicarlo a los tres casos que enumera, pues estos están señalados sólo por la vía de ejemplo y sin excluir otras situaciones (Arturo Alessandri Rodríguez, De la responsabilidad extracontractual en el der echo civil chileno, segunda edición, tomo segundo, páginas 297 a 301).

8°) Que de consiguiente, cabe presumir la culpa del municipio demandado y de sus agentes y la relación causal entre aquella y el daño provocado a la actora, presunción respecto de la cual la demandada no ha probado, como procesalmente le correspondía, alguna causal de irresponsabilidad. Siendo así, es evidente que la demandada está obligada a reparar los perjuicios causado en tanto estos, eso sí, estén debidamente acreditados en su especie y monto por quien pretende su indemnización.

9°) Que a mayor abundamiento, cabe señalar que aún estimando la responsabilidad consagrada en el artículo referido en el fundamento 7°), de todas maneras se llega a la conclusión de que la Municipalidad de Cobquecura es responsable de los perjuicios cuya indemnización reclama la actora, como quiera que según el artículo 174 inciso quinto de la Ley de Tránsito N°18.290, ?la Municipalidad respectiva o el Fisco, en su caso, serán responsables civilmente de los daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su señalización o de su falta o inadecuada señalización.

10°) Que siendo la administración de los bienes nacionales de uso público una de las atribuciones esenciales de la Corporación Municipal, según se desprende de los artículos 100 y 195 de la Ley 18.290, pesa igualmente sobre el municipio la obligación de inspeccionar el estado de aquellos bienes que administra, señalizar todo desperfecto que note y comunicarlo a la repartición que corresponda para que sea subsanado.

En la especie, el ente municipal se limitó a constatar la falta de baranda y sugerir su colocación en el forado sublite, existente al lado de la vereda, debido a la angostura de ésta, letreros de maquinaria trabajando, mejorando la existente, en el informe técnico que rola a fojas 22 de la causa sobre la muerte de José Luis Saavedra Salgado, rol 41.432-1 del Juzgado del Crimen de Quirihue, tenida a la vista, dos días antes del accidente que culminó con la muerte de Saavedra, faltando al deber que tenía de inspeccionar adecuadamente la calle Independencia y mantener su acera en forma expedita para la circulación peatonal o ciclista, reparando, dot ando, de inmediato al forado correspondiente a las faenas de alcantarillado de una tapa, cerca de malla metálica u otro resguardo, o, a lo menos, de señalizar o hacer señalizar el forado existente, advirtiendo el peligro para los usuarios.

Como nada de esto ocurrió se creó un riesgo y, por ende, la demandada está obligada a responder del daño producido a la actora. Se trata en este caso de la denominada responsabilidad objetiva, en que se prescinde del elemento culpabilidad, puesto que aquí basta que con una actividad o un hecho se cause un daño a la persona o propiedad de otro para que nazca el deber de responder, situación que consagra el antes citado artículo 174 inciso quinto de la Ley 18.290.

11°) Que además, el artículo 137 de la ley citada en el fundamento que antecede, establece en su inciso primero que las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio, norma que está en concordancia con el artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de República, y con el artículo 44 inciso primero de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

12°) Que concordante con lo expresado, la señalización de las calles es una obligación de las Municipalidades, según se establece en los artículos 3 letra a) y 22 letra c) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo que la falta de ellas, cuando corresponden, acarrea la responsabilidad civil de éstas, en conformidad a lo preceptuado en los artículos 44 de la ley 18.575, ya referida y 174 de la Ley de Tránsito N°18.290.

13°) Que en mérito de lo razonado, no se desprende que José Luis Saavedra Salgado se haya expuesto imprudentemente a la situación que causó su muerte, lo que, por lo demás, es irrelevante, atento lo razonado en el fundamento 3°.

14°) Que la demandante Gloria Inés Venegas Ibarra no allegó al proceso prueba idónea alguna que acredite que haya incurrido en gastos ascendentes a la suma de $7.000.000.- que demanda por concepto de daño emergente, o que pruebe que a raíz de la muerte de su cónyuge haya dejado de percibir $13.000.000.- que solicita como lucro cesante.

15°) Que naturalmente, las graves l esiones sufridas por el cónyuge de la actora, las que causaron su muerte casi instantánea, han sido suficientes para producirle dolor, pesar o molestia en su sensibilidad física o en sus sentimientos, ante la pérdida de su marido y padre de sus hijos menores, lo que importa un daño moral que los sentenciadores regulan prudencialmente en $15.000.000.-

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículos 186 y 227 del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia de dieciséis de septiembre de dos mil seis, escrita de fojas 82 a 94, con declaración que el monto que la I. Municipalidad de Cobquecura deberá pagar a la actora a título de daño moral se eleva a $15.000.000.- (quince millones de pesos), suma que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor desde la fecha de esta sentencia hasta el día de su efectivo pago.

Regístrese y devuélvase, en su oportunidad, conjuntamente con el expediente traído a la vista.

Redacción del Ministro Señor Darío Silva Gundelach.

Rol 28089-2004-CIVIL.




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